Cierre del aparcamiento Islas Canarias de Arrecife
El alcalde de Arrecife, Cándido Reguera (PP), ha firmado este lunes por la mañana un decreto por el que ordena el cese de la actividad del aparcamiento Islas Canarias y su clausura en un plazo de diez días. De esta forma, el Ayuntamiento considera que se ejecuta la sentencia del año 2006 por la que se declara ilegal la licencia y la actividad del aparcamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había dado diez días al alcalde para hacer cumplir la sentencia.
Además, según el decreto, se declaran ilegalizables 3.188 metros cuadrados del aparcamiento (los que se ubican bajo la carretera, que suponen un 15 por ciento del total de su superficie) y se ordena al promotor que proceda al tapiado perimetral de esa parte y que cierre la salida de vehículos junto al Casino Club Náutico.
La legalización del resto del aparcamiento dependerá de la decisión de la Dirección General de Costas. El aparcamiento se construyó gracias a una concesión de la Autoridad Portuaria de Las Palmas al Ayuntamiento, pero este año pasó la competencia sobre la mayor parte del litoral de la capital a Costas, así que el suelo es dominio público marítimo terrestre, y Costas deberá decidir si es posible continuar con la concesión y la actividad de aparcamiento en ese suelo.
Reguera aseguró que en el año 2006 el aparcamiento podía haber sido legalizable porque en el Plan Especial del Puerto de Arrecife se establecía la posibilidad de ubicar un parking en ese subsuelo, si bien el Plan General de Arrecife no contempla la posibilidad de instalar aparcamientos subterráneos en el municipio.
Respecto a la posibilidad de que los promotores del aparcamiento reclamen una indemnización al Ayuntamiento, Reguera señaló que “da la impresión de que si se tiene licencia y se permite construir, puede haber lugar a indemnizaciones” y destacó que la inversión que se hizo en esa obra fue de 11 millones de euros, pero que espera que no se llegue a indemnizar porque “perderíamos todos”. Según Reguera, el aparcamiento nunca ha generado beneficios.
Preguntado sobre los culpables de que se haya llegado a esta situación, señaló que políticamente los responsables son los que gobernaban entonces, pero que la licencia se dio con todos los informes a favor y que “buscando responsable no resolvemos la situación”. Aseguró que los técnicos municipales consideran que había argumentos suficientes para dar la licencia, aunque “el tribunal no los vio”.
Historia
El parque lo construyó la sociedad Aparcamientos Parque Islas Canarias, constituida por los dueños del Arrecife Gran Hotel y el propio Ayuntamiento, con una participación del once por ciento. La licencia fue concedida por la ex alcaldesa María Isabel Déniz mientras que el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, también lo era de la sociedad mixta público-privada y fue destituido como secretario por incompatibilidad.
La Fundación César Manrique (FCM) interpuso en julio de 2002 un recurso contencioso-administrativo contra la licencia, después de que el Ayuntamiento ignorase tanto la contestación social contra esa obra por parte de diversos colectivos ciudadanos como el dictamen jurídico encargado por esta institución, que fue presentado públicamente y ya alertaba de las irregularidades en que se incurriría de seguir adelante con el proyecto.
Finalmente, el Tribunal Supremo ratificó la anulación de las licencias y la FCM comunicó al Ayuntamiento su disposición favorable para la resolución del conflicto, anunciando su intención de no continuar adelante con la disputa jurídica y dejar en manos de los servicios jurídicos del consistorio los pasos futuros para resolver la situación. Esta posición fue trasladada al consistorio junto a las líneas por donde, a juicio de la FCM, era pertinente avanzar, esto es, a través de la búsqueda de compensaciones a los ciudadanos y al interés general.
El Ayuntamiento de Arrecife, con el socialista Enrique Pérez Parrilla como alcalde, optó, sin embargo, por solicitar la inejecución de la sentencia por imposibilidad material y legal y encargó la solicitud de inejecución de sentencia al ex secretario municipal. Tras esa decisión, la FCM optó por presentar un escrito de alegaciones ante el TSJC en el que se oponía a la pretensión del Ayuntamiento de de no ejecutar la sentencia.
