Nueva Canarias pide que un órgano autonómico regional también emita un informe de legalidad sobre la Ley del Suelo

El grupo parlamentario Nueva Canarias (NC), que enmendará a la totalidad el proyecto de ley del Suelo, reclama que un órgano autonómico regional, además de la evaluación ambiental estratégica, también emita un informa de legalidad sobre los planeamientos urbanísticos que aprueben los ayuntamientos.

El presidente de NC, Román Rodríguez, presentó este lunes la enmienda a la totalidad en una rueda de prensa, en la que valoró que el PSOE, en la adenda al pacto de gobierno con Coalición Canaria, haya pedido que la evaluación ambiental de los planeamientos y que las directrices de ordenación la realice la Cotmac o el órgano autonómico que la sustituya.

En su opinión, si mantenían diferencias tenían que haberlas dirimido antes de llevar este martes al pleno de la Cámara regional el proyecto de la ley del Suelo, una propuesta que “subordina el medio ambiente a la coyuntura económica”.

Esta situación pone en evidencia “la crisis total” del Gobierno canario, ha denunciado el diputado de NC, a quien le parece “un pequeñito avance” que la evaluación ambiental estratégica la haga un órgano del Gobierno, lo que ha dicho que ya estaba en el pacto de gobierno suscrito por CC y PSOE.

Para Rodríguez, la evaluación ambiental estratégica la tiene que hacer un órgano distinto al que apruebe el planeamiento, que serán los ayuntamientos.

Sin embargo, lamentó, el informe de legalidad, en vez de realizarlo también un órgano autonómico regional, lo ejecutarán los ayuntamientos o los tribunales, según recoge el anteproyecto de la ley del Suelo, hecho “rápido, sin diagnóstico, sin participación e imponiendo la versión más conservadora posible, la de los empresarios que están dispuestos a alicatar El Teide o el Roque Nublo”.

A pesar de todo esto, todas las oportunidades que NC tenga para mejorar el anteproyecto las va a mejorar, aseguró el diputado, quien ha exigido a CC y PSOE que se “repiensen” los usos complementarios del suelo rústico, la derogación de las directrices de ordenación general y que el informe de legalidad lo emita la Cotmac o su sucedánea.

En el documento de enmienda a la totalidad al proyecto de la ley del suelo de Canarias, Nueva Canarias reconoce que era necesario un nuevo texto legislativo que uniera la normativa existente para armonizar y simplificar las determinaciones legales en ese ámbito.

Considera que en este proyecto de ley, en el que solo ha habido 35 días escasos de información pública en los que se presentaron 129 alegaciones, ha habido “mucha propaganda y poco debate”.

Critica que al derogarse las directrices de ordenación general, único instrumento de ordenación territorial y de los recursos naturales de las Islas, se renuncia “al proyecto común de Canarias” y se debilita el papel de los planes insulares, ya que todo el poder pasa a los ayuntamientos.

Asimismo, denuncia que la competencia de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación sea de los ayuntamientos, lo que conlleva la desaparición del control último de legalidad del planeamiento municipal, actualmente ostentado por la Cotmac.

También alerta de que si se autorizan nuevos usos residenciales, de ocio, turístico e industrial en suelo rústico propiciará la construcción de hoteles y apartamentos en estas zonas, lo que supone “un gravísimo peligro” para la permanencia de la actividad agraria.

NC defiende que no se debe autorizar ningún uso alojativo turístico de nueva construcción y, respecto a construcciones ya existentes, agrega que la normativa debería inspirarse en la regulación en vigor de turismo rural, que solo autoriza alojamientos en suelo rústico en edificaciones existentes.

Según Román Rodríguez el uso del suelo rústico y las actividades agrarias, es lo que más le “duele y preocupa” del proyecto de ley, de forma “insólita” permite la construcción de hasta una gasolinera en suelo rústico.

Esto lleva a que solo el núcleo duro de CC y PP estén a favor de esta propuesta de ley “desarrollista y mercantilista” que NC intentará modificar “sin muchas esperanzas” a través de estas enmiendas en el próximo pleno del Parlamento canario.