Los funcionarios protestan contra los recortes de 2010
Unos 2.000 empleados públicos, según los convocantes, se manifestaron este martes en Santa Cruz de Tenerife en contra del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010, que creen “un atentado destinado a menguar la ya deteriorada calidad de los servicios públicos”.
La manifestación fue convocada por la plataforma sindical unitaria, que integran diez sindicatos del sector público, y coincidió con otra protesta similar realizada en Las Palmas de Gran Canaria.
En la capital tinerfeña la protesta partió de la plaza Weyler y culminó en la de la Candelaria, en donde se leyó un manifiesto en defensa de los servicios públicos y de unos presupuestos para los ciudadanos y no “para el contubernio político empresarial que ha venido saqueando estas islas”.
Ana Caballero, representante de CoBas, una de las organizaciones convocantes, dijo que la manifestación ha sido “un éxito” porque por primera vez los empleados públicos se han movilizado “y empiezan a tener seguridad en sí mismos”.
La dirigente sindical consideró que con esta protesta se demuestra que los trabajadores de la Administración autonómica “son los servidores públicos, pero no los servidores de los políticos”.
Añadió que las movilizaciones continuarán este miércoles y el jueves, en sendas concentraciones ante el Parlamento de Canarias, y anunció que se han reunido con representantes de los grupos parlamentarios para intentar que sus demandas sean formuladas en las enmiendas al proyecto de ley presupuestario.
Los manifestantes denunciaron además que las partidas presupuestarias para 2010 introducen congelaciones salariales, reducción de plantilla y paralización de acuerdos alcanzados anteriormente con los sindicatos.
A su juicio, estas medidas están “tramposamente justificadas” con la crisis y suponen “un paso más” en el camino para terminar con la negociación colectiva y el derecho laboral.
Para los empleados públicos, también esconden “el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos en beneficio de los centros concertados y de los empresarios que se lucran con la enfermedad, la educación o la atención a las personas más desfavorecidas”.
“Mientras recortan las partidas presupuestarias destinadas a lo social, tienen que hacer frente a indemnizaciones escandalosas por los Tebetos, Tindayas y un extenso listado de mil millonarios etcéteras por andar mercadeando y anteponer los derechos de unos pocos a los de todos”, añaden los empleados públicos.
Por ello llaman a no permitir que “utilicen la ley para imponer sus intereses” y animan a expresar el rechazo “con contundencia”, pues de lo contrario “se sentirán legitimados para continuar gobernando de espaldas al pueblo”.
En el manifiesto se reclama además una Administración pública canaria al servicio de los ciudadanos “y no de los intereses personales o partidistas de sus dirigentes políticos”.
