PP y NC no frenan el ‘dedazo presidencial’ en las futuras inversiones estratégicas

Paulino Rivero, presidente del Gobierno autonómico

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Nacionalistas y socialistas no han admitido ni una sola de las enmiendas presentadas por la oposición para “frenar la discrecionalidad” a la hora de que se decidan qué inversiones podrán ser consideradas estratégicas en Canarias y, por tanto, ‘favorecidas’ a la hora de acelerar las mismas.

Así lo ha asegurado el ponente del Grupo Popular, Miguel Jorge Blanco, tras la reunión de la ponencia del proyecto de Ley de Tramitación Preferente de Inversiones estratégicas en la que “no hemos conseguido que los grupos del Gobierno, al menos, incluyeran en el texto una mayor concreción a la hora de definir cuáles son inversiones estratégicas y las que no”.

“Que todo quede en manos del presidente y del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos no es bueno. No decimos que las decisiones vayan a ser discrecionales, favoreciendo a unos empresarios y a otros no, pero abre una puerta a ello que creemos debería quedar cerrada”, ha insistido el ponente de los conservadores.

Peligroso y arbitrario

Tampoco ha tenido éxito el ponente del Mixto y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, al solicitar a PSC y CC que se dejara la tramitación de esta Ley sobre la mesa y no se apruebe debido a “la peligrosidad y arbitrariedad” de la misma.

Por lo tanto, todo hace indicar que la Comisión de Presupuestos prevista para el próximo 20 de enero aprobará el dictamen con los únicos apoyos de los grupos que apoyan al Ejecutivo regional sin contar con ninguna aportación de la oposición, a la que tampoco se hará caso en el pleno de febrero en el que se aprobará la nueva legislación.

Y es que, pese a las modificaciones introducidas por los grupos socialista y nacionalista, la Ley faculta al Gobierno de Canarias a que, a propuesta de su presidente, una determinada inversión sea declarada estratégica, lo que permite a sus promotores una reducción a la mitad de todos los plazos en los trámites burocráticos en las administraciones regional, insular y local.

Rodríguez ha denunciado que el texto que apoya el Pacto concentra el poder para determinar este tipo de inversiones sólo en el Ejecutivo regional, sin la participación del resto de las administraciones públicas canarias que se van a ver afectadas por el mismo.

Innovación,Viabilidad y Creación de empleo

Precisamente, el Pacto defiende que sus dos enmiendas si concretan, como pedía el Grupo Popular, el carácter estratégico de las inversiones, ya que deberá ponderarse “su impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo”.

Otro de los criterios para que una inversión sea estratégica es que deben estar encaminada al turismo, las energías, la industria, la innovación, las nuevas tecnologías, o el tratamiento y reciclado de residuos“. Además, el proyecto debe ser capaz de atraer inversión tanto pública y privada y ”resultar viable desde el punto de vista jurídico, económico y financiero“.

Sin embargo, los ponentes de la oposición insisten en que se mantiene el “dedazo presidencial”, toda ya que el referido Comité está “hecho a la medida” del presidente para que éste decida los proyectos que merecen ser impulsados y los que no, beneficiándose los primeros de ventajas administrativas que se les negará al resto de iniciativas empresariales.

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