LPGC aprueba un reglamento del taxi que “deja impunes a los floteros”

La Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de forma definitiva durante la mañana de este martes una Ordenanza del Servicio Urbano de Taxi de la ciudad capitalina que permite que un único titular pueda acumular hasta cinco licencias.

El documento, compuesto por seis títulos, 76 artículos, siete disposiciones transitorias y una derogatoria, recibió en un principio alegaciones de Toyota Canarias, Asociación de Asalariados del Auto-Taxi de Canarias, Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), y Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlac).

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, asegura haber comunicado al Consistorio un error en el registro de sus alegaciones, que quedaron reflejadas como las de Martín Domínguez, representante de los Asalariados canarios, según refleja el documento, que dice desconocer.

La Administración municipal señala en un comunicado que de los 58 puntos del articulado que han recibido alegaciones, se han estimado 30 y desestimado 28. Como resultado de este proceso, el documento no ha experimentado grandes variaciones respecto al texto aprobado inicialmente. Asimismo, añade que la nueva Ordenanza, que supone la adaptación plena de la normativa municipal a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y al Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi en Canarias, reportará la modernización del parque de vehículos, que no podrán superar los 12 años de antigüedad.

Entre otros beneficios señalados de el Consistorio, se encuentra el cuidado del Medio Ambiente y la eficiencia energética en la flota de vehículos, la mejora en la seguridad del sector; el incremento del número de taxis adaptados a PMR; un mayor control del intrusismo; y el fomento de mayores ingresos para el sector.

Entre las alegaciones que el Ayuntamiento no ha aceptado, ya que afirma en el mismo comunicado que no son de competencia municipal, se encuentran las relacionadas con el procedimiento para el otorgamiento de las licencias de taxi, la titularidad de las mismas (duración, la no exigencia de dedicación exclusiva, posibilidad de mantenimiento en situación de jubilación, viudedad), el procedimiento de transmisión de las licencias, la posibilidad de ser titular de hasta un máximo de cinco licencias en municipios de más de 200.000 habitantes y más de 1.000 licencias de taxis y el régimen tarifario (tipos de tarifa etc.); y los derechos y deberes de los taxistas y los usuarios. Todas, cuestiones relacionadas con la proliferación de la figura del flotero en la capital grancanaria.

Revisiones cada dos años “como mínimo”

Desestima la petición de la Atlac relacionada con la periodicidad de las revisiones ordinarias, dedicadas a comprobar el cumplimiento de los requisitos para explotar la licencia, y mantiene que las mismas se realizarán cada dos años “como mínimo”, al considerar que, unidas a las que se efectúen con carácter extraordinario, son suficientes.

Además, rechaza la solicitud del colectivo asalariado referente a la documentación a aportar en el acto de revisión, para luego aceptar la propuesta de la Atat y considerar que la aportación del informe de vida laboral actualizado “es suficiente para verificar su obligación de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda”.

Floteros “impunes”

Tanto el Partido Socialista (PSC), como Compromiso por Gran Canaria, lamentan la oportunidad perdida por el gobierno local del Partido Popular (PP) de regular a fondo el sector del taxi en el municipio capitalino tras aprobar un reglamento que consideran que “se queda en lo superficial y deja impunes a los floteros que explotan de forma irregular decenas de taxis cuyos titulares ya están jubilados o han fallecido”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel Mena, reprochó al concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, que “se cruce de brazos dejando total impunidad a esos empresarios que acaparan docenas de licencias y explotan a sus trabajadores”. “Este reglamento se queda sólo en lo ornamental porque por no regular, ni regula el día de descanso que deberían tener los taxistas para repartirse mejor la poca clientela que tienen ahora”, puntualiza.

Por su parte, la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios, manifiesta que “todo lo importante en el sector del taxi lo deja el PP para un desarrollo posterior” y destaca la falta de consenso para sacar adelante este reglamento. “Tampoco se va a crear más empleo, como asegura Sabroso, eso es mentira porque los taxis seguirán en las manos de los cuatro empresarios de siempre”, apostilla.

El portavoz municipal de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, califica de “escanadosa” la aprobación y denuncia que tanto el alcalde, Juan José Cardona, como Sabroso “persisten” en convertirse en “cooperadores necesarios del fenómeno de los floteros al no impedir la multipropiedad de licencias y no endurecer las inspecciones municipales para evitar este hecho”.

“Es inadmisible que tanto la investigación judicial, como la de la Agencia Tributaria y la de la Seguridad Social, se lleven a cabo al margen del Ayuntamiento cuando es éste el titular de las licencias. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no se haya personado en este caso?”, cuestiona.

Vehículo de sustitución

La única alegación presentada por Toyota Canarias y que fue aceptada por el Consistorio introduce la novedad del coche de sustitución. Así, establece que los automóviles pueden ser suplantados temporalmente (dos meses ampliables como máximo en caso de avería grave) en caso de que tengan que ser reparados “siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido”.

Un apartado que se refiere a su vez a los talleres oficiales que ofrecerán este servicio, que “comunicarán al Ayuntamiento una relación de los vehículos destinados a tal fin”.

Otras alegaciones

Otros los asuntos alegados que han sido aceptados, se encuentra la imagen corporativa del vehículo para permitir mayor publicidad; los taxímetros y calibrado de los aparatos; y el carnet de taxista con validez permanente.

Entre los que fueron rechazos se encuentra la uniformidad obligatoria; el distintivo de calidad turística, que permitirá que determinados taxis puedan trabajar en las zonas turísticas de la capital, en función de unos parámetros de calidad establecidos (por ejemplo, en el Muelle de Cruceros); la disponibilidad de datáfono en todos los taxis; y el posicionamiento GPS de todos los vehículos; la capacidad máxima por vehículo (limitación del número de plazas).