Agustín Marichal y González Santiago declaran por el 'caso Arona 2'
Los administradores de trece empresas relacionadas con la construcción y el sector inmobiliario en Arona tendrán que declarar como testigos por las concesiones de licencias urbanísticas ilegales entre los años 2006 y 2007, en lo que se ha dado en llamar caso Arona 2 y que instruye el juzgado de Instrucción 4 de Arona.
Algunas de esas empresas ya están vinculadas al caso Arona, como Marichal Inversiones del Sur S.L, de la que es propietario Agustín Marichal, presidente del PSOE de Arona, y Promotora Canarias 2004 S.L., propiedad de la familia de Ignacio González Santiago y también vinculada con trasvases de capitales en el caso Las Teresitas.
La mayor parte de las licencias cuya legalidad se investiga fueron otorgadas por la Junta de Gobierno aronera a finales del mandato de 2003 a 2007, cuando toda esa Junta ya había sido imputada por diversos delitos contra la ordenación del territorio, en lo que se conoce como caso Arona. Las imputaciones por esta causa se convirtieron en julio pasado en acusaciones formales por parte del juez Nelson Díaz Frías. En concreto, el alcalde José Alberto González Reverón (CC) ha sido acusado de prevaricación urbanística continuada, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Los recursos de reforma contra esas acusaciones han sido rechazados, pero al ser subsidiariamente recursos de apelación, toca ahora pronunciarse a la Audiencia Provincial, lo que se espera que ocurra en las próximas semanas.
El caso Arona 2 surgió en 2008, cuando el abogado Felipe Campos presentó en el juzgado de Guardia de Arona una ampliación de las denuncias de la primera causa. Fueron 52 licencias urbanísticas que podrían ser delictivas, 42 de las cuales se otorgaron hace dos mandatos, por lo que ha quedado unidas a la causa mencionadas, y las otras diez se concedieron a comienzos del periodo 2007-2011.
Licencias con informes negativos
Estas últimas dieron lugar a una nueva causa penal en la que son investigados los mandatarios de ambas juntas de Gobierno, la mayoría de los cuales repiten en el mandato actual, como el mismo González Reverón, Antonio Sosa (actual responsable de Medio Ambiente y Urbanismo en Arona), María Candelaria Padrón (concejal de Economía y Hacienda), Manuel Reverón (concejal de Seguridad Ciudadana), Clara María Pérez (concejal de Servicios Sociales), Jesús Ramón García (Obras Públicas y Mantenimiento) y Miguel Ángel Méndez (Cultura y Educación), todos ellos nacionalistas, como el ex concejal Antonio Miguel García Marichal.
Según informa la periodista Blanca Salazar en su web blancahari.com, de las trece empresas, nueve obtuvieron licencias de construcción en la zona conocida como Palm Mar, donde se levantan los espacios residenciales más lujosos del sur de Tenerife y que goza de un plan parcial especial.
Las cuatro restantes obtuvieron licencias para urbanizar en Las Galletas, Costa del Silencio y Parque La Reina. Estas licencias se concedieron pese a los informes negativos de los técnicos del Ayuntamiento, al igual que ocurrió con las más de 200 licencias que constituyen el caso Arona.
