El Defensor del Espectador y del Oyente de RTVC no será un órgano independiente
Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que el ente Radiotelevisión Canaria (RTVC) cree un Defensor del Espectador y del Oyente y así lo han incluido en la ponencia del mandato marco que se está debatiendo en el Parlamento. Sin embargo, solo Nueva Canarias (NC) discrepa de la fórmula elegida, pues su portavoz en la ponencia, Esther González, cree que “será poco creíble y fiable” si el mismo depende “del Consejo Asesor y del Consejo Rector del ente”.
“Nos parece que los grupos quieren cubrir el expediente creando este organismo, pero si realmente se quisiera crear una figura que se haga cargo de las quejas, reclamaciones y exigencia de información veraz por parte de los usuarios, debería ser independiente y no juez y parte”, afima González.
La figura del Defensor del Espectador y del Oyente está en los dos borradores que presentaron, por separado, tanto el Grupo Nacionalista como el Socialista, aunque ambos vinculan la misma al ente, una opción que han aceptado el resto de los ponentes, salvo la representante de NC.
El mandato-marco del ente público RTVC se incluyó en el artículo 4.1 la Ley aprobada en 2015 y en el mismo “se concretaran los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados” el ente con “una vigencia de seis años”.
Incumplir la ley
Asimismo, los objetivos aprobados en el mandato marco “serán desarrollados cada tres años a través del instrumento jurídico oportuno en los términos acordados entre el Gobierno de Canarias y el ente público RTVC”. Y aquí es donde vuelve a discrepar NC con el resto de los grupos, a los que acusa de “no respetar la Ley” al incluir en el mandato-marco (que podrá ser prorrogable “por un máximo de tres años”) las líneas estratégicas de programación que debían ser desarrolladas por una figura jurídica distinta.
“Si el mandato marco lo regula todo, el Parlamento estará incumpliendo la Ley aprobada por él mismo”, ha insistido González.
En la ponencia celebrada este martes en la Cámara regional también se aprobó por unanimidad que el ente debe crear unas normas o manual de estilo para “la defensa de la cultura y el habla canaria”, así como esforzarse en “difundir Canarias en el exterior”, según ha asegurado la ponente nacionalista, Guadalupe González Taño.
Como se recordará, la crisis y la merma presupuestaria llevó a cerrar el canal internacional de RTVC en la pasada legislatura, sin embargo, la nacionalista asegura que “hay muchas fórmulas, sobre todo a través de internet, como hacen otras televisiones, para que la programación de RTVC tenga cobertura fuera de las islas”.
En esas normas de estilo también se regulará cómo tratar “los contenidos violentos y la vida privada” y la “integración de la mujer, las minorías y los inmigrantes” en los contenidos que emita RTVC.
Crear los Consejos de Informativos
Asimismo, los grupos parlamentarios han apoyado la propuesta del ponente de Podemos, Francisco Déniz, para que se incluya en el mandato-marco “la creación del Consejo de Informativos de una vez por todas”. Como se recordará, la Ley de 2015 prevé unos órganos internos de participación de los profesionales de la información en RTVC y sus sociedades creados para velar por su independencia, objetividad y la veracidad de los contenidos informativos difundidos.
Precisamente, el artículo 23 exige que en el Reglamento Orgánico que apruebe el Consejo Rector se establezcan las normas de organización y funcionamiento de los Consejos de Informativos. Unas normas que deberán regular los derechos de libertad de expresión, de información, de creación, la cláusula de conciencia y el secreto profesional.
Los Consejos de Informativos, que aún no han sido creados dos años después del nombramiento de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector del ente, deben establecer la participación en los procesos de rectificación y de control interno y defensa de la independencia profesional y un procedimiento de amparo de los profesionales de la información audiovisual de RTVC. Un procedimiento que incluye “la posibilidad de difundir su criterio profesional distinto al de una información emitida a través del mismo medio en el que se difunda la misma”.
