Canarias cuenta con 124 clubes y asociaciones cannábicas

En Canarias existen inscritos oficialmente en el Registro de Asociaciones un total de 124 clubes cannábicos, tal y como reconoce el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, en una respuesta por escrito remitida al portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Álvaro Lavandera.

La isla en la que más establecimientos de este tipo hay es Gran Canaria (45), seguida de Tenerife (43) y Lanzarote y Fuerteventura, con 18 cada una de ellas. Curiosamente, La Palma, La Gomera y El Hierro no cuenta con ningún club cannábico registrado oficialmente.

Según se desprende de los datos aportados por la Consejería de Presidencia, 25 de estos establecimientos tienen sede en la capital de Gran Canaria mientras que 13 están registrados en La Laguna, los dos municipios que más organizaciones no gubernamentales de este tipo tienen, unos clubs concebidos para la producción y distribución de cannabis y sus derivados entre sus miembros.

Todos estos datos han sido recabados a instancias de Lavandera, pues el portavoz socialista cree que “como ha quedado demostrado, este tipo de asociaciones son una realidad en Canarias, y una realidad que no está regulada”.

“Existe un limbo jurídico pese a que está demostrado que estos clubes cumplen una función social al distribuir la planta con fines terapéuticos, por lo que creo que la Consejería de Sanidad debería estudiar este asunto”, ha asegurado Lavandera. “Creo que deben ser regulados, aunque la competencia es del Gobierno del Estado”, apostilla.

Aunque las cantidades varían y no están limitadas al uso terapéutico, estas asociaciones generalmente producen la cantidad suficiente de derivados del cannabis para abastecer a sus miembros, pues está prohibido que vaya a parar a terceras personas, ya que sería considerado tráfico ilegal, aunque cualquier adulto (con el aval de los miembros de la asociación) puede acceder a un club para practicar el uso recreativo del cannabis.

Tiempo de abrir el debate

En parecidos términos que Lavandera se expresa el presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, Juan Márquez, pues aunque considera que “en estos momentos hay que debatir cuestiones sociales mucho más importantes”, sí considera que la IX Legislatura es “el tiempo político en el que el Parlamento debe abrir el debate sobre la regulación de los clubes y sociedades cannábicas”.

“Es la única forma de acabar con que la producción y el tráfico esté en manos de mafias. Yo estudié en Holanda, donde está perfectamente regulado, y ya se sabe que es el país de Europa en consumo de cannabis por debajo de la medida”, afirma.

Y a Lavandera y a Márquez se suma el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, cuyo partido ya abrió el debate públicamente el pasado año durante la precampaña electoral de los comicios autonómicos y locales de mayo: “mantenemos lo dicho en campaña, ya toca debatir este asunto y explorar nuestras competencias reguladoras en esta materia”.

Los tres reconocen que es “es un debate polémico”, por lo que Rodríguez cree que “hay que repasar la legislación internacional y la del resto de comunidades autónomas y hablar con todos los grupos parlamentarios”.

Ambigüedad jurídica sin doctrina fijada

Una polémica que se acrecienta tras la sentencia del Tribunal Supremo del 7 de septiembre de 2015 y que puede poner en peligro este tipo de asociaciones pues, aunque no fija doctrina, sí que establece que ciertos tipos de clubes pueden ser ilícitos, aunque tampoco dice qué tamaño de asociación sería delictivo y cuál no.

El texto, que cuenta con tres votos particulares discrepantes, sostiene de forma ambigua que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones”.

Una puerta abierta a la interpretación judicial pues, como dice la propia sentencia, habría que estudiar “caso a caso”. Además, la propia sentencia condena a cinco miembros de la asociación Ebers de Bilbao a penas de entre tres y ocho meses de cárcel por un delito contra la salud pública al considerar que el tamaño de la asociación (290 miembros) y su estructura (permitir a sus miembros hacer acopio de casi 400 gramos de cannabis) “excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente”.

Precisamente por esta cuestión Lavandera, Márquez y Rodríguez creen que es necesario que Canarias cuente con su propia regulación de estos clubes, tal y como sucede en Cataluña o Euskadi.