La Sareb niega la vulnerabilidad de una familia en La Laguna porque la madre no trabaja para cuidar de su hijo con autismo

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) quiere desahuciar en San Cristóbal de La Laguna a una familia de cuatro miembros, entre ellos un menor con autismo, para quienes rechaza cualquier informe oficial de vulnerabilidad social que paralice el alzamiento.

La entidad pública, creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos procedentes de la crisis financiera, ha solicitado a la justicia que avale el desalojo previsto para el 28 de noviembre de este mes de un núcleo familiar que ‘okupó’ una de las casi 40 casas que posee en el municipio lagunero.

La Sareb pretende desalojar a estas cuatro personas pese a sendos informes emitidos por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna que constatan la vulnerabilidad social en la que se encuentran.

Se tratan de una madre que trabaja como técnica de sala en un bingo, con un sueldo mensual de 1.200 euros; su hijo, mayor de edad, estudiante de un ciclo de grado superior; su sobrina, en situación de desempleo sin derecho a ayudas; y el hijo de esta, diagnosticado con autismo y pendiente del reconocimiento del grado de discapacidad y situación de dependencia.

Los dos primeros ocuparon irregularmente la vivienda en enero de 2024 “ante la imposibilidad de mantener un alquiler” y la “carencia” de un hogar en ese momento. Habían pasado a convertirse en nuevas víctimas de la emergencia habitacional. Los dos últimos, su sobrina y el hijo de esta, se asentaron en el inmueble en octubre de este año.

El informe emitido por el área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio lagunero declara la vulnerabilidad social de la familia por ser monoparental (dos madres con sus dos hijos), la existencia de un menor con autismo, ingresos económicos por debajo del umbral establecido en la Ley de Vivienda estatal y ausencia de una red familiar de apoyo.

También se reconocen las “dificultades” para el acceso a un alquiler “debido a los requisitos exigidos por inmobiliarias y propietarios (nóminas, avales, etc.), de los que la unidad familiar no dispone”. Y el hecho de que la vivienda ‘okupada’, que tiene luz, pero no agua, es su “hogar habitual, proporcionando un entorno de seguridad y protección”.

El ICAVI hace suyas esas conclusiones en un escrito en el que solicita la suspensión del alzamiento, que estaba previsto para el 18 de noviembre, pero finalmente se aplazó hasta el 28 de este mismo mes. Se ampara en la moratoria antidesahucios para familias vulnerables aprobada en lo más duro de la pandemia, que ha venido prorrogándose desde entonces. Pide al Juzgado de Primera Instancia Número 6 de La Laguna que la paralización sea “por el tiempo necesario” hasta que la familia encuentre una vivienda de alquiler con el apoyo de ayudas municipales y autonómicas.

El Ayuntamiento plantea incluso la posibilidad de que la familia regularice su situación a través de un alquiler social con la propia Sareb. Algo que, según ha podido saber Canarias Ahora, lleva intentando la madre desde que ‘okupó’ el domicilio.

“Vivo con mi hijo, él depende de mí y necesito una vivienda para poder vivir, ya que la situación económica de los alquileres no me permite acceder a uno por lo costosos que están y porque no tengo cómo acceder a ellos sin fiador ni avalista”, le escribió a la Sareb en abril de 2024.

“Me gustaría que se pusieran en contacto conmigo con la mayor brevedad posible, ya que me ha llegado un desahucio en precario y me gustaría que llegáramos a un acuerdo antes de llegar a juicio. No me niego a pagar”, dice la carta.

La entidad pública, sin embargo, no parece dispuesta. No ha respondido a las preguntas de este periódico ni tomado en consideración la pobreza acreditada en la que se encuentra la familia. De hecho, ha cuestionado sus “circunstancias”, reclamando a la justicia que no detenga el desahucio porque, a su juicio, “no se ha acreditado la existencia de una situación de vulnerabilidad”.

La Sareb objeta casi todo. Cuestiona que uno de los hijos, el que es mayor de edad y estudia un ciclo de grado superior, “no trabaja, a pesar de poder”. Le “sorprende” que la madre del niño con autismo haya asegurado que no puede trabajar porque tiene que cuidar del menor. Remarca que esta última no ha especificado “el concepto” de los gastos médicos necesarios para atender a su hijo, cifrados en 340 euros, e incluso recoge que la madre ingresa 320 euros para sufragarlos, “por lo que dichos gastos suponen”, en realidad, “un total de 20 euros”.

La entidad pública pone también en duda el informe por el que se fundamenta que el menor padece autismo. Agrega que “se desconoce quién lo emite, que está incompleto, en tanto que parece que se haya cortado y, además, no refleja la situación actual del menor, por ser de 13 de febrero de 2023”.

“Estamos delante de una vivienda en la que residen tres adultos, y resulta que únicamente uno de ellos se encuentra trabajando, a pesar de que los demás no tienen ningún impedimento de edad ni capacidad para hacerlo”, expone la Sareb.

En su escrito, la entidad pública recuerda asimismo que el primer lanzamiento previsto estaba datado el 6 de mayo de 2025, después de que la justicia denegara la solicitud de suspensión “por entender que no se cumplían los requisitos de vulnerabilidad”. Pero ese desahucio no se ejecutó (dice la Sareb que pidió su paralización “otorgando una larga prórroga” a la familia). Y no fue hasta septiembre de este mismo año cuando reclamó su reanudación.

Un mes más tarde, agrega, conoció que ahora también residían en la vivienda la sobrina de la madre y su hijo con autismo. Y resalta que “no comprende el motivo” por el cual fueron “invitados” a ocupar irregularmente la casa. La Sareb ha pedido que la Policía Nacional o Local asistan a la Comisión Judicial en el acto de lanzamiento “ante la negativa de los ocupantes de abandonar la vivienda y que pueda surgir algún que otro impedimento”.

Por su parte, el partido Unidas se puede La Laguna, a raíz de un comunicado difundido por la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), ha solicitado que “se establezcan unas líneas de trabajo para abordar este desahucio” que incluyan la colaboración entre la Sareb y el Ayuntamiento “en búsqueda de una solución a largo plazo”; que se aceleren los “procesos de emergencia habitacional acordados en pleno y de desarrollo de la Ley de Vivienda”; e impulsar las “acciones aprobadas en materia de ampliar los recursos habitacionales para familias vulnerables”.

Servicios Sociales del Consistorio lagunero no había tenido que auxiliar nunca a la primera madre que ocupó irregularmente la vivienda. Destacan que no existen “antecedentes” en su historial. Hasta que la emergencia habitacional, como a muchas otras, le pasó por encima.