San Bartolomé amenaza con cortar la luz de la finca del conde de la Vega Grande por instalar un molino eólico sin licencia
La Finca Condal Vega Grande, propiedad de la mayor estirpe nobiliaria de Gran Canaria, puede quedarse sin luz en los próximos días. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana amenaza con cortar el suministro eléctrico de este conjunto arquitectónico histórico situado en el pago sureño de Juan Grande, un recinto que en la actualidad alberga celebraciones de eventos. ¿El motivo? La instalación en su interior de un aerogenerador sin licencia, a escasos cincuenta metros de las cuarterías que hoy habitan herederos de los aparceros del tomate que Alejandro del Castillo y del Castillo, octavo conde de la Vega Grande y tío del actual, Alejandro del Castillo Bravo de Laguna, hizo traer del norte de la isla en los años sesenta para trabajar en sus tierras.
El Consistorio sureño ordenó la paralización de las obras la última semana de septiembre a raíz de las denuncias presentadas por los vecinos de estos barracones, a quienes la familia condal intentó desahuciar hace algo más de dos años. Se quejaban del ruido incesante de las aspas y de la escasa distancia del aerogenerador con respecto al núcleo habitacional, muy inferior al mínimo de entre 250 y 400 metros (según la potencia) que fija la normativa que regula la instalación y explotación de los parques eólicos, el decreto 6/2015. “Lo han hecho para amargarnos”, resume Juan Manuel, uno de los 63 residentes en las cuarterías.
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Alejandro Marichal, ha anunciado que el departamento de Disciplina Urbanística incoará este martes un expediente disciplinario a la familia Del Castillo, promotora del aerogenerador, después de que operarios de la finca rompieran el precinto instalado por la Policía Local en cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por el gobierno municipal tras atestiguar que la enorme instalación carece de título habilitante, es decir, no tiene licencia municipal para poder operar.
Según explica el también concejal de Urbanismo, el corte del suministro eléctrico es una de las opciones que contempla la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento de Canarias en la pasada legislatura para este tipo de casos. Marichal ha señalado que el área que dirige ejecutará esta medida siempre que concurran dos factores: que los propietarios del terreno mantengan en funcionamiento el molino y que no dispongan de certificado final de obra. “Si el interesado aporta el final de obra, estas medidas no surten efecto”, ha aseverado.
En declaraciones a Canarias Ahora, Marichal ha explicado que, según le han trasladado de forma verbal los técnicos de la corporación, el Plan Insular de Ordenación no permite instalaciones fotovoltaicas o eólicas en esta zona, por lo que, a priori, el aerogenerador no es “ni siquiera legalizable”. Aun así, el concejal prefiere optar por la prudencia, ya que los promotores de la obra, la familia condal, dispondrán de diez días hábiles para presentar alegaciones tras la apertura de un expediente disciplinario que podría concluir, además de con la inmediata retirada del molino, con la imposición de una sanción económica. Los propietarios ya dispusieron del mismo plazo para contestar a las medidas provisionales de paralización y precinto decretadas por el gobierno municipal, pero no lo hicieron.
El concejal de Urbanismo asegura que la única alegación que ha recibido de la familia Del Castillo ha sido verbal, para defender que se trata de un aerogenerador dedicado única y exclusivamente al autoabastecimiento y, por tanto, sin necesidad de autorización expresa del Plan Insular. Marichal, edil de CC en un equipo de gobierno que lidera el PSOE y del que también forma parte NC, despachará este martes con la jefa de Disciplina Urbanística del Consistorio para plantear los pasos a seguir en relación con el expediente abierto a la familia del conde de la Vega Grande.
“En 48 horas estaba en marcha”
Los vecinos de las cuarterías de Juan Grande se han acostumbrado a los sobresaltos. Antes de la Semana Santa de 2017, dos obreros se adentraron en ellas y comenzaron a derribar uno de los barracones sin previo aviso. El Grupo Inmobiliario Tajonai, propiedad del conde, pretendía desahuciar a sus inquilinos, vecinos que adecentaron con su propio dinero y trabajo las infraviviendas de treinta metros cuadrados que el conde había construido en los sesenta para alojar a los jornaleros del norte de la isla. Así lo hizo constar en una carta dirigida a los vecinos uno de los abogados de la familia Del Castillo. La movilización social logró frenar el desalojo, aunque la amenaza de la piqueta ha continuado latente desde entonces.
Esa amenaza tiene ahora forma de molino. “Empezaron a montarlo hace como tres semanas y en 48 horas ya estaba en marcha”, recuerda Juan Manuel. Desde entonces, las molestias han sido constantes. “Aquí no duerme nadie”. Los vecinos, que cuentan con el apoyo del Sindicato de Inquilinos, no tienen dudas. La instalación del aerogenerador es una maniobra más del conde para lograr su propósito de desalojar a los vecinos de las cuarterías, familias de origen humilde y extracción obrera, muchas ellas integradas por empleados de larga duración. El objetivo de los propietarios es construir en este terreno de 1.800 metros cuadrados una nave industrial.
Al Condado de la Vega Grande de Guadalupe, nacido en 1777, se le atribuye el desarrollo de productos e industrias que cambiaron la economía isleña, como el tomate y el turismo.
