Los grupos coinciden en que la ley para mejorar el acceso a la vivienda no palia los problemas, pero los alivia
Los grupos parlamentarios del Parlamento regional han aprobado este viernes por unanimidad el dictamen de la ponencia de la ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias y han coincidido en que esta medida no solucionará todos los problemas relacionados con la vivienda, pero aliviará a los colectivos vulnerables.
Estas opiniones se produjeron durante la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias en la que los grupos han hecho una valoración de las consecuencias de esta ley una vez entre en vigor.
El diputado del grupo parlamentario Socialista, que es el grupo proponente de esta ley, Iñaki Lavandera, ha resaltado que si ha habido acuerdo es porque todos los grupos han cedido para aprobar un texto que, según ha dicho, no va a arreglar el problema de la vivienda, pero que abordará las dificultades de acceso mediante la herramienta de la fiscalidad.
“Hay una realidad de rentas bajas en esta tierra, donde han subido los precios de la vivienda, pero las rentas no han ido equiparándose a esa subida”, ha reflexionado Lavandera.
Esta ley, ha explicado el diputado, ataja las dificultades de acceso mediante medidas fiscales que reducen el coste en el acceso, aumentan desgravaciones al arrendatario y al arrendador para que se incentive la puesta en el mercado de viviendas vacías y sea más atractivo el alquiler de larga temporada que el alquiler vacacional.
Lavandera ha criticado la política de vivienda del Gobierno de Canarias porque no ha solucionado los problemas que devienen del alquiler vacacional y el “poco efecto” de la ley del suelo ya que “no promueve la mejora al acceso de vivienda”.
La diputada del grupo parlamentario Nacionalista Canario Milagros Luis ha manifestado que la ley es un texto “consensuado” y las medidas fiscales que contiene constituyen “un buen aliciente” para el acceso a la vivienda de primera mano y de segunda y facilita el alquiler.
Las administración, ha resaltado, debe tomar medidas dirigidas a personas y colectivos vulnerables y potenciar la adquisición de vivienda.
Luis ha indicado que es “indudable” que la grave crisis económica sufrida durante más de siete años ha tenido efectos “devastadores” en muchas familias que no han podido afrontar el pago de su hipoteca o alquiler.
Del grupo Popular, José Luis Estalella, ha dicho que el dictamen supondrá una reducción de impuestos, algo que “siempre celebran” si supone una disminución en el pago de tributos de cualquier tipo, “especialmente” aquellos relacionados con el acceso a una vivienda digna.
Estalella ha apuntado que en Canarias el problema de la vivienda se debe a la limitación del territorio, la dificultad de aprobar planes urbanísticos, el precio tanto de alquiler como de compraventa y la aparición del alquiler turístico.
“Nos alegra esta rebaja de impuestos aunque sea concreta para un sector”, ha reseñado Estalella, quien ha criticado el “argumento selectivo” que algunos grupos han utilizado para referirse a la rebaja de impuestos como una cuestión negativa para los servicios públicos esenciales.
El diputado del grupo parlamentario de Podemos Manuel Marrero ha afirmado que su partido aboga por que las rebajas fiscales no sean indiscriminadas para cumplir con el “principio fundamental” de redistribución de la riqueza.
“Esta ley surge tras una falta de política de vivienda por parte del Gobierno de Canarias”, ha señalado el diputado de Podemos, que ha agregado que han tenido que plantear sus propuestas jugando “a lo posible frente a lo deseable”.
En Canarias, ha continuado Manuel Marrero, los ciudadanos tienen un problema con su poder adquisitivo y se ha pasado de una época en la que no se podían permitir pagar la hipoteca a otra en la que no se pueden permitir pagar el alquiler.
Del grupo Nueva Canarias, Luis Campos ha aseverado que su grupo no suele plantear iniciativas de este tipo “en los momentos que vivimos” porque su posición es que el Gobierno sea capaz de recaudar los fondos para llevar a cabo una política pública de vivienda capaz de redistribuir los ingresos.
“No hubiésemos impulsado esta ley, pero la vamos a apoyar porque nos parece una medida adecuada ante la ausencia de política pública del gobierno”, ha declarado Campos.
Melody Mendoza, del grupo Mixto, ha apuntado que a nadie se le escapa la necesidad de una política integral de vivienda que dé respuesta eficaz ante el encarecimiento de la vivienda nueva y de los alquileres.
Con esta ley, ha coincidido con el resto de grupos, no se puede dar solución a los problemas, pero es un paso importante en la implicación de los poderes públicos a efecto de facilitar el acceso a la vivienda con medidas fiscales responsables y coherentes que busqun un fin social.
Ha concluido tras asegurar que esta ley no va a repercutir negativamente en los ingresos públicos porque lo que se gana socialmente compensa lo que se pierde en ingresos.
