Los cabildos gastaron casi 120 millones de euros en contra del criterio de la Intervención en 2023

Los cabildos desembolsaron casi 120 millones de euros en contra del criterio de la Intervención en 2023, según informes de la Audiencia de Cuentas. La Corporación insular de La Palma fue la que más, con casi 52 millones. Le siguen las administraciones de Tenerife (29,2 millones), El Hierro (24,4 millones), Gran Canaria (8,2 millones) y La Gomera (71.000 euros). Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura fueron los únicos que no realizaron gastos por el estilo.

La causa principal que motivó los reparos del órgano interventor fue la omisión en el expediente de trámites esenciales. En La Palma afectó a todo el gasto contrario al criterio de la Intervención. En Gran Canaria representó el 80,2% del desembolso. En El Hierro el 90,7%; en La Gomera el 16,6% (allí sobresale como primera causa la insuficiencia de crédito o que el propuesto fuera inadecuado); y en Tenerife no se detalla.

La Audiencia de Cuentas no precisa qué gastos fueron aprobados de esta manera en los cabildos. Sí se desglosa en porcentajes si eran contratos de suministros o de servicios y obras, entre otros. Pero no se especifica más allá de eso. La única corporación que recibe una mención concreta es la de Tenerife. El órgano fiscalizador de las cuentas de la administración pública canaria resalta dos áreas de alto costo en el Cabildo tinerfeño cuyo desembolso fue acordado bajo reparos: la conservación y aseguramiento de la viabilidad de la red de carreteras (11,5 millones de euros); y la asistencia a menores y plazas residenciales mayores (7,8 millones) del Instituto Insular de Atención Sociosanitaria.

En Gran Canaria, por su parte, casi un tercio de los acuerdos contrarios al criterio de la Intervención fueron reconocimientos extrajudiciales de crédito. En Tenerife, sin embargo, solo protagonizaron el 2,2% del total.

Una información que sí segrega en detalle la Audiencia es qué entidad de cada cabildo aprobó esos gastos. En Tenerife, por ejemplo, resalta el Instituto Insular de Atención Sociosanitaria, con un 52,2% de los acuerdos. En Gran Canaria destaca el Patronato de Turismo de la isla, con un 45%. En La Palma, más de la mitad del importe contrario a la Intervención fue aprobado por el Consejo Insular de Aguas. Y en El Hierro, la mayoría de los expedientes fueron resueltos por la propia corporación insular, pero una pequeña parte (9,94%) fueron ejecutados por el Consejo Insular de Aguas. En La Gomera, el importe total salió del mismo Cabildo.

Mientras que las corporaciones insulares de Lanzarote y Fuerteventura no reportaron acuerdos contrarios a la Intervención, sí que comunicaron gastos tramitados con omisión de fiscalización previa. Es decir, desembolsos en los que el órgano interventor no tuvo ni siquiera la oportunidad de presentar reparos o no. La primera gastó 8,7 millones así y la segunda, 8,2 millones. Gran Canaria (1,9 millones), Tenerife (224.000 euros) y La Palma (1,7 millones) también lo hicieron.

Varios cabildos han denunciado la insuficiencia de medios personales y materiales en los órganos de Intervención. En Tenerife, de hecho, se subraya la falta de personal en el Servicio Administrativo de Análisis Económico, Sostenibilidad y Control Financiero. Porque con lo que hay “no ha sido suficiente para atender el control interno de la gestión económica, financiera y presupuestaria del Cabildo y de su sector público”.

Otra conclusión relevante que aflora de los informes de la Audiencia de Cuentas es el abuso de la contratación menor en los cabildos. Conviene recordar que estos contratos son ‘a dedo’, sus importes deben ser de menos de 15.000 euros en servicios y suministros y de menos de 40.000 euros en obras, y no pueden tener duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

La Audiencia de Cuentas recuerda además que su uso “debe reducirse a situaciones extraordinarias”. Pero lo verdaderamente extraordinario en los cabildos es la formalización de un contrato que no sea menor.

En El Hierro, de los 1.084 contratos tramitados en 2023, el 98,2% fueron menores. En Gran Canaria (96,2%), Tenerife (89,7%), La Palma (85,3%) y La Gomera (84,7%) los porcentajes son también muy elevados. En Fuerteventura (66,8%) y Lanzarote (67,5%) algo más de dos tercios.

Pero es que ahí no acaba todo. Los informes revelan múltiples irregularidades en el uso de esta modalidad de contratación. Por ejemplo: en Tenerife se encontraron 13 contratos menores de servicios y suministros con importes superiores al umbral de 15.000 euros; en la misma isla se detectaron 120 procedimientos de este tipo con una duración superior a los doce meses, contraviniendo la legalidad; en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro se constató que esta figura se utiliza para cubrir contratos de servicios necesarios que son “recurrentes y panificables”, es decir, que deberían ser licitados.

“Este elevado número de contratos menores, previstos para situaciones excepcionales”, remacha la Audiencia en el informe sobre las cuentas del Cabildo de Fuerteventura, “viene a constatar la inadecuada planificación realizada y una limitación de los principios de publicidad y concurrencia que deben presidir la contratación de las entidades públicas”.