De las aguas territoriales al Monte Tropic: cómo puede afectar a Canarias el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara
Marruecos ha retomado una vez más su plan sobre la delimitación de sus aguas y las de España. No es un proyecto nuevo, pero sí es la primera vez que lo hace después de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que alude al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental como otra de las vías para solucionar el conflicto. La determinación de los espacios marítimos por parte del régimen marroquí se convierte en un tema controvertido, pues roza varias cuestiones que entrarían en conflicto con España y, concretamente, con el archipiélago canario. “Debería institucionalizarse que Canarias esté presente en cualquier asunto internacional que afecte a nuestros intereses”, alerta Fernando Ríos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL).
La revista Atalayar publicó hace unas semanas la propuesta del Gobierno de Marruecos en la que se cuestiona la línea divisoria entre ambos territorios y recoge la ampliación de la plataforma continental marroquí y una supuesta explotación conjunta con España del Monte Tropic, un área al sur de Canarias sobre la que el Gobierno español ha pedido extender su plataforma continental. “Hasta ahora se está respetando de facto la línea mediana como límite funcional entre las aguas jurisdiccionales de ambos estados”, aclara Rafael García Pérez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Por eso la frontera entre ambos países siempre se ha considerado de hecho, no de derecho. Hasta el momento, la frontera marítima viene marcada por una mediana, una línea imaginaria que divide en dos partes el espacio comprendido entre Gran Tarajal y Cabo Juby. Con base en esta mediana, España ha establecido su Zona Económica Exclusiva (ZEE), que puede llegar hasta las 200 millas. Sin embargo, Marruecos ha mostrado desde hace años su desacuerdo con esta delimitación.
Este criterio para determinar la distancia de las aguas, conocido como equidistancia, suele ser la vía común utilizada por los estados. Viene reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El otro principio para determinar una frontera marítima es el de la equidad, por el que se tienen en cuenta factores como el volumen de población o la longitud del territorio. Este criterio es el defendido por Marruecos, el cual lo llevaría a cambiar la mediana y, por lo tanto, siguiendo este principio, ganaría territorio marítimo. Para defender esta medida, su gobierno alude a las diferencias territoriales entre Marruecos y Canarias, a “la asimetría geomorfológica entre una costa continental extensa -más de 3.000 km en el caso marroquí- y un archipiélago de extensión limitada” y a que Canarias no es un estado.
Sobre la equidad y la equidistancia, el profesor recalca que son “criterios generales” pero que no hay mandato legal que obligue a los estados a llegar a un acuerdo: “Si España no lo acepta, no se hace; de la misma manera que si Marruecos no acepta la tesis española, no se hace. No tenemos una frontera marítima, entre otras cosas, porque no hay una voluntad de acuerdo entre los dos países, y ante esa falta de entendimiento no existe esa frontera”, matiza García Pérez. El profesor aclara que el principio jurídico para cualquier delimitación de aguas es que aquello que acuerden los estados implicados es lo que se acepta: “No hay normas, no hay reglas, no hay justicias. Es lo que se acepta si se ha producido una negociación diplomática, sin coacción, sin violencia, sin presión”, detalla.
Un plan marroquí sin definición
En cualquier caso, el plan marroquí de delimitación de sus aguas no ofrece detalles sobre el número de millas que tendría su zona económica, ni sobre cómo se delimitaría la frontera en función de su población, orografía, etc. Para Ríos, el Estado marroquí suele moverse en una postura en la que no dice claramente qué acepta y qué no: “Se ha movido en una indefinición, ni sí ni no, porque está cómodo en esa indefinición”, considera. También opina que a Canarias no le beneficia la situación actual de indefinición: “Si hay una definición y seguridad jurídica en la que se precise cuál es el espacio de uno y cuál es el espacio de otro, en principio yo creo que sí beneficiaria a Canarias”, sostiene. En este sentido, la Plataforma por el Mar Canario lleva 25 años reclamando que Canarias sea reconocida ante la ONU como un archipiélago de pleno derecho. Tal y como defiende su director, Domingo Martín, el reconocimiento de Canarias como Archipiélago en esta institución internacional “blindaría a Canarias en lo que respecta a sus aguas interiores a través del perímetro archipelágico”.
Martín critica que la situación actual supone que todas las aguas que superen las 12 millas (el espacio más cercano a la costa y que se denomina mar territorial) de cada isla puede pasar a jurisdicción marroquí. De hecho, el Parlamento de Canarias aprobó el año pasado en este sentido una proposición no de ley para pedir a la ONU el reconocimiento jurídico como archipiélago. Esta propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de VOX. El director del colectivo lamenta que a pesar de que los 88 ayuntamientos de Canarias y los siete cabildos insulares también respaldan la propuesta y que el Estatuto de Autonomía canario reconoce a Canarias como un archipiélago, “el estado español sigue reconociendo a Canarias en un régimen de islas”.
En esta línea, María Esperanza Orihuela Calatayud, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Murcia, explica que el principio archipelágico entiende al archipiélago como un conjunto de tierra y mar y que España con la Ley de Aguas Canarias de 2010 ha intentado provocar un cambio para que el derecho internacional reconozca a cualquier archipiélago, sea estado o no, “esa posibilidad de considerarse como un todo”, detalla.
La última reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 recoge que Canarias constituye un archipiélago, cuyo perímetro viene determinado por lo que se conoce como líneas de base recta, los cuales unen los puntos más extremos de las islas que componen el archipiélago canario. Las aguas que quedan dentro del perímetro se denominan en la reforma del estatuto como aguas canarias. “Canarias tiene trazadas las líneas que unen el archipiélago, lo que no tiene claramente establecido es cuál es el régimen de las aguas que hay dentro de ese perímetro. La ley española de lo que habla es de aguas canarias, pero no especifica qué carácter tiene y qué relación tiene”, señala Calatayud.
Entretanto, España y Marruecos celebraron la semana pasada en Madrid una reunión de alto nivel en la que no se tocó el asunto de la delimitación de las aguas. Tal y como señaló el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, “no se han tratado asuntos que afecten a Canarias, ni directa ni indirectamente”, según le trasladó a través de una llamada telefónica el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.
“Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui”
La ampliación de la plataforma continental por parte de Marruecos hacia el sur es otro de los puntos incluidos en la publicación de Atalayar. El texto señala que “España presentó en 2014 y 2015 solicitudes para extender la plataforma alrededor de Canarias hasta el máximo permitido. Marruecos respondió expresando su desacuerdo, por considerar que los límites propuestos por España se superponen a la plataforma continental frente a sus provincias del Sur”. Sin embargo, el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonizar, el último territorio en esta situación en África. El delegado del Frente Polisario para Canarias, Alisalem Sidi Zein, recuerda que Marruecos “no tiene ninguna soberanía sobre el territorio saharaui” para que pueda delimitar sus fronteras marítimas. “El Frente Polisario, el pueblo saharaui y la República Árabe Saharaui Democrática rechazan y condenan ese intento siempre de querer involucrar a las fronteras saharauis que no le corresponden, en ese intento de delimitar las zonas marítimas y las fronteras marítimas con Canarias”, recalca Sidi Zein. Una supuesta ampliación de la plataforma continental de Marruecos entraría en confrontación con la petición solicitada por España, concretamente en la zona donde se aloja el Monte Tropic, una cadena de montes submarinos, consideradas una prolongación de las abuelas de Canarias“. En esta zona se han descubierto tierras raras, y minerales como el telurio, cobalto o níquel, materiales que pueden ser relevantes para la transición ecológica del futuro.
La explotación de estas tierras raras es un proyecto muy a largo plazo del que tampoco hay muchas certezas. La profundidad del yacimiento hace muy difícil su exploración y explotación y hasta el momento no hay empresas que se hayan interesado en la extracción de los recursos de la zona. García Pérez precisa que no hace falta esperar a una resolución sobre a quién pertenece esta zona para explotarla, ya que se puede hacer a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) de la ONU, que se encarga de la gestión de los fondo oceánicos. “Una compañía privada puede pedir acceder a la explotación de estos recursos y conseguir la licencia por parte de esta institución. Tendría que pagar un canon de explotación que se lleva a cabo a través de la ONU y que se reparte luego entre todos los miembros de la comunidad internacional”, explica. El profesor añade que esto no se ha hecho hasta ahora, quizá porque no hay empresas que vean viabilidad técnica y económica en este proyecto
En cualquier caso, para Sidi Zein el plan marroquí sobre delimitación marítima guarda relación con sus “pretensiones expansionistas”, las cuales buscan llevar a cabo la idea del Gran Magreb, un proyecto que abarcaría una parte de Argelia, de Mauritania, Mali, Ceuta, Melilla y Canarias. “Estas pretensiones las ha utilizado desde su independencia en 1956. Es el sueño expansionista del régimen de Marruecos, el cual no respeta el derecho internacional, no porque lo ignore, sino que lo hace para conseguir sus objetivos expansionistas”, concluye.
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