José Enrique Núñez Ruano, imputado por omisión del deber de perseguir delitos
El posible acoso laboral sufrido por una funcionaria de carrera en el Centro Municipal de la Mujer, y que es investigado por el juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, suma cada semana nuevos imputados entre cargos cada vez más altos en lo que fue el organigrama del Ayuntamiento en el periodo 2007-2011. El último en declarar ante la juez fue José Enrique Núñez Ruano, cargo de confianza de Miguel Zerolo como coordinador general de Servicios Personales, cesado el pasado junio.
La próxima en declarar como imputada será Nieves Pérez Marichal, directora general de Recursos Humanos, cargo que también es de libre designación.
La Fiscalía Provincial ha añadido a los posibles delitos de prevaricación y acoso laboral de los que acusa a José Enrique Núñez, una tercera acusación, la de omisión del deber de perseguir delitos, ya que, según se ha desprendido de anteriores declaraciones de testigos e imputados, tuvo conocimiento de la situación que padecía la funcionaria desde 2008, sin que lo evitara.
José Enrique Núñez Ruano, miembro del Comité Local de CC, reconoció en su declaración que tras unas vacaciones, la trabajadora ya le comentó en un correo electrónico que había habido una reestructuración en el Centro Municipal, pero que la primera vez que puso en su conocimiento el vaciamiento de funciones que sufría fue en febrero de 2008.
Ángela Mena bloqueó la solución
Añadió que por ese motivo pidió un informe a su inferior jerárquico, Pedro Ramos, jefe del Departamento de Coordinación, de quien se supone que dependía la afectada, y éste efectivamente constató que existía ese vaciamiento de funciones, porque las tareas de la denunciante se solapaban con las de otras dos trabajadoras: Ana Belén Crespo, la interina para la que se creó una plaza paralela a la de la primera, y Magalines Rosales, a quien Ángela Mena adscribió funciones en el mismo área.
De acuerdo con la declaración, Ramos propuso que trabajasen las tres en colaboración, pero bajo la dirección de la denunciante, como en efecto le correspondía. Según José Enrique Núñez Ruano, él estuvo de acuerdo y le hizo llegar el informe a la concejal del área de Mujer, Ángela Mena, “pero ella a finales de abril lo devolvió sin firmar diciendo que no era materia de su competencia”.
“Era necesario el visto bueno de la concejal, pero esa solución, que habría sido efectiva, quedó bloqueada”, agregó.
Tras el nombramiento de María del Cristo Méndez como directora general de Participación Ciudadana y Mujer, y en contra de lo que ésta declaró, las competencias de Mujer pasaron a depender funcionalmente de ella, y por lo tanto, las funciones de la denunciante.
“Lo tenía que haber solventado Díaz Méndez”
El ex coordinador general relató que en abril de 2008 recibió otro escrito por correo electrónico de la perjudicada, y otro más en abril de 2009, por lo que propuso a Díaz Méndez que asignase a la funcionaria “las funciones de su puesto”. Sin embargo, la propuesta de la directora general fue trasladarla a una comisión temporal, lo que fue tramitado por Recursos Humanos y finalmente anulado por sentencia judicial.
También declaró que no trató el problema de la funcionaria con Ángela Mena porque en su momento no había aceptado la solución inicial “con la que se podía haber evitado todo lo que ha pasado después”.
Sin embargo, no pudo explicar porqué se creó una plaza para la funcionaria interina en vez de haberla cesado, ni que esta trabajadora y Magalines Rosales, que llevaba Igualdad, se quejasen de exceso de trabajo al tiempo que una funcionaria con plaza estaba sin tarea alguna. “No tiene sentido. Lo tenía que haber solventado la directora general de Participación Ciudadana y Mujer”, recalcó. “María ya no me comunicó más que su situación siguiese igual, Creí que se había solucionado”.
