Inversiones: ¿estratégicas o arbitrarias?
La maraña legislativa y administrativa consustancial a la Comunidad Autónoma de Canarias impide y ralentiza grandes inversiones en las Islas que pueden favorecer la creación de puestos de trabajo. Al menos, así lo han chequeado por unanimidad tanto empresarios como sindicatos y los distintos partidos con representación parlamentaria. Por ello, el Ejecutivo regional puso en marcha un proyecto legislativo para favorecer las inversiones estratégicas en el Archipiélago, una norma que ya ha sido aprobada en Navarra, Murcia, Andalucía y Baleares sin que haya habido polémica. Pero en Canarias sí la hay pues PP y NC consideran que se abre la puerta al dedazo presidencial: posibles arbitrariedades a la hora de determinar como estratégicas unas inversiones sí y otras no.
El año 2015 ha comenzado con un sonoro zapatazo en la mesa del Gobierno regional sobre una de sus leyes bandera: paralizar la reforma para construir hoteles de 4 estrellas, haciendo oídos sordos a la presión de la patronal y del Cabildo grancanarios con la ayuda política de Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP).
En la segunda semana del mes, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero, y los grupos que lo apoyan, se enfrentaron a otra prueba de fuego respecto a una nueva polémica legislación, referida a promover y favorecer inversiones estratégicas en las Islas.
Una Ley que faculta al Gobierno de Canarias a que, a propuesta de su presidente, una determinada inversión sea declarada estratégica, lo que permite a sus promotores una reducción a la mitad de todos los plazos en los trámites burocráticos en las administraciones regional, insular y local.
Un texto que fue enmendado a la totalidad tanto por el PP como por NC al rechazar la discrecionalidad con la que el Gobierno de Canarias puede decidir sobre el carácter estratégico de una inversión.
Poderes especiales
La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, fue taxativa antes del debate en el que se rechazaron las enmiendas a la totalidad de la oposición: “La discrecionalidad abona el terreno a la prevaricación, porque depende del dedazo del presidente si ayuda a los empresarios amigos a agilizar una determinada inversión”.
Y el portavoz económico de los conservadores, Miguel Jorge Blanco, no se quedó atrás durante su intervención en la tribuna de oradores en septiembre de 2014: “Se otorgan poderes especiales al presidente del Gobierno, algo propio de otros regímenes e impropio en sistemas democráticos”.
Tampoco ha sido especialmente amable el líder de NC, Román Rodríguez, que lleva meses denunciando que esta ley busca que el presidente del Gobierno decida, desde la “arbitrariedad y la indeterminación”, qué inversiones privadas son estratégicas y cuáles no, a la vez que invade competencias de las corporaciones locales al imponerles plazos en sus regulaciones, lo que tiene indicios de inconstitucionalidad.
“Es inaceptable, se establece que la culpa de la crisis y de la falta de inversiones es la regulación pública, cuando es justamente la ausencia de regulación y las políticas liberales las que la han provocado”, dijo hace cuatro meses Rodríguez.
Una tesis que sigue blandiendo, una vez comenzado en el Parlamento lo trabajos de la ponencia, al asegurar que este texto es “uno de los más peligrosos” impulsados por el pacto de CC y PSOE por sus implicaciones urbanísticas, territoriales y medioambientales.
“Es un abuso de autoridad injustificable y una absoluta arbitrariedad”, ha insistido el líder de NC.
Aunque no es únicamente la oposición quien pone reparos a la solución ideada para desenmarañar la madeja administrativa y burocrática que impide inversiones más ágiles. El 22 de julio de 2014 el Consejo Consultivo de Canarias se abstuvo de formular un informe favorable al texto al considerar el proyecto de ley innecesario por repetitivo e impreciso y apuntó la existencia de conceptos jurídicos indeterminados que pueden generar discrecionalidad y arbitrariedad.
Desde el Gobierno y los grupos que lo apoyan han asegurado que el espíritu de la Ley es totalmente contrario a la visión que del mismo tienen desde NC y PP.
“No hay discrecionalidad y arbitrariedad, sino rigor y regulación en un tema que normalmente se hace en pasillos y despachos”, ha asegurado el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán.
Y el socialista Emilio Mayoral insistió en que “no se pretende crear un ordenamiento jurídico paralelo para autorizar unos proyectos y denegar otros, porque todos deberán reunir los requisitos legales para su aprobación”.
Concentración de poder
Con todo, y para acabar con los recelos de conservadores y nacionalistas de izquierda, el Pacto ha presentado enmiendas con el fin de despejar las sospechas sobre posibles arbitrariedades que incluso apuntaba el Consejo Consultivo.
Unas sospechas que se mantienen, por lo menos por el lado de NC, tras el anuncio del candidato a la Presidencia por CC, Fernando Clavijo, de suprimir la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), lo que a su juicio demuestra que se busca concentrar en el Gobierno el poder de determinar este tipo de inversiones y eliminar los límites al crecimiento.
Un proceso que para NC se inició en 2009, en la pasada legislatura, con la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación del territorio y para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo y que se continúa con la de de Modernización y Renovación Turística el proyecto de ley de Armonización y Simplificación territorial y que tiene su culmen con el de inversiones estratégicas.
Pero, en concreto, ¿Qué pretende la Ley? Según recoge el texto, “la complejidad del marco normativo y competencial que resulta aplicable frente a inversiones e iniciativas empresariales exige continuar la labor de depuración y simplificación”, especialmente en Canarias, “que cuenta con una normativa particularmente intrincada y abigarrada en todos los aspectos relacionados con la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente, que incide directamente sobre la puesta en marcha de la mayoría de los proyectos inversores”.
En este sentido, el proyecto define con detalle las circunstancias que deben concurrir para que una inversión pueda ser declarada de interés estratégico, “tomando en consideración fundamentalmente, la relevancia que pueda tener para el desarrollo social y económico de las islas”.
Generar empleo
Una de las dos enmiendas presentadas por los grupos del Pacto al texto se refiere, precisamente, a los criterios para declarar una inversión de interés estratégico.
En primer lugar, se ponderará “su impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo”.
Otro de los criterios será “su repercusión o relevancia en relación con sectores de especial interés para el archipiélago tales como el turismo, las energías, la industria, la innovación, las nuevas tecnologías, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización de la economía canaria”.
Proyectos, en definitiva, que tengan que ver con todos aquellos ejes incluidos en la tan traída y llevada Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3).
Además, el proyecto debe ser capaz de atraer inversión tanto pública como privada, que deberá “resultar viable desde el punto de vista jurídico, económico y financiero, debiéndose justificar adecuadamente tales extremos por sus promotores”.
Inversiones que deberán “garantizar especialmente” la adecuación a la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente y ordenación del territorio, “debiendo resultar compatible con el desarrollo sostenible de las islas”.
Y, por último, los grupos del Pacto hacen una aclaración: “La declaración como estratégico de un proyecto no implica avalar su viabilidad jurídica”.
“Falso rodaje de legalidad”
Asimismo, el texto refuerza el papel del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos en el seguimiento de este tipo de inversiones, que es el que en teoría debe considerar si un determinado proyecto puede ser considerado como estratégico o no.
Y esta es la parte que ha llevado reiteradamente al consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, a asegurar que no habrá dedazo presidencial, pues será el jefe del Ejecutivo el que estampe su firma, pero la luz verde para dar vía libre a los proyectos la otorgará un conjuntos de expertos y con posterioridad deberá ser analizado por el conjunto de los consejeros del Gobierno.
Una tesis que no comparte el PP, que ya denunció en su día la creación en octubre de 2012, y por Decreto, del referido Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos por considerar que estaba “hecho a la medida del Presidente del Gobierno de Canarias para decidir a su interés que proyectos merecían el impulso de la Presidencia y cuáles no”.
Por lo tanto, para los conservadores, esta futura Ley pretende dar cobertura legal a que el presidente del Gobierno y su Consejo sea quienes, “con falso ropaje de legalidad decidan qué proyectos de inversión en Canarias se beneficiarán de determinadas ventajas en los plazos de tramitación y cuales tendrán que seguir el vía crucis de la legislación actual para poder ver la luz”.
En el fondo del debate, aunque todos están de acuerdo en que hay que agilizar y flexibilizar la rígida máquina burocrática que existe en las Islas, está si el Gobierno puede atribuirse o no la competencia para la declaración de interés estratégico de un proyecto empresarial privado que obliga también a otras administraciones públicas canarias (cabildos y ayuntamientos) a la tramitación preferente de los procedimientos administrativos y la reducción de plazos.
Pues, tal y como señala el Consejo Consultivo de Canarias y defiende NC, esta potestad podría contravenir el respeto a la autonomía local, garantizado constitucionalmente a las corporaciones locales.
Además, y tal y como está en este momento el estado de opinión pública, que cada vez demanda más participación, ¿hasta qué punto puede resultar inconveniente y contraproducente acortar a la mitad los plazos de información pública y de participación ciudadana con el objeto de implantar las inversiones declaradas estratégicas?
Estas son las dos grandes interrogantes a las que deben enfrentarse los grupos del Pacto y el propio Gobierno para sacar adelante un texto que quede libre de toda mancha de discrecionalidad y arbitrariedad a favor de solo unos pocos.
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