Adán Martín pide consenso para aprobar un proyecto de ley de excepciones a la moratoria
El presidente canario, Adán Martín, busca el consenso de las fuerzas políticas para tramitar un proyecto de ley que autorice la creación de plazas turísticas en tanto se aprueban los planes insulares de ordenación territorial, dijo este martes el portavoz del Gobierno regional, Miguel Becerra.
Con este motivo el presidente canario mantuvo una primera reunión con motivo de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados y este lunes celebró un nuevo encuentro, añadió el portavoz en rueda de prensa.
Según Becerra, se trata de aprobar un proyecto de ley “sencillito” que sustituya a la disposición transitoria de la ley de directrices del turismo, que ya no está en vigor y que se refiere a la autorización de camas turísticas si implican una cualificación de la oferta y conllevan nuevos equipamientos.
Esta disposición establece un límite de 3.600 plazas y se refiere a las islas afectadas por la moratoria turística, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La autorización de los proyectos acogidos a esta disposición está condicionada a que el Parlamento de Canarias emita una declaración de que es una situación excepcional amparada por su interés general.
Las presuntas irregularidades urbanísticas que se investigan en Mogán (Gran Canaria) no tienen “nada que ver” con los cuatro proyectos que se han acogido a esta disposición transitoria, y cuya tramitación seguirá adelante para obtener esta declaración de interés general, añadió Becerra.
Entre estos expedientes se encuentra el de Anfi-Tauro, que promueve el empresario Santiago Santana Cazorla, imputado en la llamada operación Góndola en Mogán.
Los expedientes no han sido objeto de negociación y en todo caso si su promotor acepta los requerimientos de reducir el número de camas el Gobierno lo elevará al Parlamento, reiteró Becerra.
Insistió también en que el convenio urbanístico objeto de la investigación judicial no tiene que ver con el proyecto de nuevas camas turísticas presentado por el mismo promotor.
En cuanto a la afirmación de la Confederación Canaria de Empresarios de que hay una huida de inversores ante los presuntos casos de corrupción, Miguel Becerra dijo que si esto es una realidad sería “un motivo que debe llevar a la reflexión”.
