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Podemos lamenta que el Ayuntamiento de LPGC destine 745.000 euros a "regular el tráfico y poner multas"

El Consejo Ciudadano de la capital grancanaria considera que la Administración municipal tendría que haber convocado nuevas plazas para la Policía Local y no haber incorporado a 41 nuevos agentes de movilidad

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El Consejo Ciudadano de Podemos de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado que el Ayuntamiento capitalino, gobernado por el Partido Popular (PP), destine 745.000 euros a la incorporación de 41 agentes de movilidad que reforzarán la ordenación viaria de la ciudad y cuyas funciones describe como “regular el tráfico y poner multas”.

Una cantidad de dinero que a su juicio se tenía que haber destinado a la convocatoria de nuevas plazas para la Policía Local y “lograr así el incremento necesario de la plantilla para aumentar la tranquilidad de nuestras calles”.

La formación hace referencia en un comunicado a los últimos informes realizados por el Ministerio del Interior, que sitúan a la capital grancanaria como una las diez ciudades españolas con mayor índice de inseguridad ciudadana por delitos de homicidios y posesión de drogas. Motivo por el que denuncia que el incremento de los agentes de movilidad supone una “mala gestión” por parte del gobierno popular, ya que “desatiende la necesidad real de agentes de Policía Local, sustituyéndolos por otros con escasa funcionalidad que solo tienen el objetivo de aumentar la recaudación de tasas y multas”.

“En una ciudad tan poblada como la nuestra que además recibe la visita de miles de turistas, se hace necesario el refuerzo de las políticas municipales en materia de seguridad ciudadana” insisten desde Podemos.

Desde este Consejo Ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, entienden que la solución del problema de la delincuencia no se fundamenta exclusivamente en la utilización de cuerpos policiales, sino que pasa por inversión en educación, en dotación a los barrios y en oportunidades de empleo y formación. “En definitiva, de justicia social”, aportilla.

Al ser las anteriores unas soluciones a largo plazo, consideran necesario cumplir al menos con el ratio de 1,8 policías locales por cada 1000 habitantes que exige la ley y que en la ciudad capitalina “está aún por debajo de esa cifra”.

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