Violencia y un detenido tras no aprobarse la caducidad del PGO

Una vez más hubo polémica este viernes durante el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a cuenta del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que se saldó con una persona detenida y la expulsión a la fuerza de otras cinco, tras manifestar sus protesta por que no se aprobó que el Plan está caducado y debe rehacerse de nuevo.

Fuera del Ayuntamiento, unas cincuenta personas expresaban con pancartas y gritos su rechazo al conflictivo PGO y a la posibilidad de que finalmente sea la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) la que decida el futuro urbanístico de Santa Cruz de Tenerife. Dentro del salón de Plenos, varias decenas de vecinos, también mostraban su rechazo con letreros en sus manos en los que se leían No al PGO.

La moción para que el Plan se diera por caducado partió del concejal por XTF, José Manuel Corrales, quien solicitaba que se archivase el actual procedimiento por estar caducado. Le apoyaron los demás concejales del Grupo Mixto, Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías por Sí Se Puede, y Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz. Fueron cuatro votos y 23 en contra (los de los concejales del PP, CC y PSOE).

El ambiente estuvo cargado desde el inicio de la discusión, pero el punto álgido llegó tras la negativa del secretario municipal, Luis Prieto, a opinar acerca de la caducidad o no del PGO, con el respaldo del alcalde José Manuel Bermúdez, y después de que Corrales insistiera fuera de su turno de palabra en que “no hay ni una sola línea en el informe del secretario que diga que el procedimiento no está caducado”.

“La Cotmac es la garante de la legalidad”

El socialista José Ángel Martín, actual responsable de Urbanismo, sostuvo que tanto la Cotmac como los técnicos municipales han corroborado lo contrario y que es posible un plazo de tres meses a contar desde el 3 de julio, para reelaborar el texto y subsanar las modificaciones en el mismo introducidas en las últimas semanas por el equipo redactor (los arquitectos Senante, Palerm y Tabares), además de corregir los 45 reparos de ilegalidad detectados por la Cotmac en 2011.

“La Cotmac es la competente y la garante de la legalidad y ha dicho que se puede dictar la caducidad, que el documento podría subrogarse y que ni lo uno ni lo otro, sino que cabía un plazo de tres meses de prórroga, que es lo que se ha aceptado, y aquí tengo ese informe”, dijo Martín. “Es la Cotmac la que debería dar por caducado el Plan y ha dicho que no”.

Ana Zurita, por el PP, también levantó los ánimos del público al afirmar que nadie, salvo su partido, “ha intentado buscar una solución a los problemas de la actual redacción”, y negó que fuese una solución aprobar parte del Plan y dejar en suspenso los puntos más conflictivos (como la posible urbanización de laderas y barrancos y, sobre todo, las viviendas que quedarían fuera de ordenación).

“Apesta”

Fernández Arcila sostuvo contundente que el Plan había caducado hacía ya tiempo “y plantea cada día más irregularidades, como las dotaciones urbanísticas entre El Pilar y la carretera general”. “Este tema apesta”, añadió, “con modificaciones no autorizadas, que hacen necesario que sea sometido de nuevo a información pública y vuelta a empezar”.

Por su parte, Guillermo Guigou igualmente se refirió a las modificaciones irregulares del texto y recordó que ya el pasado 24 de febrero se había aprobado por unanimidad la revisión completa del documento y resolver el problema de las viviendas que quedan fuera de ordenación dentro del mismo Plan. “Que se apruebe la moción que se debate es lo que necesita Santa Cruz, y mayor participación ciudadana”.

En el siguiente turno de palabra, Corrales espetó a los concejales en que debían asumir su responsabilidad porque si continúa con el actual procedimiento “a sabiendas de que está caducado, habrán cometido una ilegalidad”. “Hay informes del secretario con reparos de ilegalidad rotundos”.

Otro rifi rafe lamentable lo protagonizaron José Manuel Bermúdez y José Manuel Corrales cuando éste le dijo, fuera de su turno y a voz alzada, que al día siguiente de recibir el informe de un prestigioso jurista que concluía sin fisuras la caducidad del PGO, se reunió con el presidente de los empresarios y con la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, lo que Bermúdez negó, pese a las informaciones aparecidas al respecto en varios medios de comunicación.

Espectáculo bochornoso

Tras la votación en medio de la protesta de los presentes entre gritos de “corruptos” y “quieren aprobar el Plan del robo”, se produjo el desalojo a la fuerza, con escenas violentas, como cuando sacaron entre varios policías a uno de los integrantes de la Plataforma vecinal, Roberto Mesa, que acabó en el suelo, y que luego fue llevado detenido a la comisaría de la Policía Nacional.

El abogado y portavoz de la Plataforma, Felipe Campos, comentó a este periódico que el Pleno había sido “un espectáculo bochornoso”. “La única persona que debe informar acerca de la caducidad se ha negado a informar”. Corrales anunció que el lunes irá con Campos a la Cotmac a pedir que sea este organismo el que decrete la caducidad del procedimiento.