Crónica

Casi un centenar de personas protestan en Las Palmas contra la negativa de las derechas a blindar el ‘escudo social’

Este miércoles a las 19.00 horas en el parque de San Telmo se han dado cita casi cien personas entre las que se encontraban representantes públicos, colectivos como Derecho al Techo, Mi barco, mi casa o la Asociación de Jubilados de Gran Canaria, pero también caras recientemente conocidas como la de Margarita Sánchez, desahuciada brutalmente de su vivienda en el Muelle Deportivo de Las Palmas. También estaba Loli, de Mi barco, mi casa, que la acompañó hasta el momento en que la Guardia Civil y la Policía Portuaria las arrastraron por en pantalán. Y estaba también la mujer que ha acogido en su casa a Margarita, con el megáfono en mano para recordar que el ataque a las pensiones “es un ataque también al futuro de los jóvenes”. Y también la lluvia.

La protesta, convocada por la plataforma Derecho al Techo y bajo el lema “Contra la derecha que nos echa de casa”, concentración “urgente” quiso visibilizar el malestar ante lo que consideran una “traición política” tras el voto de PP, Vox y Junts contra revalorizar las pensiones al 2,7% para 2026 y la prórroga de la protección a las familias vulnerables que pueden ser desahuciadas ante la imposibilidad de hacer frente al alquiler. La votación en el Congreso se ha saldado con 171 'síes' y 178 'noes'. 

“Estamos hoy aquí porque nos están echando de nuestras casas”, leía Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo. “Y porque quienes tienen el poder de evitarlo han decidido no hacerlo”. Aseguran que esta medida “no es un error técnico ni una anécdota parlamentaria” y señalan a los partidos PP, Vox y Junts como responsables claros. Para los activistas y abogadas que trabajan en estos colectivos, el conocido como ‘escudo social’ servía para evitar, in extremis, desalojos a personas vulnerables sin alternativa habitacional o, en el peor de los casos, para ganar más tiempo y negociar un alojamiento.

“Nos hemos quedado sin las herramientas que teníamos, entre ellas, había una que obligaba a las instituciones a ponerse del lado del más vulnerable, que son los inquilinos y las inquilinas en el caso de Gran Canaria ya que más del 80% de los desahucios que se realizan es por impago de alquileres.” Explica a este periódico Javier Marrero, portavoz de Derecho al Techo.

Y a todo esto, recuerda Marrero, hay que añadir el problema de la turistificación del territorio y el no controlar las zonas tensionadas como se ha solicitado. “Eso va a disparar el aumento de los alquileres superior al de otras comunidades”. A través de estudios que se han realizado, y entre ellos también las publicaciones de los otros sindicatos, Derecho al Techo calcula que serán cerca de 98.000 personas las que se van a ver afectadas por estos contratos.

Los desahucios ‘invisibles’

A ellos se exponen en su mayoría la población joven que tiene su trabajo, que se independizaron, que empezaron a trabajar, “que su sueldo sigue siendo el mismo y que de buenas a primeras se le acaban los contratos, le suben el alquiler y vuelven a la casa de sus padres”. Del desencanto de esa generación con el sistema habla a Canarias Ahora Sofía Olivares de Durán, estudiante de Derecho, que colabora con el colectivo Derecho al Techo y también con el grupo universitario de la Defensa Democrática. El punto más violento a nivel informativo es el desahucio, pero antes se producen otros tipos de presiones que recaen también sobre los jóvenes: el precio del alquiler, compaginar los estudios y varios trabajos, no poder proyectar a medio plazo un plan de vida.

“Nos sentimos traicionados porque no podemos quedarnos cerca de nuestras familias, porque no podemos tener un proyecto de vida y tenemos que irnos, incluso aunque queramos quedarnos en la tierra que nos vio nacer y queramos construir un futuro aquí”, sostiene Olivares.

La infravivienda como recurso antes que la intemperie

Derecho al Techo advierte sobre los casos, cada vez más numerosos, que encuentran de personas que recurren a vivir en infraviviendas ante la amenaza de dormir en la calle. “Alquiler de habitaciones o incluso de espacios no adecuados como cuartos de azotea, garajes, que se da mucho, y en Las Palmas de Gran Canaria está pasando en los locales comerciales, divididos en una serie de habitaciones en donde caben cuatro o cinco personas”, expresa Javier Marrero. “El gobierno de Canarias debe poner en práctica la Ley de Vivienda donde se recoge ponerle un tope a los alquileres”. 

Marrero piensa con inquietud en el futuro activista, nunca fue fácil, pero ahora hay que luchar con menos recursos. “Nos vamos a tener que dedicar a apagar fuegos y estar corriendo, se nos va a ser muy costoso poder seguir luchando, pero lo vamos a intentar y vamos a organizarlo de la mejor forma, empezando por esta concentración urgente que ha sido asombroso que hubiera tanta gente y más con lluvia porque es la forma de poner una semilla o encender una llama”.

Amortiguar el impacto desde las instituciones locales

Para Gemma Martínez Soliño, concejala de Podemos de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía en el Ayuntamiento de Las Palmas, presente en la concentración, bastaría con poner en marcha medidas que ya existen. “Siempre hemos defendido, incluso como Podemos Canarias le afeamos al Gobierno de Canarias que, pudiendo aplicar la Ley de Vivienda, pudiendo poner límite a este problema, porque este es el problema de los alquileres, que no tienen límite, que no paran de subir, pudiendo aplicar la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas, se ha declarado absolutamente en rebeldía”, explica.

Preguntada por Canarias Ahora si desde lo municipal se puede amortiguar el impacto, ahora que no hay escudo, la edil recuerda que “desde lo municipal, tenemos un plan general que podría regular las zonas residenciales y las zonas que son de actividad económica, regular ya de una vez la vivienda vacacional, regular todos esos edificios donde antes vivía gente del barrio que ahora son vivienda vacacional, Airbnb, o se están transformando en hoteles”, plantea. “Claro que tenemos potencial desde el ayuntamiento, nosotras lo hemos estudiado, nosotras se lo hemos propuesto a nuestros socios de gobierno, estamos claramente a la espera porque si para Podemos hay una línea roja en lo que viene siendo el gobierno, es la vivienda”. Y llevarán esa línea roja hasta las últimas consecuencias. “Nosotras hemos venido aquí para cambiar las cosas, si nuestros socios no quieren cambiarlas que lo expliquen ellos, pero nosotros no vamos a seguir en un gobierno que se dice de progreso, que no ataja el problema real que tiene nuestra ciudadanía que es el acceso a una vivienda digna”, sentencia.

El escudo ahora son los activistas

La Diputada del Común, Lola Padrón y representantes de la Plataforma Derecho al Techo mantuvieron este martes una reunión en la el colectivo ha trasladado varios temas relacionados con la emergencia habitacional que padece Canarias, ante un panorama más difícil si cabe para los activistas después de que el Congreso aprobara con los votos de las tres derechas contra de la prórroga de la moratoria de desahucios y otras medidas del llamado 'escudo social'.

Mantienen la conversación dos semanas después del desahucio de la septuagenaria Margarita Sánchez y un día antes de la resistencia de Juan Antonio Martín, un señor del Centro de Mayores de La Dehesa, que no quiere ser desalojado de su cuarto, de su casa, en La Palma “donde tiene su hornillo de café y su armario con su ropa”, según decía en la mañana de este miércoles el afectado en la radio pública canaria.

Entre las medidas planteadas en la reunión, reclaman la aplicación efectiva y con celeridad del Convenio de colaboración para la detección de situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria, suscrito con el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que caduca en julio de este año y cuya falta de aplicación impide que sea conocido y utilizado adecuadamente.

Entre las principales demandas trasladadas, la Diputada del Común compartió la necesidad de que las personas en situación de vulnerabilidad cuenten de forma automática con abogados y abogadas de oficio desde el inicio de la tramitación de un desahucio.

Para el colectivo es fundamental activar puntos de información en los municipios y mancomunidades y que la gente pueda aprender a entender un desahucio antes del lanzamiento y qué opciones tiene antes de quedarse sin casa.