El juez imputa por cohecho a Julio Romero y Manuel Spínola
El Juez del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Arrecife (Lanzarote), César Romero Pamparacuatro, dentro de la Operación Jable ha imputado por el delito de cohecho a Julio Romero y a Manuel Spínola Perdomo.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el juez ha tomado esta decisión, después de que ambos prestaran declaración en el marco del Caso Unión y dentro de la denominada operación Jable.
Asimismo, a Julio Romero se le ha quedado en libertad sin fianza, además de la imputación por el delito de cohecho; mientras que a Manuel Spínola Perdomo también ha quedado en libertad sin fianza, imputado por el delito de cohecho, y además deberá comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes.
En total fueron ocho los detenidos al comienzo en la Operación Jable sobre el cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades, y que lleva a cabo la Guardia Civil en Lanzarote, están acusados de delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
En esta operación han sido arrestados, entre otros, la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, de Coalición Canaria, el director de una sucursal de La Caja de Canarias y militante del PP, Julio Romero; el técnico de Urbaser en Lanzarote Jacinto Álvarez.
También se arrestó al ex presidente de la patronal turística de Lanzarote (Asolan) Francisco Armas, así como al jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife, que ya fue detenido en la primera fase de la denominada Operación Unión, Rafael Arocha, y al ingeniero del Cabildo insular Manuel Jesús Spínola Perdomo.
La trama organizada más importante de Lanzarote
Esta investigación ha permitido desarticular la trama organizada “más importante” de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en “buena medida” de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
En cuanto a la organización investigada se ha desarticulado a raíz del análisis de la documentación intervenida en el Ayuntamiento de Arrecife, así como a diversos empresarios, en el transcurso de la denominada Operación Unión que la Guardia Civil llevó a cabo en mayo de 2009.
La Operación Jable está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta.
