Aprobada la ley que agiliza las inversiones que el Gobierno considere estratégicas
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este martes con los votos de CC y PSOE la ley que permite agilizar los trámites administrativos de las inversiones consideradas estratégicas por el Gobierno de Canarias a través del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos.
Tanto el PP como Nueva Canarias se opusieron a esta norma al considerar que introduce la discrecionalidad y la arbitrariedad a la hora de determinar qué empresarios obtienen la declaración de estratégicos para sus proyectos inversores y así ver reducidos a la mitad los plazos administrativos.
Según José Miguel Barragán, de CC, esta ley introduce transparencia y objetividad, porque hasta ahora este tipo de cuestiones se resolvían en pasillos o mediante llamadas a los políticos por parte de los empresarios interesados.
“Algunos empresarios ya no pueden tirar de teléfono, ahora se va a saber quién lo pide, qué razones tiene, las corruptelas ocurrían antes, que no nos enterábamos de lo qué pasaba y quién iba por los pasillos pidiendo favores”, argumentó Barragán ante las críticas de la oposición.
En la misma línea, Emilio Mayoral, del PSOE, dijo que no hay lugar para la arbitrariedad, porque la determinación de qué proyectos pueden ser declarados estratégicos es “minuciosa” y porque el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, según sostuvo, es un órgano “independiente” del Gobierno.
El comité está formado por el presidente del Gobierno de Canarias, el consejero de Economía y el consejero de Administraciones Públicas, además de otros miembros del ejecutivo y, en su caso, representantes de otras administraciones, empresarios y sindicatos.
Miguel Jorge Blanco, del PP, dijo que le ley está cargada de buenas intenciones, pero las soluciones que se plantean son desafortunadas, al introducirse criterios discrecionales y arbitrarios.
“El texto da un ropaje de legalidad a la existencia de un comité de inversiones para que el Gobierno decida directamente qué proyectos se benefician de reducciones en los plazos de tramitación y cuáles no”, dijo el representante del PP.
Agregó que “el texto bordea el interés general, el principio de igualdad de oportunidades y permite que el presidente del Gobierno decida a su antojo” y lamentó que no se hayan atendido las enmiendas del PP para evitar que “el ejecutivo se instale en la discrecionalidad y en la arbitrariedad en la toma de decisiones”.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, denunció que se trata de una ley que introduce la arbitrariedad y la discrecionalidad, porque el Gobierno de Canarias puede decidir “de forma subjetiva, indeterminada y abstracta las inversiones privadas que son estratégicas”.
“Hace desiguales los proyectos de inversión, esto en todo caso funcionará para los amigos que puedan tener acceso al poder de turno, es un retroceso, se subordina el interés general a los intereses particulares”, insistió.
