José Miguel Pérez denuncia que el Gobierno de Rajoy “destruye las políticas educativas que funcionan”

El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez. EFE/Cristóbal García

Canarias Ahora / Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha denunciado este martes durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico que el Gobierno de Rajoy “destruye las políticas educaticas que funcionan y castiga a las Comunidades que cumplen los objetivos de mejora educativa en la línea marcada por Europa”.

Pérez ha asegurado que el presupuesto del Estado en 2015 para la Educación en Canarias supone una dotación por habitante 98 euros inferior a la media establecida para las comunidades españolas, lo que en su opinión es “un serio agravio comparativo” que sitúa al Archipiélago “en una posición muy delicada” porque aunque el Ejecutivo autónomico asegura que “intenta cubrir los socavones educativos que va dejando la apisonadora del PP”, los recursos canarios “son cada vez más limitados”.

“Para tener una idea de la situación tan complicada en la que la Administración de Mariano Rajoy ha situado al Archipiélago, hay que tener en cuenta que para que la Comunidad pudiera alcanzar la financiación media nacional en el área educativa tendría que recibir del Estado 240 millones de euros”, informó el encargado de Educación.

El político socialista puso como ejemplo la evolución negativa padecida por los Programas de Cooperación Territorial cuyos fondos han ido decreciendo progresivamente en los últimos años “a pesar de que el propio Estado reconoce que han impulsado nuestro acercamiento a los objetivos marcados en la Estrategia Europea para la Educación”.

José Miguel Pérez recordó que en 2011, último presupuesto de la etapa socialista en el Gobierno central, la partida para Programas de Cooperación para Canarias era de 67,5 millones de euros y que esta cuantía ha ido rebajándose progresivamente en los años posteriores. “Para 2015 no existen consignadas cantidades con carácter territorial, si bien se presupuestan en Ingresos de la Comunidad 431.371€, correspondientes a la Formación continuada del profesorado y reconocimiento de las competencias profesionales, tomando como referencia el último reparto realizado por la conferencia sectorial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos importes para el año 2014 no se han recibido aún”.

El vicepresidente y consejero detalló la caída en las cantidades consignadas en los últimos años para estos programas. Así, los fondos en 2012 se fijaron en 16,3 millones de euros (de los que solo se percibieron finalmente poco más de ocho millones de euros fuera del ejercicio presupuestario). En 2013 el descenso fue considerablemente mayor, situándose en 1,3 millones de euros, único importe recibido por esta Comunidad. Para el ejercicio 2014 la cantidad consignada y aún no recibida es de 379.180 euros, destinada a la Formación del profesorado.

Canarias ha perdido también los fondos para los proyectos PROA, que en 2012 suponían algo más de 3 millones de euros, y de Abandono Temprano, dotado con más de 2 millones en el mismo ejercicio. Ambos “han sido fulminados también por la política retrógrada del PP”, subrayó Pérez.

El líder socialista en Canarias insistió en definir los Presupuestos Generales del Estado para 2015 en materia educativa como una “consagración de la desigualdad de oportunidades, donde la única estrella es la financiación de una nueva Ley que no convence ni convencerá jamás a nadie”.

A pesar de la pérdida de fondos estatales, el vicepresidente y consejero afirmó que el Gobierno canario no ha dejado de ser consciente, en estos años, de las necesidades del Archipiélago en materia educativa y ha defendido la educación pública de calidad, “lo que queda demostrado de manera coherente” en todos sus presupuestos que, ejercicio tras ejercicio y en dirección opuesta a la actuación del Gobierno central, han ido incrementando los fondos para dar respuesta a la demanda educativa, aunque “el peso que podemos soportar desde la Administración autonómica es cada vez menor y necesitamos que el Estado reaccione de una vez y cambie radicalmente su postura presupuestaria, atendiendo a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía”.

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