La inmigración, la corrupción y el Estatuto marcan 2006 en Canarias
Los canarios incorporaron en 2006 una nueva palabra a su vocabulario, cayuco, esa gran piragua de pesca del occidente africano que ha transformado su función para pasar a desembarcar en las islas a más de 30.000 inmigrantes, sin que nadie sepa con certeza los que desaparecieron en el océano.
Pasar de recibir 5.000 inmigrantes anuales a 30.000 ha sorprendido a ciudadanos y autoridades de Canarias, que también tratan de acostumbrarse a un nuevo fenómeno que las islas comparten con otras partes del país: las investigaciones judiciales sobre corrupción política.
Estos dos asuntos han dejado esquinado al que se prometía como el tema político más relevante al comenzar 2006, la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía.
Las imágenes de africanos desembarcando se convirtieron en rutina a lo largo del año, incluso en islas que parecían tan alejadas del fenómeno como El Hierro, y ya en febrero, con la primera oleada procedente de las costas mauritanas, se dispararon las alarmas.
La reacción de los gobiernos central y canario ante Mauritania parecieron neutralizar temporalmente las llegadas, pero sólo hasta que las mafias reorganizaron las rutas y trasladaron las salidas a Senegal.
Entre mayo y septiembre, sobre todo en los dos últimos meses del verano, se produjo la mayor llegada de inmigrantes, que puso a prueba no sólo a los equipos de asistencia, sino también a las comisarías, los juzgados y los saturados centros de retención.
Las autoridades canarias desplegaron una gran actividad para convencer al resto del país de la gravedad de la situación y realizaron una presión constante sobre el Gobierno, que a su vez mantuvo el compromiso de trasladar a todos los inmigrantes que no podían ser repatriados hacia la Península.
El Gobierno convenció a la Unión Europea para desplegar el dispositivo Frontex para la vigilancia de las costas africanas y llegó a acuerdos de repatriación con Senegal que a partir de septiembre permitieron disminuir el flujo, aunque no eliminarlo.
Pero la derivación a la Península no se produjo con los menores de edad. En muchos cayucos llegaban hasta diez de ellos, y se fueron acomodando en instalaciones provisionales hasta que, al superar los 900, el Gobierno canario exigió una solución.
Hubo un compromiso del Gobierno central para dejar 300 menores en Canarias y trasladar 600 a otras comunidades, pero, por falta de implicación de otras regiones, los derivados apenas superaron los 200, mientras seguían llegando más niños en los cayucos.
La investigación judicial de la corrupción tuvo en Canarias el caso del Ayuntamiento grancanario de Telde como el más significado.
Los presuntos sobornos a cambio de concesión de obras condujeron en unos casos a prisión y en otros a los juzgados al alcalde de Telde, Francisco Valido, del PP, y a otros ocho concejales, del total de trece de la corporación.
Finalmente, Valido y cinco concejales dimitieron “no para salir huyendo, sino para salvaguardar el nombre y la imagen de la institución”, dijeron.
El PP también es el partido señalado en el “caso eólico”, con el ex director general de Industria canario Celso Perdomo imputado por facilitar presuntamente información privilegiada sobre un concurso para instalar parques eólicos.
Los casos de presunta corrupción se extendieron a final de año a Coalición Canaria, uno de cuyos más populares líderes, Miguel Zerolo, alcalde de la capital tinerfeña, apareció mencionado en un auto judicial por indicios de cohecho, a la vez que es investigado en un caso de recalificación de terrenos en la playa de Las Teresitas.
La reforma del Estatuto, el asunto político estrella de la legislatura para el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, será finalmente tomado en consideración por el Congreso en febrero, quizás demasiado tarde para que entre en vigor antes de las elecciones.
CC, que gobierna en minoría, y PSOE, que sostiene al Ejecutivo, mantuvieron su pacto para la reforma estatutaria, rechazada por el PP, y también para los presupuestos de 2007.
Pero sea por la proximidad electoral o por la decisión del Gobierno de sacar a concurso la adjudicación de emisoras de televisión digital terrestre, las buenas relaciones se han deteriorado y parece que no se mantendrán el próximo año.
Juan Fernando López Aguilar y José Manuel Soria se medirán por el PSOE y el PP en los comicios, frente a un candidato de Coalición Canaria que aún está por decidir.
