Afectados por el caso de los niños robados reclaman al Gobierno español aclarar el paradero de sus familiares

Familiares de niños robados en clínicas y orfanatos a partir de la dictadura franquista han pedido hoy al Gobierno español que aclare el paradero de los afectados, unas 30.000 personas, según sus cálculos, a las que denuncian que “les han cerrado las puertas” para investigar su origen.

“El Estado es el culpable” de lo ocurrido y, por ello, “quien tiene que resolver todo esto es el Estado, tiene que poner los medios” para que quienes buscan a hijos o hermanos que fueron separados al nacer, o poco después, de sus parientes para entregarlos a otras personas logren su objetivo, ha dicho hoy el representante de la organización que los agrupa en Tenerife, Raúl Rodríguez.

El cual, como presidente en esa isla del Colectivo Sin Identidad, que aglutina en diversas partes del país a quienes sufrieron esos robos, ha criticado que, aún décadas después de que ocurrieran los hechos que denuncia, “se les estén cerrando puertas, como se han estado cerrando durante mucho tiempo”, a los afectados.

Ciudadanos que llevan años demandando el acceso a los archivos oficiales que podrían ayudarles a solventar sus dudas sobre qué pasó con sus familiares sin que ninguna administración del país haya atendido sus peticiones hasta hoy, cuando el Cabildo de Gran Canaria les ha pedido formalmente perdón y se ha comprometido a colaborar en su búsqueda a través de una declaración institucional.

Declaración que ha sido aprobada por el Pleno de la corporación insular en una sesión seguida en directo por decenas de integrantes del Colectivo Sin Identidad llegados de distintos municipios y hasta de la vecina isla de Tenerife que han querido agradecer ese gesto y aprovechar la ocasión para invitar a secundar la iniciativa a otras autoridades.

Puesto que lo que les pasó a esos niños, “hombres y mujeres hoy día” que fueron “robados, adoptados con picaresca” valiéndose de “muchas triquiñuelas desde el punto de vista del Estado”, no habría sido posible sin la connivencia de las autoridades, ha argumentado Raúl Rodríguez.

La presidenta de Sin Identidad en Gran Canaria, Begoña Ramos, ha destacado las dificultades a las que se enfrentan los interesados en aclarar lo ocurrido, tanto por el hecho de que los sucesos que denuncian se produjeron durante “un periodo largo, porque los casos empiezan en los años cuarenta y siguen hasta los ochenta”, como por los impedimentos que han encontrado.

Hasta el punto de que ni siquiera han podido establecer con certeza cuántos casos podrían haberse producido en total, ha recalcado.

“Es muy difícil tener un cifra exacta, pero estimamos que son cientos, y que muchos ni siquiera se han enterado, y deberían ponerse a buscar porque es un crimen de lesa humanidad y no se puede quedar impune”, han sido sus palabras al respecto.

Las declaraciones de uno y otra han sido respaldadas por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ha criticado que en otros tiempos “se utilizaran instalaciones públicas para traficar con niños robados”

Y ha añadido que eso ha llevado a que su corporación decidiera, “por unanimidad”, expresar sus disculpas por lo ocurrido y ofrecerse a ayudar a los afectados, con iniciativas como suscribir un convenio de colaboración con el Colectivo Sin Identidad que “garantice el pleno acceso a todos sus archivos” de sus miembros y, al tiempo, les apoye en la creación de una sede y una oficina de información.