El Gobierno de Canarias asegura que si aplicara el copago de 2014 en dependencia, cerrarían residencias

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, aseguró este miércoles en el Parlamento que si se aplicara el criterio de copago en el sistema de dependencia aprobado en un decreto de 2014 y actualmente suspendido podría producirse el cierre de residencias de mayores y centros de día por la imposibilidad de financiarlos por las administraciones públicas.

Actualmente, ese decreto está suspendido en su aplicación y se aplica un criterio de copago de 1998, por el cual se establece como aportación del dependiente el 75% de la pensión en las residencias permanentes y del 40% en las de día.

En cambio, el decreto de 2014, cuya aplicación está suspendida mientras no haya mejoras de financiación, prevé que se abone como máximo el 90% del coste del servicio y que queden exentas de copago las cantidades equivalentes al IPREM (unos 537 euros mensuales), excluida la atención residencial, entre otros criterios.

La consejera, que compareció en comisión parlamentaria a petición del PSOE, se quejó de que esta cuestión sobre los diferentes métodos de copago de la dependencia por parte de los usuarios de los centros no se lleve “con discreción”, ya que “hay gente muy enfadada porque pagaría menos de lo que está pagando” si se aplicara el decreto de 2014.

La Consejería, las corporaciones locales y las entidades del tercer sector acordaron aplicar el decreto de 1998 cuando al frente del departamento estaba la socialista Patricia Hernández, al entender que de lo contrario las residencias pasarían por dificultades económicas, y Valido dijo que ella se ha limitado a mantener el compromiso asumido por su antecesora hasta que se actualicen los precios de los servicios a su coste real.

“Hay que tener cuidado, porque las entidades pueden salir perjudicadas, esto se llevó con discreción y me apena que se saque”, porque se puede generar una presión que obligaría a aplicar el copago de manera inmediata, avisó la consejera al Parlamento.

Aseguró que su posición “es muy difícil y complicada”, porque ha asumido un compromiso anterior a pesar de que “muchos ciudadanos reclaman que se haga el copago”.

“Corremos riesgos porque no estamos aplicando una de las partes importantes de la ley”, admitió la consejera, y explicó que asume una decisión anterior que le puede recriminar el Estado, por ser el copago una de las premisas de la ley de dependencia.

Pero al mismo tiempo, continuó, “no podemos exigir a determinadas entidades el copago sin colocarlas en una situación de crisis que puede llevar al cierre” y por eso no se puede aplicar el decreto de 2014, ya que los centros necesitan la aportación de los usuarios.

“Independientemente de las autocrítica” que debe hacer el Gobierno de Canarias por el retraso en la aplicación y por la gestión del sistema de dependencia, dijo la consejera, ni el Estado ni el resto de las administraciones públicas “tienen para financiar el 100% del coste de los servicios”, sostuvo, y apuntó que el Estado ni siquiera cubre el 50% a que le obliga la ley.

Por eso dijo la consejera que se alegra de que los grupos parlamentarios se mantengan en su compromiso de no aplicar el copago hasta que se actualicen los precios y a coste real y la cartera de servicios cubiertos a través de la ley de dependencia, que se encuentra en trámite parlamentario.

Valido afirmó que “sin financiación nunca se debió aprobar la ley dependencia”, porque se generaron expectativas que no se podían cumplir.

“El copago es un problema en todas las comunidades autónomas” y si en Canarias “apoyamos brindis al sol y que se elimine el copago significa directamente el cierre”, insistió.

La diputada del PSOE Teresa Cruz afirmó que no es cierto que todos los cabildos apliquen el criterio de 1998, sino que algunos usan el copago previsto en el decreto de 2014.

“No todas las personas en situación de dependencia hacen el mismo copago” y el Gobierno es responsable de que sea igual en todas las islas.

Teresa Cruz demandó que se revise el criterio de pago, puesto que con el método de pagar con un porcentaje fijo de la pensión lleva a que en algunos casos no solo haya copago, sino también “repago y requetepago”.

Si una plaza de día cuesta 650 euros y un depediente con la pensión mínima tiene que aportar el 40% de sus 639 euros de pensión mínima estaría aportando 453 euros, pero no se le descuenta la aportación que realiza la Comunidad Autonoma vía subvención por la ley de dependencia, ejemplificó.

Del mismo modo, agregó, un dependiente con pensión máxima de 2.580 euros aportaría un 40%, muy por encima del precio de referencia de 650 euros de la plaza.

Josefa Luzardo, del PP, se mostró partidaria de aplicar el sistema de 1998 hasta que se encuentre una solución en el trámite parlamentario de la ley de servicios sociales y se adapte el copago al coste de los servicios.

La diputada de Podemos María del Río dijo que el método de copago que se aplica genera desigualdad y se refirió al caso de Agüímes, donde hubo cobro indebido de cuotas cuando el coste estaba ya cubierto por las subvenciones.

Luis Campos, de Nueva Canarias, indicó que es necesario mantener este modelo de transición hasta que se ajuste el coste de las plazas porque si no la mayoría de los centros tendrían que cerrar, aunque se mostró partidario de que en la ley de servicios sociales se ponga un plazo máximo.