Gestionar el uso público de Alegranza sin construir
La familia Jordán-Martinón, propietarios de la isla de Alegranza, asegura que su aspiración es poder “disfrutar” del territorio del que son propietarios desde los años 40, para lo que es necesaria una revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Archipiélago Chinijo. En estos momentos existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que respaldan la posición de los dueños.
Esta revisión consistiría en una flexibilización de los actuales derechos de uso de Alegranza, que hace 24 años fue calificado como Espacio Natural Protegido junto al resto del Archipiélago -conformado además por el Roque del Este y del Oeste y las Islas de Montaña Clara y La Graciosa-.
Sin embargo, según ha confirmado a ACN Press un portavoz de la familia, esto “en ningún caso” supondría desarrollos urbanísticos en la Isla, sino que se permita “una visita ordenada que pueda reportar ingresos para mantener las pequeñas infraestructuras que ya existen”, como son una casa, varios alpendres, un número sin determinar de casetas y dos presas.
En este sentido, los Jordán- Martinón, que son dueños de Alegranza desde hace 66 años cuando la compraron a la familia Benítez de Lugo, afirman que se sienten “más protectores que nadie” de este territorio, y recuerdan que han tenido la oportunidad “de construir o vender a empresarios que pretendían urbanizar la zona” y no lo han hecho.
“La Isla está como está no por la protección pública, sino porque ha estado bajo nuestra responsabilidad”, explican fuentes de la familia, que insiste en que su “empeño” es que todos los canarios -incluidos ellos mismos- “puedan disfrutar del espacio, uno de los más bellos que hay”.
Actualmente la restricción de los usos de Alegranza es elevada, y entre otras cuestiones, establece cupos máximos de visita diaria, prohíbe la posibilidad de fondear embarcaciones, de pernoctar en la Isla o de caminar fuera de los senderos establecidos.
“Los propietarios hemos solicitado desde que se declaró Chinijo como espacio protegido poder disfrutar de la Isla en unas condiciones razonables”, indica el portavoz, que recuerda que “jamás” se han negado a sentarse con el Gobierno de España o el Ejecutivo autónomo “para hablar de posibles ventas o expropiaciones”.
Esta semana el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, Domingo Berriel, aseguró en el Parlamento que intentaría “un acercamiento” con los propietarios de la Isla aunque reconoció la dificultad de alcanzar un acuerdo entre la protección del territorio que pretende el Gobierno de Canarias y “las expectativas” que tiene la propiedad para el mismo.
Sin embargo desde la familia niegan que el Gobierno de Canarias pueda conocer “sus expectativas”, entre otras cuestiones, “porque no se han sentado a hablar con nosotros”. Hace ya ocho meses solicitaron verbalmente a Domingo Berriel una reunión, coincidiendo con la primera sentencia favorable a la familia del TSJC.
Pero desde entonces, no se ha producido, y la “última noticia” es que el Gobierno canario aceptaba que participaran en el consorcio del Archipiélago Chinijo, que discute el convenio regulador del parque, “pero con voz, sin voto y sin la consideración de miembro”, lamentan fuentes próximas a la propiedad, que recuerda que en 24 años “nunca nadie” se ha reunido con ellos.
Una de las cuestiones que se han barajado en este proceso es una “expropiación” forzosa de Alegranza, pero según plantea la Ley de Costas, ésta se podría producir sobre roques o islotes, “pero nunca sobre una Isla, como es el caso”, por lo que ambas partes 'están condenadas a entenderse' antes o después.
