NC-BC en Mogán pide al interventor municipal que extienda la fiscalización de los contratos menores a julio de 2015

Los ediles de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-BC) en Mogán, Javier Romero y Juan Manuel Gabella, registraron este sábado un escrito dirigido al interventor del municipio en el que le solicitan que extienda el período de fiscalización de los contratos menores a julio de 2015. De este modo, la fiscalización y control de todos los contratos menores se realizaría desde la llegada de Onalia Bueno a la alcaldía de Mogán, ha explicado el partido.

Los concejales explican que su petición se justifica en la reciente apertura de un tercer procedimiento judicial en el que se investiga el posible fraccionamiento de contratos menores con el fin de evitar el procedimiento que la ley de contratos del sector público establece para, presuntamente, favorecer a determinadas empresas, “evitando la libre concurrencia que consagra dicho cuerpo legal”.

NC firma que tiene conocimiento de “al menos” tres procedimientos judiciales abiertos contra responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán por, supuestamente, “trocear contratos menores”. En este sentido, recuerda que los juzgados de instrucción de Maspalomas número 3 y número 1 están investigando a los concejales Mencey Navarro, Rayco Guerra y a la alcaldesa de Mogán por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por el fraccionamiento de contratos.

Estos hechos, indica NC, constituyen indicios sólidos que debe tener en cuenta el interventor municipal para realizar un control más exhaustivo que abarque un periodo mayor y poder detectar las irregularidades que podrían haber cometido los responsables políticos del Ayuntamiento de Mogán.

Los ediles inciden en su escrito en que “el ámbito temporal de cualquier investigación no debe ser arbitrario, sino responder a la lógica de los hechos fiscalizados y al marco legal aplicable”. En el caso de las presuntas irregularidades en el fraccionamiento de contratos públicos con el objeto de su adjudicación directa, sin sujeción a los principios de publicidad y competencia que rigen la contratación pública, “se estaría frente a posibles actos de prevaricación administrativa, indicativo de otros delitos tales como cohecho, o malversación de caudales públicos que corresponde dilucidar a los juzgados”. 

Para NC resulta “evidente” que, dado que en dos de las investigaciones se habla de contratos anteriores a 2018, el pedido de revisión y control por parte del interventor “debe abarcar un ámbito temporal más amplio y anterior a 2019, ya de lo contrario estaría, en cierto modo, considerando como ajustado a derecho contratos que incumplen la ley de contratos”. 

La función interventora, añade NC, es garantizar que la gestión económico-financiera se ajuste a los principios de legalidad, eficiencia y economía. No extender el periodo de investigación, en su opinión, “compromete no solo el esclarecimiento de la verdad y la posibilidad de restaurar el orden jurídico perturbado, sino también la confianza ciudadana en sus instituciones”. 

Los ediles de NC, Javier Romero y Juan Manuel Gabella, han mostrado su confianza en que el interventor municipal acceda a lo solicitado y revise toda la contratación menor realizada desde que Onalia Bueno es alcaldesa “para garantizar el derecho de todo ciudadano a una buena administración, principio consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y reconocido en nuestro ordenamiento”.