La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández alertará este miércoles en el pleno extraordinario del Parlamento de que la nueva ley de Radio Televisión Canaria (RTVC) pone estos dos medios de comunicación públicos canarios “al servicio del presidente del Gobierno de las derechas y responsable de Coalición Canaria, Fernando Clavijo”.
Hernández pedirá la devolución del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias por tres razones fundamentales: la concentración de “un poder excepcional” en una sola persona, el director general; el “debilitamiento” del control del Parlamento y que se ponga “en riesgo” una información plural e independiente.
Este mismo lunes, el PSOE registró también una enmienda a la totalidad por “dinamitar” el pluralismo social y político de RTVC y romper “de forma deliberada” ese equilibrio. Entre las medidas “más graves”, el PSOE ha destacado la supresión de los consejos informativos, “órganos llamados a velar por la independencia, la veracidad y las buenas prácticas periodísticas desde dentro de la propia redacción”.
Nueva Canarias, tras terminar de analizar entre otros documentos el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (CCC), que cuestiona de forma severa la adecuación del PL a la Constitución y a la normativa europea, así como las aportaciones de los profesionales del sector, registró formalmente este martes la enmienda a la totalidad al PL.
El texto impulsado por Clavijo, según NC-BC, “no garantiza la independencia” funcional del servicio público de comunicación audiovisual “ni refuerza la gobernanza democrática” de RTVC. Muy al contrario, sostuvo Hernández, “normaliza excepciones, reduce los contrapesos institucionales y concentra un poder desproporcionado en un órgano unipersonal, el de la Dirección General”.
Para Carmen Hernández, el texto de Clavijo pretende “secuestrar la radio y la televisión de todas las canarias y los canarios para ponerla a su servicio”.
Mantuvo que el CCC advierte de la vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, del principio de seguridad jurídica y del Reglamento (UE) 2024/1083, que exige mandatos estables, independencia editorial y protección frente a injerencias políticas en los medios públicos.
En este sentido, Carmen Hernández criticó la vinculación de los mandatos de los órganos de gobierno de la RTVC al ciclo político de la legislatura y la ausencia de garantías frente a ceses discrecionales.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto, según Hernández, es que “se sustituye de facto un modelo colegiado por un sistema unipersonal”, al permitir que la Dirección General “asuma indefinidamente” las competencias de la Junta de Control sin establecer plazos obligatorios para su constitución. “Esto no corrige el bloqueo institucional”, alegado por Clavijo para presentar esta nueva norma, sino que “lo perpetúa”, afirmó la diputada canarista.
Nueva Canarias–BC considera “especialmente grave” que la ley “debilite el control parlamentario, diluya la participación social y profesional y elimine la garantía de órganos esenciales como los consejos informativos, imprescindibles para salvaguardar la independencia editorial y los derechos profesionales.”
Carmen Hernández subrayó que, en su petición de devolución del PL, se incorpora una defensa expresa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la RTVC, al advertir que la redacción de la disposición adicional séptima abre la puerta a la subrogación obligatoria del personal y a procesos de externalización que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa del servicio.
Un medio público fuerte, en su opinión, necesita profesionales con “derechos, seguridad y autonomía. Precarizar o externalizar a su plantilla es debilitar la calidad informativa y la independencia del servicio”. Reclamó que la legislación garantice la integración del personal como propio del ente público y blinde el empleo frente a decisiones políticas o mercantiles.
Hernández alertó además de la “ampliación injustificada” de las competencias de contratación de la Dirección General, que podrá autorizar contratos de hasta 1,5 millones de euros. Una cifra “desproporcionada” en relación con el presupuesto del ente, y muy superior a la de otros medios públicos de otras comunidades como Madrid o RTVE. “Esta decisión revela un modelo de concentración de poder económico y político incompatible con un servicio público democrático”, recriminó.
La enmienda a la totalidad también se cuestiona la falta de garantías para la producción audiovisual canaria, la elevada concentración de contratación en un solo operador y la posibilidad de externalización de servicios estratégicos, incluidos los informativos, sin blindajes suficientes.
Para Hernández, la RTVC “no puede funcionar como un instrumento del Gobierno de turno, sino como un servicio público al servicio de la ciudadanía, del pluralismo político y de la cohesión territorial”. Por ello, NC-BC defiende la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo de CC y el PP y la elaboración de una nueva norma basada en el “consenso parlamentario, el respeto constitucional y al derecho europeo y la participación real” de la sociedad y de los profesionales del sector.
“La información es un derecho fundamental y no puede quedar subordinada a la lógica del poder ni de la del mercado, como tampoco de la urgencia política. Sin medios públicos independientes no hay democracia de calidad”, defendió la parlamentaria de NC-BC.