El Cabildo estudia defender en los tribunales la honradez de los funcionarios que tramitaron la compra de fincas a parientes de Román Rodríguez

El consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito, ha anunciado que el grupo de Gobierno en la Corporación insular está estudiando emprender medidas legales para defender la honradez de los funcionarios que han tramitado la compra de unas fincas ubicadas en Amurga (San Bartolomé de Tirajana), entre cuyos propietarios hay familiares de Román Rodríguez. Justo Brito considera que podría existir un presunto delito de calumnias, ya que “La Provincia tuvo la osadía de acusar a unos funcionarios de cometer ilegalidades en el proceso”.

Ante estas declaraciones, José Miguel Bravo de Laguna (Unidos por Gran Canaria) remarcó la importancia de debatir en el ámbito político la “operación de compra patrimonial más importante de este mandato” porque, a su juicio, ha generado “alarma social”, pero ha rechazado que se judicialice porque la política debe aguantar las críticas de los medios de comunicación, así como “el capitán de buque no se queja del mar”. Pero el presidente del Cabildo, Antonio Morales, tomó la palabra para preguntar: “¿Por qué no se puede criticar a la prensa cuando sirve a intereses políticos?”.

En este sentido, Morales ha afirmado que “cualquier ciudadano o partido político tiene la obligación de desmontar cualquier irregularidad que detecte, pero montar esto por dudas o sospechas es una absoluta irresponsabilidad”, pues a su juicio, todas las acusaciones vertidas hacia el Cabildo se basan en “dudas, sospechas y especulaciones”.

Desde el PSOE, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a incidir en la importancia de conocer con antelación la relación de la familia de Román Rodríguez con las fincas ofertadas y reconoce que “llama la atención” que el precio inicial, de 0,35 céntimos por metro cuadrado, haya ascendido a los 0,87 céntimos por metro cuadrado. A pesar de todo ello, considera que, “en el aspecto jurídico”, su grupo no ha encontrado ninguna irregularidad a falta de concluir el análisis del expediente.  Y que el incremento de los precios obedece a criterios objetivos. En cualquier caso, “si se encuentra alguna irregularidad, se debe poner sobre la mesa”, porque lo importante “es demostrar si ha habido o no ha habido trato de favor”.

Desde la oposición, el Partido Popular ha sido el más crítico, insinuando que la operación “tiene todos los ingredientes para ser un pelotazo de libro”. El consejero Carlos Ester, ha tachado de “vergüenza” y de “cobarde” que, en la rueda de prensa del pasado martes, cuando Justo Brito explicó el procedimiento de compra junto a dos técnicos, “los funcionarios salgan a dar la cara por ustedes”.

En este sentido, Ester acusó a Justo Brito de “mentir” porque en aquella rueda de prensa afirmó que ningún grupo político pidió ver el expediente hasta que salió en los medios de comunicación: “El Partido Popular lo pidió el 12 de noviembre”. Además, puso en tela de juicio el interés en repoblar y reforestar una zona “que solo sirve para tabaibas y algún que otro lagarto”, al tiempo que la consejera Aurora del Rosario recordaba que se trata de un terreno “muy protegido”.

Por otra parte, Fernando Bañolas (Coalición Canaria) cree que Nueva Canarias “sabía” quienes eran los propietarios y remarca que los partidos del Ejecutivo insular “están muy preocupados y nerviosos” por este asunto. Particularmente, incidió en el incremento del precio, reconociendo no entender por qué el metro cuadrado pasó de 0,35 céntimos el metro cuadrado en febrero a 0,87 en diciembre de 2018.

Al respecto, Justo Brito respondió que conocer a los propietarios de las fincas que compra el Cabildo no puede ser un criterio para tener en cuenta para llevar a cabo esta operación, porque es “subjetivo” e incurriría en un delito de “prevaricación”.Recordó que, en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso ha dado marcha atrás en la compra del edificio de Plasencia y ha optado por seguir el mismo procedimiento que ha llevado a cabo la corporación grancanaria. Y explicó que el precio que pagó el Cabildo por el metro cuadrado aumentó respecto a febrero porque se siguieron los criterios objetivos de las bases reguladoras, incluidos en un expediente “que nadie puede decir que está mal, es perfecto y judicialmente intachable”.

El consejero de Podemos, Miguel Montero, considera que esta operación “es el caso Pedro Justo Brito”, pues a su juicio “ya van varios en este sentido y solo hemos podido parar un bisnazo, la anunciada compra del convento ruinoso”. “La impunidad con la que han trabajado este tiempo los ha llevado hasta aquí. No podemos copiar las maneras que tiene Coalición Canaria en Tenerife en Gran Canaria”, ha afirmado.