El Ayuntamiento de San Bartolomé echa un pulso a la familia del conde de la Vega Grande por un aerogenerador

Para sus propietarios, la familia del conde de la Vega Grande, la mayor estirpe aristocrática de la isla de Gran Canaria, es un aerogenerador silencioso y de autoconsumo. Para los vecinos de las colindantes cuarterías de Juan Grande, barracones de treinta metros cuadrados construidos en los años sesenta para alojar a los aparceros del tomate al servicio de la nobleza, es una pesadilla, una maniobra de los dueños para intentar desahuciarlos del lugar como ya pretendieran hace más de dos años, antes de la Semana Santa de 2017, cuando dos operarios irrumpieron con la piqueta, a primera hora y sin previo aviso, para demoler una vivienda.  

El aerogenerador fue instalado a finales de septiembre y, según el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, carece de licencia, de título habilitante. Tras recibir la denuncia de los vecinos, que se quejaban del insoportable ruido de la instalación, el gobierno municipal decidió abrir un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística para devolver la finca a su estado original y, por lo tanto, desmontar el molino. Como medida provisional, planteó la suspensión inmediata de la actividad del aerogenerador, bajo el apercibimiento de un corte de suministro eléctrico en la finca en caso de incumplimiento. El pulso estaba echado.

Según fuentes municipales consultadas por este periódico, aunque detuvieron el molino hace aproximadamente diez días, los propietarios no contestaron a ese requerimiento, una circunstancia que ha acarreado la incoación de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento que podría concluir con la imposición de una multa. Los técnicos de Urbanismo ven ilegalizable la infraestructura. Sostienen que la ficha del Plan Insular de Ordenación (PIO) para esa parcela no autoriza la instalación de parques eólicos.

La versión de la familia condal es muy diferente. Una voz autorizada de la empresa que administra la finca ha explicado que los permisos se obtuvieron por silencio administrativo, después de que el Ayuntamiento no contestara a su solicitud de licencia en el plazo de tres meses habilitado para ello. Los propietarios entienden, además, que tanto la Ley del Suelo, aprobada en 2017 durante la Presidencia de Fernando Clavijo (CC), como el propio PIO permiten la instalación de un aerogenerador en suelo rústico de protección económica siempre que se destine a autoconsumo y que no exceda de una potencia de 100 kilovatios (Kw).

La representación legal de la empresa recalca que se trata de normas de aplicación inmediata, con un rango superior al Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana, y que así se lo ha expuesto al Ayuntamiento en dos escritos remitidos en este último mes que, según las mismas fuentes, no han recibido contestación. Señala, además, que el PGO de la localidad sureña establece “las zonas donde se puede instalar” un aerogenerador, pero en esa parcela concreta de Juan Grande “no lo prohíbe”. La finca condal es un complejo con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico en 1996, es en la actualidad un recinto destinado a la celebración de eventos y también alberga un museo.

Para la empresa de la familia condal, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, gobernado desde junio por un cuatripartito liderado por el PSOE y secundado por NC, CC y Ciudadanos, “no ha valorado ni ha querido ver” las cuestiones que ha planteado en los últimos tiempos y, en cambio, le ha exigido que aporte una concesión de la Consejería de Industria para instalar el aerogenerador cuando, según su tesis, ya no es necesaria. Sus abogados subrayan que desde hace un tiempo en Canarias ya no opera el régimen de concursos públicos para este tipo de instalaciones, sino el de autorizaciones, y que, en el caso de los molinos de autoconsumo, tan solo se requiere una comunicación previa al área que, afirman, ya han cursado.

Los propietarios aseguran haber suspendido el funcionamiento del aerogenerador como muestra de “buena voluntad” y “bajo la advertencia de daños y perjuicios”, aunque lo cierto es que había una orden de paralización del Ayuntamiento y la amenaza de un corte en el suministro eléctrico en la finca en caso de incumplimiento, una medida que, según el gobierno municipal, también está contemplada en la Ley del Suelo aprobada como medida estrella de Clavijo.

Ruidos

Las fuentes municipales aseguran que los propietarios de la finca están además elaborando un informe para tratar de demostrar que el viento reinante en la zona genera más decibelios que el propio aerogenerador, aunque la empresa lo niega. Los vecinos de las cuarterías de Juan Grande han difundido varios vídeos en los que se puede escuchar el ruido procedente de una instalación que se sitúa a menos de un centenar de metros de sus casas. “Corresponde al Ayuntamiento determinar si se incumplen los valores máximos de ruido”, dicen los dueños.

El Sindicato de Inquilinos, colectivo que está apoyando a los residentes de los barracones como ya hiciera en la crisis de 2017, recuerda además que la norma que regula la explotación de parques eólicos en Canarias, el decreto 6/2015, establece que, en función de la potencia, los aparatos deben ubicarse a una distancia prudencial que cuantifica entre 250 y 400 metros.

El concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, entiende las quejas de los vecinos, que apremian a la administración local a sacar el aerogenerador de su entorno inmediato, pero precisa que el sistema es “muy garantista” con los propietarios y que el procedimiento puede extenderse en el tiempo e, incluso, acabar en los tribunales.