El PSOE de Tenerife pide a Zerolo que dimita ''por el bien de la ciudad''
El secretario general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, reclamó este lunes “depurar con diligencia las responsabilidades políticas” respecto a la compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas y exigió al alcalde, Miguel Zerolo, que dimita “por el bien de la ciudad”.
El dirigente socialista muestra en un comunicado “su estupor y preocupación” ante la difusión de un informe de la Intervención General del Estado en el que se afirma que Las Teresitas hubo “un pelotazo urbanístico de libro”.
Por ello Corrales entiende “que lo mejor que puede hacer Miguel Zerolo por el bien de la ciudad es dimitir y depurar de esta forma sus evidentes responsabilidades políticas ante una operación tan bochornosa y contraria al interés general”.
El PSOE pregunta además a Miguel Zerolo si realmente el gobierno municipal, de CC-PP, intentó evitar la especulación del suelo y si la administración municipal sirvió con objetividad y con sometimiento a la ley y al derecho el interés general.
Al respecto, José Manuel Corrales considera que “eran otras las preocupaciones y motivaciones” del gobierno municipal de CC-PP y del alcalde capitalino.
A su juicio, en la tramitación del expediente que da origen al convenio de Las Teresitas se ha utilizado el método de “huir del marco legal establecido, fijar acuerdos de conveniencia que se justificaban a posteriori mediante fórmulas chirriantes o encajando con calzador los procedimientos”.
“Estamos por tanto ante una absoluta chapucería jurídica”, sostiene el dirigente socialista, quien insiste en que “es absolutamente escandaloso” que la compraventa se realizase sin las valoraciones pertinentes de los arquitectos municipales, y que al único informe realizado por funcionarios municipales no se le hiciese ningún caso.
En su opinión, hay miles de ciudadanos escandalizados por la actuación del gobierno municipal en el caso Las Teresitas, que constituye “un ejemplo paradigmático de mala gestión del erario público y de pésima defensa del interés general”.
