El Gobierno indemniza a una víctima de un atentado durante la salida del Sáhara
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció este jueves que el Gobierno indemnizará a la familia de Francisco Jiménez Santana, víctima de un atentado en el antiguo Sahara español, durante el proceso de descolonización en la zona.
Tras reunirse con Lucía Jiménez, hija de Francisco y presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (Acavite) en el Ministerio de Justicia, López Aguilar comunicó que el Ejecutivo, como primera medida y a través del Ministerio de Interior, indemnizará a los familiares de la víctima con 96.161,94 euros. Francisco quedó ciego, sordo y discapacitado en enero de 1976, a causa de la explosión de una mina, cuando prestaba servicios como electricista en el antiguo Sáhara español, y falleció el año pasado.
Con esta medida, que el ministro tachó de “justa y generosa”, el Gobierno “ha podido, por fin, satisfacer el esfuerzo de Francisco y de su familia, como emblema en una lucha por la reparación y por la restitución”. López Aguilar recordó, además, que la Administración central tiene “un firme compromiso” con las víctimas “de todas las formas de terrorismo” y agregó que éste está protagonizando “un avance social y un impulso social sin precedentes en toda la historia de la democracia constitucional”.
“Para mi ha sido un acto muy gratificante haber podido sellar un compromiso de reparación a víctimas del terrorismo con un genuino acento canario”, apostilló. Respecto a víctimas de actos terroristas durante otros procesos de descolonización, como el de Guinea Ecuatorial, señaló que el “compromiso” del Gobierno es “extender y profundizar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de todas formas de terrorismo”. “Y lo estamos cumpliendo a rajatabla”, añadió.
Con esta actuación, el ministro precisó que no se está “calificando genéricamente a ninguna actividad terrorista vinculada a la descolonización del Sahara”, sino que se están reconociendo “individualizadamente” el sufrimiento y el daño causado a Francisco Jiménez y a su familia. Aseguró que este derecho de reparación es extensivo a “cualquier otro ciudadano y a cualquier otra asociación de víctimas del terrorismo” y que lo obtendrán “siempre” por parte de este Gobierno.
“Resarcimiento histórico, moral y social”
Por su parte, Lucía Jiménez hizo hincapié en el “referente histórico” que significa esta medida que llevará a cabo el Gobierno y opinó que “a partir de ahora se puede abrir la puerta definitiva a este tipo de resarcimiento histórico, moral y social”.
La presidenta de Acavite señaló que existen muchas familias en Canarias que se han quedado en “el limbo administrativo” y denunció “el doble olvido” que ha vivido esta comunidad: “El de la lejanía y el del olvido institucional”. Lucía Jiménez recordó su lucha “de forma aislada”, aunque destacó que Acavite pretende ser “el marco referente para todas aquellas personas y todas aquellas familias” a las que se les haya negado este derecho como víctima y expresó su agradecimiento con las instituciones que, entre ellas, no han hecho diferencias “ni de primera, ni de segunda, ni de tercera”.
