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La reforma del PP: estrategia disfrazada de regeneración

Los socialistas canarios hubieran conseguido 17 alcaldías directas más en 2011, por 13 de CC y 8 de los conservadores

El PP habría obtenido en primera vuelta en las últimas elecciones municipales cinco de las siete capitales del Archipiélago

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El PP pide esperar a conocer su propuesta de reforma electoral antes de "descalificar" y pedir cuentas a Rajoy

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

¿La oposición frontal del Partido Socialista Obrero Español a la reforma electoral que alienta el PP es real o pura fachada, como se dice desde Izquierda Unida (IU) y Podemos, para intentar enmascarar que también beneficia a los del puño y la rosa?

A tenor de los resultados obtenidos en 2011 en los 88 municipios canarios, la propuesta que impulsa el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy sería beneficiosa para los socialistas del Archipiélago, que a sus 14 alcaldías por mayoría absoluta podría haber añadido 17 más si se hubiera aplicado el principio de que gobernara la lista más votada.

En primera vuelta, el PSC-PSOE habría tenido alcaldes sin pactos en Ingenio, La Aldea, Arico, Granadilla, Güímar, Icod, La Victoria, San Juan de La Rambla, Pájara, San Bartolomé de Lanzarote, El Pinar, Barlovento, Breña Alta, El Paso, Puntallana, San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey.

Muchas de esas alcaldías se consiguieron, no obstante. En Arico, Güímar y San Juan de La Rambla el actual mandato partió con socialistas de alcaldes, pero las mociones de censura se encargaron de impedir su continuidad.

Por contra, el PP solo hubiera conseguido 8 más que sumar a las conseguidas en Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Artenara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Valleseco, Arafo y Los Realejos.

No obstante, no es menos cierto que el PP habría satisfecho otro objetivo si el 23 de mayo de 2011 se hubiera aplicado su propuesta: Santa Cruz de Tenerife, la joya de la corona de CC en la Isla, además de Santa Cruz de La Palma (otro golpe al corazón de CC), Arucas, Moya, Santiago del Teide, Arrecife, Tías y Valverde. En total, cuatro capitales insulares que sumar a la grancanaria.

8 alcaldías más y 5 capitales

Está claro entonces por qué el PP impulsa una reforma que en Canarias, y a priori, no le beneficia en número de alcaldías, pero sí en estrategia de ostentación de poder.

Con los números en la mano, y de haberse aplicado la propuesta de los conservadores, tras mayo de 2011 los cabezas de lista del PSC-PSOE habrían ostentado el bastón de alcalde en 31 alcaldías (35,22%) , por 27 de CC (30,68%) y 17 el PP (19,31%), si bien los conservadores habrían gobernado en el 71,42 por ciento de las capitales canarias.

Por tanto, es cierto que el propio PP será a nivel nacional el principal beneficiario de la implantación de esta reforma electoral en las próximas elecciones municipales, una modalidad que, por cierto, se aplica en Canarias en los cabildos insulares y que tuvo el beneplácito en su momento de todas las formaciones políticas.

Una reforma que no impide que, como le sucedió a José Manuel Soria en 2007, pueda ser descabalgado de la Presidencia del Cabildo gracias a una moción de censura. Lo mismo que sucedió a los socialistas en tres municipios de Tenerife.

¿Por qué, entonces, el PP insiste en una propuesta que rechaza el PSOE y que no impide que un alcalde pueda ser censurado días después de investido? Pues porque con la actual legislación electoral en la mano, plazas como Madrid o Valencia, tradicionales feudos del PP, podrían dejar de serlo si, como vaticinan numerosos sondeos y estudios demoscópicos, los conservadores pierden sus respectivas mayorías absolutas.

En la actualidad, cualquier formación política o alianza de formaciones que consiga la mayoría absoluta puede investir al alcalde que quiera de entre los electos. De este modo, los populares han visto en varias ocasiones cómo, siendo la lista más votada, una alianza entre partidos les ha dejado fuera, como sucedió hace tres años en la capital tinerfeña.

Frenar el asalto al poder de la ultraizquierda

Una posibilidad que cobra aún más fuerza gracias al fenómeno Podemos, que restará votos al PSOE y a IU, pero que tendría la posibilidad de facilitar un hipotético asalto al poder de lo que el PP considera movimientos de ultraizquierda.

Contra ese peligro potencial es por lo que el PP pretende alertar a la opinión pública y al electorado que sigue en la órbita de los partidos tradicionales voceando que la reforma electoral es una verdadera regeneración democrática de instituciones y partidos a la que se opone el PSOE con el único objetivo de impedir la voluntad expresada en las urnas.

Es por ese motivo que la dirección de los conservadores está empeñada en crear un estado de opinión favorable y modula dos propuestas a negociar con el PSOE: establecer un sistema doble de baremo (un 40% de los votos para ser opción gobernante y que el primer partido aventaje en un 5% al segundo) para aplicar la obligatoriedad de que gobierne la lista más votada o un sistema de votación con doble vuelta para establecer la lista que debe gobernar.

Esta segunda opción fue llevada en su día como propuesta electoral por el PSOE y su negativa a la misma los pondría en evidencia, una baza que también se baraja desde el PP para debilitar ante la opinión pública la credibilidad regeneracionista de la nueva dirección socialista.

Blindar el bipartidismo

Una reforma que, a nivel nacional, lo que realmente sacraliza es el bipartidismo, pues el 90 por ciento de los ayuntamientos españoles estarían en manos de los dos grandes partidos, según varias proyecciones demoscópicas llevadas a cabo, y supone un claro freno a Podemos y Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Rosa Díez.

Una modificación que se vende como auténtica pero que es un simple parche partidista, pues no va acompañada de verdaderas medidas que garanticen que el derecho al voto no está privilegiado o penalizado en función del partido político al que se decida votar, que no otorga más poder a los ciudadanos para que estos puedan elegir a los candidatos que presentan los partidos en sus listas electorales o que no mete mano a las incompatibilidades para que nadie pueda ostentar el cargo alcalde, concejal, consejero insular y diputado al mismo tiempo.

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