El Cabildo reitera que el procedimiento de compra de los terrenos de Amurga “es impoluto” para rechazar su suspensión
La compra de unos terrenos ubicados en Amurga (San Bartolomé de Tirajana) por parte del Cabildo de Gran Canaria a varios propietarios, entre los que se encuentran familiares del líder de Nueva Canaria, Román Rodríguez, seguirá adelante. El equipo de gobierno de la Corporación Insular (NC, PSOE y dos consejeros no adscritos) ha rechazado con 15 votos suspender la operación, frente a los 13 de la oposición (Partido Popular, Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria y Podemos), que en un pleno monográfico celebrado este lunes reclamaba la paralización del procedimiento hasta corroborar que se ajusta a la legalidad.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria cerró la sesión, de algo más de una hora de duración, afirmando que “el procedimiento es impoluto” y tildando de “ruido” las críticas de la oposición, que defendió la paralización de la operación hasta “arrojar luz” sobre el asunto, porque lo consideran “un traje a medida” hecho como presunto trato de favor a familiares del presidente de NC. Así, Morales reiteró que están “preparando una demanda desde los servicios jurídicos para la acorazada mediática y los que están usando este asunto de manera irresponsable” porque “están generando un descrédito a la institución publica y a los técnicos”.
Además, Morales considera que “existe una presión real para que Amurga no sea público”, porque se trata de un terreno en el que siempre han existido intereses urbanísticos, ubicados “a lo largo del borde del barranco de Fataga”. A su juicio, queda fuera de toda duda que se trata de “un espacio de una calidad extraordinaria para el patrimonio cultural y medioambiental en la Isla” y, todo aquel que diga que “no tiene valores importantes para la biodiversidad de Gran Canaria” comete “una absoluta irresponsabilidad”.
Ángel Víctor Torres (PSOE) justificó el rechazo de su grupo a la paralización del procedimiento porque “el expediente no adolece de cuestiones de carácter legal que impidan su continuación administrativa”. Además, explicó que suspender un acuerdo adoptado en un Consejo de Gobierno “no es competencia de este pleno”, pasando a continuación a enumerar las distintas vías existentes para llevar a cabo la petición de la oposición.
Para “suspender los efectos de un acto administrativo tiene que haberse presentado un escrito de nulidad a través de una impugnación de los interesados. Y no nos consta que haya ningún escrito. Tiene que haber un recurso Contencioso con fallo judicial, no hay fallo judicial. También cabe la revisión de oficio por parte de la administración: los funcionarios pueden trasladar al Consejo de Gobierno que se tiene que hacer una revisión de oficio. Por tanto, desde el punto de vista jurídico no cabe lo que piden. No tiene cabida en la ley suspender un acto de un Consejo de Gobierno con un pleno”, ha relatado Torres.
La tesis principal defendida por la oposición es que la Corporación Insular trató de comprar a dedo los terrenos que pertenecían a los familiares de Román Rodríguez, pero, tras los reparos de los técnicos, decidieron crear un procedimiento legal, confeccionando “un traje a medida”, como afirmaron tanto Fernando Bañolas (CC) como Carlos Ester (PP).
José Miguel Bravo de Laguna (Unidos por Gran Canaria) puso en entredicho ese procedimiento, razón por la que reclama la paralización del expediente y ha pedido el apoyo del resto de formaciones políticas por “imperativo ético”. En este sentido, Miguel Montero (Podemos) fue más allá, no solo incidiendo en la falta de ética que a su juicio ha tenido el equipo de Gobierno, sino anunciando una solicitud de reprobación del consejero de Haciendo, Pedro Justo Brito, porque tras conocer los entresijos de un procedimiento que considera “dañino para la izquierda”, queda “saber quien asume la responsabilidad”.
Por su parte, Justo Brito criticó que se les diga a técnicos del servicio de Medio Ambiente que han cometido una ilegalidad, sobre todo cuando “el expediente es perfecto” y “cuenta con el aval” de Patrimonio o la Asesoría Jurídica. Cabe añadir que el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, no acudió a la sesión porque viajó a unas jornadas mediambientales de la Macaronesia, según explicó el presidente del Cabildo.
