La palabra que más se escucha en las últimas reuniones sobre personal del Ayuntamiento de Telde es colapso. El inminente cese de 21 funcionarios interinos de áreas como trabajo social, contratación o recursos humanos (por haber cumplido el máximo de tres años en el puesto) amenaza la prestación de servicios públicos esenciales en este municipio de más de 100.000 habitantes, el segundo por población de la isla de Gran Canaria, ya menguado en número de trabajadores públicos.
Su alcalde, Juan Antonio Peña (Ciudadanos por el Cambio- Ciuca, ahora ligado a Municipalistas Primero Canarias), sostiene que su gobierno está buscando la solución “jurídicamente más acertada” para evitar que esas plazas queden vacantes el próximo 1 de enero, la fecha límite. “Somos optimistas. Sabemos que lo vamos a lograr”, señala el regidor, aunque aún no precisa cuál es la medida que prevé adoptar para que eso no pase. “Barajamos varias alternativas desde hace meses. Es nuestra principal preocupación”, apunta.
Esos empleados públicos accedieron al Ayuntamiento de Telde a través de listas de reserva de otras administraciones públicas y con el compromiso de que las plazas que ocupan se sacarían a concurso para que pudieran optar a quedarse en ellas, para su provisión definitiva. No ha sido así. Las ofertas de empleo público correspondientes a los ejercicios entre 2019 y 2021 han caducado por no haberse ejecutado en el plazo máximo de tres años -improrrogable, según el Estatuto Básico del Empleado Público-, mientras que la de 2022 (con trece plazas convocadas) fue anulada por la justicia tras una demanda presentada por el sindicato CSIF por no haber contemplado un porcentaje de provisión de plazas por el sistema de promoción interna entre la plantilla de la administración teldense.
Entre medias se aprobó la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que limita a un máximo de tres años la permanencia de un interino en una plaza vacante. Esa ley admite una excepción para que el personal funcionario interino pueda permanecer en la plaza transcurrido ese plazo. Y es que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro de ese trienio, a contar desde la fecha de nombramiento, “y que sea resuelto conforme a los plazos establecidos” en la ley.
El problema es que las convocatorias de Telde no se han ejecutado en los tiempos estipulados y los trabajadores interinos ya han cumplido ese plazo de tres años.
De los 21 interinos afectados, siete son trabajadoras sociales. Fuentes municipales consultadas por este periódico coinciden en que los ceses pueden dejar muy resentido el servicio de valoración, diagnóstico, orientación y acompañamiento, la Unidad de Trabajo Social, que atiende a la población más vulnerable del municipio en la gestión de ayudas económicas, respuesta a los juzgados en casos de desahucios o denuncia de situaciones sociales graves.
En la actualidad, son once las trabajadoras sociales que conforman este servicio, repartidas en seis distritos (tres en Jinámar, dos en el casco, dos en el centro, una en la cumbre, una en la costa y otras dos en medianías). De ellas, cinco son interinas que ya han cumplido los tres años en el puesto y que, por tanto, podrían cesar en dos meses.
El escenario se complica porque de las seis restantes, dos se encuentran en situación de incapacidad temporal y las bajas no se cubren desde hace meses en la Unidad de Trabajo Social. El Ayuntamiento de Telde debe buscar alternativas para evitar que este servicio pierda a más de la mitad de sus efectivos. Según datos internos, el año pasado este servicio atendió a cerca de 26.000 personas, 7.000 más que el año anterior.
De las tres trabajadoras sociales que prestan servicio en Jinámar, por ejemplo, dos son funcionarias interinas que podrían ser cesadas si no se encuentra una solución de urgencia y la tercera está de baja laboral. La profesional que ejerce en la cumbre y las dos que cubren el casco de la ciudad también son interinas con más de tres años en el puesto.
Lista interna de reserva
En las mesas de negociación se han planteado varias alternativas. El sindicato CSIF propuso utilizar el artículo 13 del reglamento de gestión de las listas de reserva de personal funcionario interino del Ayuntamiento de Telde, que prevé la creación de una lista de reserva por promoción interna para funcionario interino o personal laboral fijo.
Esta organización sindical presentó un informe jurídico que defendía esta opción como medida transitoria y extraordinaria que permitiría mantener a los trabajadores interinos u otros mientras se desarrolla el procedimiento ordinario para la provisión definitiva de plazas mediante la oferta pública de empleo de 2025 (contempla 29 plazas, cinco de ellas de trabajo social), un trámite que se podría demorar un año.
Sin embargo, el resto de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde (UGT, CCOO e Intersindical Canaria) consideran que esa propuesta no es viable desde el punto de vista jurídico, puesto que la promoción interna sirve para cubrir vacantes “de empleo superior”, por lo que, a su juicio, no permitiría la conservación de esos puestos de trabajo. El alcalde dice no haber descartado aún esta vía, aunque la supedita a que haya “garantías jurídicas”. “Hay sindicatos que dicen que es una medida irregular. Nosotros estamos barajando todas las alternativas para adoptar la mejor decisión”, dice.
Otra de las vías que se plantean es la convocatoria de un procedimiento abierto y de urgencia para cubrir de forma temporal esas plazas. No obstante, las fuentes municipales consultadas también ven dificultades. En primer lugar, por los plazos, porque los ceses tendrían que producirse el 31 de diciembre y ven poco probable que en apenas dos meses pueda resolverse la convocatoria por más que se aceleren los trámites. Máxime teniendo en cuenta los problemas de personal que ya arrastra Telde en el área de Recursos Humanos.
De hecho, durante las negociaciones con los sindicatos, la administración ha insistido en que, debido a esa falta de recursos, el año pasado se priorizó el proceso de estabilización del personal y no se pudo abordar el problema que ahora se le ha venido encima, agravado por la sentencia judicial dictada el pasado mes de julio sobre la convocatoria de 2022.
Las fuentes consultadas también aluden a la pérdida del saber hacer de las trabajadoras sociales interinas, que conocen a los usuarios y sus necesidades tras años en la administración, y a la necesidad de formar a los nuevos empleados, un proceso que también requiere tiempo y que puede afectar al servicio que se le presta a la ciudadanía.
Aún así, el alcalde mantiene que hay tiempo para encontrar una alternativa que permita mantener los servicios públicos esenciales. “La obligación es sacar concurso público. Nuestra principal preocupación es que esas plazas queden ocupadas, pero no podemos garantizar la continuidad de esas trabajadoras, que ya sabían que no eran personal fijo y que el plazo máximo era de tres años. Estamos analizando el expediente y trabajando desde principios de año con todas las alternativas”, concluye Peña.