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Santiago Negrín eleva al 60% la subcontratación de los servicios informativos de RTVC

Casi 11 de los 18 millones anuales que conforman el contrato podrán ser gestionados por terceros no vinculados al ente ni a la empresa adjudicataria

El contrato aún vigente dejaba la posibilidad de subcontratar un 50%, criticado por el Comité de Empresa 

Los trabajadores se confiesan en "estado de shock" y alertan de que se exigen menos horas de emisión y que no se garantizan programas insulares

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Unidad móvil de la Televisión Canaria

Unidad móvil de la Televisión Canaria Alejandro Ramos

Hasta el 60% de los servicios informativos de Radiotelevisión Canaria (RTVC) podrán ser subcontratados por la empresa que finalmente gane el concurso cuyos pliegos ha aprobado unilateralmente y publicará de forma inminente el presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín.

Este volumen, que es el máximo que permite la Ley, supera el vigente del 50% al que está sometido la empresa Videoreport, que ya de por sí es elevado y que en numerosas ocasiones ha sido denunciado por el Comité de Empresa. De facto, esta posibilidad supone que la nueva empresa responsable de los servicios informativos por concurso público podrá dejar en manos de terceros (que no tienen por qué haberse presentado a la licitación) hasta 10,8 millones de los 18 millones de euros anuales que supone la contratación de los programas.

Así consta en el punto 28.1 de los pliegos de las cláusulas administrativas que rigen la licitación del concurso para la contratación de   los programas informativos elaborados por Negrín sin que los otros dos miembros del Consejo Rector (María Lorenzo y Alberto Padrón) hayan participado en el mismo ni tuvieran conocimiento de su contenido.

"El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución de prestaciones objeto del contrato, siempre que el importe total de las prestaciones a ejecutar por subcontratación no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato o, de ser inferior, el porcentaje máximo de subcontratación ofertado por el adjudicatario", certifica el pliego del concurso.

Además, esta modalidad desvincula al ente público de cualquier responsabilidad que estos programas generen, pues el punto 28.4 deja claro que "los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a TVPC", es decir, la empresa Televisión Pública de Canarias, S.A..

Es más, "el conocimiento que tenga TVPC de los subcontratos celebrados no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal", pues ."los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a TVPC por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos".

Un lavado de manos por parte del ente que se extiende incluso a las condiciones laborales de los profesionales que trabajen para las subcontratas, toda vez que este personal "carecerá de toda vinculación laboral con TVPC, no operando ningún tipo de consolidación, subrogación laboral ni de sucesión de empresas entre el contratista y/o subcontratista y TVPC, tanto durante la vigencia del contrato objeto de licitación como tras su extinción".

Estado de shock

Esta situación ha encendido la voz de alarma entre los trabajadores actuales de los servicios informativos de RTVC, muchos de los cuales han confesado a Canarias Ahora que están "en estado de shock", tanto por la posibilidad de que el 60% de la producción recaiga en otras manos ajenas a las suyas como por el hecho de que el anexo de los pliegos no incluya la subrogación de la plantilla actual.

Asimismo, denuncian que tras una lectura somera de los pliegos, el nuevo concurso exige menos horas de emisión de informativos que las que se emiten actualmente y se siguen sin garantizar las desconexiones regionales para poder emitir programas de información insular, que si existían hace años pero que fueron clausurados cuando el ex director de RTVC, Guillermo García, llevó a cabo un ERE que fue ampliamente contestado tanto a nivel social como parlamentario.

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