Canarias pide la revisión del plan estatal de vivienda para frenar el impacto del alquiler vacacional

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha reclamado este martes la revisión del plan estatal de vivienda para que incluya medidas que puedan aminorar el impacto del alquiler vacacional. Lo hace a pesar de que el Ejecutivo regional lleva más de seis años sin plan de vivienda.

En una comparecencia parlamentaria a solicitud del Grupo Socialista, ha dicho que tanto Canarias como Baleares necesitan de una “mirada distinta” porque se están quedando sin viviendas para la población residente, de ahí que solicite también un incremento de los fondos para aumentar el parque de viviendas públicas.

Valido ha insistido en que el alquiler vacacional tiene un “impacto tremendo” en determinadas zonas del archipiélago, si bien ha explicado que “no es un problema único” de Canarias, pues está repartido “por medio mundo” y en todos sitios se “ha fracasado” en su regulación.

“No demonizo el alquiler vacacional, ha venido para quedarse”, ha indicado, espetando a los socialistas que le pregunten a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, si ha aplicado medidas que han ayudado a su contención.

La consejera ha comentado que aunque el Gobierno trabaja en la regulación a través de un decreto, se trata de un “tema de Estado” que “va más allá de Canarias”, y entiende que la “única manera” de tratar de ordenar el sector es a través de la legislación estatal.

En ese sentido, ha valorado la propuesta del nuevo Gobierno socialista de modificar la ley de arrendamientos urbanos introduciendo nuevas medidas como ampliar de tres a cinco años el contrato mínimo de alquiler para no liquidar contratos cuando haya oportunidades de negocio; aplicar beneficios fiscales a propietarios e inquilinos; que no se puedan subir las rentas de alquiler por encima del IPC o que los municipios fijen un precio de alquiler de referencia por distritos.

“No sabemos si estas medidas llegarán a buen puerto, no será nada fácil para un Gobierno en minoría, pero nosotros no podemos hacerlo”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su deseo de que los consejeros de Vivienda socialistas que criticaban el plan estatal de vivienda “no hayan cambiado de opinión, sigan pensando lo mismo y tengan el valor de pedir lo que pedían cuando estaban en la oposición”.

El plan de vivienda autonómico, a información pública

En cambio, sí es competencia de Canarias su propio plan de vivienda, que la próxima semana sale a información pública, donde se incluye la compra de suelo para reactivar la construcción de vivienda protegida o medidas de protección para jóvenes y mayores.

Valido ha incidido en que los distintos Gobiernos de España han intentado abordar de distintas maneras el “problema gordo” del acceso de los ciudadanos al derecho a la vivienda, que se agravó con la crisis que motivó que muchas personas perdieran sus casas y las Comunidades perdieran fondos para viviendas y muchas obras fueran paralizadas “cuando se salvaban bancos mientras había desahucios”.

Sobre la compra de viviendas a los bancos, ha admitido que la mayoría de los lotes de viviendas que ofrecen las entidades “no están en condiciones”, en algunos casos porque hace falta mucha inversión y en otros por problemas de planeamiento.

Asimismo, ha dicho que como administración pública no puede “alimentar” la especulación adquiriendo inmuebles a precios altos.

La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo, ha dicho que la Consejería no aporta “nada de nada” cuando es una de las “más afectadas” por el alquiler vacacional, sobre todo porque los trabajadores del sector turístico tienen dificultades para acceder a una vivienda en zonas próximas a sus empleos.

Ha dicho que la retirada de inmuebles del mercado para residentes “encarece los precios”, poniendo como ejemplo que maestros y médicos no pueden costear los alquileres en Fuerteventura y Lanzarote. “O es ajena a esta realidad o se resigna”, ha apuntado.

Corujo ha aplaudido la decisión del Estado de establecer “unos mínimos” para regular esta modalidad, sin ocultar que la tarea del Ejecutivo canario es “muy complicada”, pero cree que debe dar el paso aún a riesgo de equivocarse.

Ha alertado de que hay fondos de inversión “comprando edificios a precio de coste” para competir con los hoteles, y frente a ello, el Gobierno “no hace la misma operación” para sacarlos al mercado como viviendas sociales.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto, ha comentado que en Canarias no hay una estrategia turística definida, lo que empeora el efecto del alquiler vacacional, ya que el precio del alquiler de vivienda se ha duplicado en las zonas turísticas.

Ramos no ha obviado que esta modalidad “es una demanda real” en el sector turístico y ha criticado la “falta de valentía” del Gobierno por entregar su regulación a cabildos y ayuntamientos.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha comentado que la situación en Canarias se ha “agravado” por la falta de política de vivienda del Ejecutivo, lo que ha motivado que el derecho de los ciudadanos esté “absolutamente quebrado”.

Ha demandado una “respuesta política” y con directrices comunes en todo el Estado porque “el descontrol es absoluto”, y en las islas, ha exigido una política específica al Ejecutivo para impulsar la promoción de vivienda pública y protegida.

“Como dejemos el asunto solo en manos locales ganarán los malos”, ha señalado.

Podemos reclama una ley autonómica

Natividad Arnáiz, de Podemos, ha apuntado que el alquiler vacacional es un fenómeno “nuevo” que no está contemplado en la regulación urbanística o en las comunidades de propietarios, por lo que ha reclamado una ley específica en Canarias, como ha hecho Baleares.

Ha tildado de “chapuza” el nuevo decreto del Gobierno y por ello, ha pedido a Valido que demande una nueva ley autonómica e impulse la construcción de viviendas públicas. “El decreto no va a frenar la expulsión de los residentes”, ha indicado.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha criticado la “demonización” que se hace del alquiler vacacional como “culpable” de los problemas de vivienda en las islas, resaltando que es un “nuevo modelo turístico que ha llegado a Canarias para quedarse”.

Ha pedido al Gobierno que regule esta modalidad “con rotundidad y sin esconderse” detrás de cabildos y ayuntamientos, alertando de que si se circunscribe al suelo residencial y urbano, “aumentará más la burbuja”.

Nereida Calero, del Grupo Nacionalista, ha comentado que aparte del alquiler vacacional, hay muchos bancos que se han quedado con viviendas durante la crisis, lo que agrava el “día a día” de muchas familias, con problemas de acceso a las casas “a precios dignos”.

Ha rechazado la “liberalización total” del alquiler vacacional y ha defendido que no haya una regulación uniforme porque los problemas son distintos en cada municipio.