La lucha de la cementera de Arguineguín por mantenerse en el puerto para el desarrollo de su actividad: “Un todo indivisible y necesario”

Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) no cesa en su lucha por mantenerse en el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín (Gran Canaria). La compañía presentó este viernes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria una solicitud de nulidad de la resolución de Puertos Canarios para desmantelar el muelle donde desarrolla su actividad, así como la suspensión inmediata de sus efectos, hasta que se produzca una sentencia firme.

El conflicto gira en torno a la renovación de una concesión para llevar a cabo su actividad industrial desde hace más de medio siglo, con informes técnicos y políticos en contra de su continuidad frente al desarrollo turístico planeado en el plan de ordenación del territorio. 

Hace un año, Puertos Canarios decidió rechazar la petición de la compañía para una nueva concesión que le permitía utilizar el muelle.

Pero hay que remontarse a octubre de 2022, fecha en la que venció la concesión de la cementera sobre el puerto de Santa Águeda. A partir de ese día, el Gobierno de Canarias, titular del muelle, debía decidir entre renovar o transformar el muelle previsto en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria de 2003, que dictamina que deberá ser de uso recreativo y no industrial.

En el anuncio correspondiente publicado en el Boletín Oficial de Canarias dice que “hasta tanto se resuelva el presente expediente”, se mantienen “los derechos y obligaciones de la entidad Ceisa de gestión y explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones en los que se venía desarrollando atendiendo a los títulos concesionales otorgados, girando la correspondiente liquidación del canon”.

Es por lo que, desde entonces, la cementera no ha cesado en su lucha por mantener la concesión en el puerto de Santa Águeda.

Y es que, su actividad se sustenta en tres pilares: la cantera, que está a dos kilómetros de El Pajar, la fábrica y el puerto. El coordinador general de la sociedad, Claudio Piernavieja, en declaraciones a este periódico meses antes de la caducidad de la concesión, manifestó que “el muelle está totalmente integrado en la fábrica y si perdemos la concesión, perderíamos uno de los tres pilares fundamentales. Implicaría tener que transportar las materias primas que entran por aquí por la carretera, entrando y saliendo por otro puerto. Esto supondría meter unos cien camiones al día en la autopista del sur, lo que también implica unas 3.000 toneladas de CO2 al año”, subrayó.

En diciembre de 2024, desde la empresa se consideraron “víctimas de una decisión arbitraria” tras conocer la que el  consejo de administración de Puertos Canario de rechazó la solicitud de una nueva concesión del puerto. La sociedad aseguró que esta decisión“ sólo busca satisfacer los voraces intereses de ciertos integrantes del colectivo empresarial turístico que han puesto su foco en la zona donde se ubica nuestra fábrica”. Se refieren implícitamente a Propiedades Cordiales S.L, empresa turística con proyectos de explotación turística en la zona.

Además, por esas fechas, los trabajadores de la cementera se manifestaron delante del edificio de Usos Múltiples de las Palmas de Gran Canaria donde además tuvo lugar la reunión del organismo autónomo.

Incluso, hubo una decena de informes técnicos favorables para la continuidad de su actividad (a la que aluden desde la cementera) avalados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros organismos. Sin embargo, el órgano competente rechazó la nueva concesión solicitada por Ceisa y optó por no renovar el uso industrial del muelle, apoyándose en al menos un informe jurídico desfavorable, firmado por un cargo “elegido a dedo”, según explicaron las fuentes a este periódico.

Se trata del gerente de Puertos Canarios José Gilberto Moreno, quien dio cuenta de 15 páginas de argumentación y memoria técnica a las que ha tenido acceso esta redacción, que concluye que no se renueva la concesión portuaria para Santa Águeda ni se otorgará una nueva.

Además, con la toma de posesión del cargo de consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC) tras las elecciones autonómicas de 2023, y de la que depende el organismo autónomo, comenzaron a aparecer otros planes para Santa Águeda, más orientados hacia esa explotación turística y recreativa.

La decisión de Puertos Canarios

La empresa considera que la resolución de Puertos Canarios es “frontalmente contraria” al fallo de la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 7 de julio.

En ella, indica la sociedad, se anulaba la desestimación de la solicitud de concesión de Ceisa y se ordenaba retrotraer las actuaciones administrativas para volver a tramitar un nuevo expediente conforme a Derecho.

Además, según detalla la compañía, la sentencia se complementó con un auto aclaratorio que recogía que la cantera, la fábrica y el puerto “son un todo indivisible y necesario para que Ceisa pueda desarrollar su actividad”. 

Aunque Ceisa considera que la actuación de Puertos Canarios, al promover el desmantelamiento de un puerto industrial de estas características, mientras continúa el proceso judicial y existe una sentencia estimatoria de las pretensiones de la cementera, “representa una temeridad inexplicable”.

No obstante, la compañía dice tener “plena confianza” en la justicia y espera que la decisión judicial se resuelva “con la celeridad suficiente para evitar que el daño sea irreversible”.

La cantera de Ceisa

Ceisa posee actualmente la concesión de explotación de una cantera de puzolana natural, un material considerado uno de los mejores aditivos para mejorar la calidad del cemento en cuanto a resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Y la concesión de esa cantera tiene vigencia hasta el año 2046.

La Ley de Costas de 1988 “ampara la concesión del puerto en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor”, según consta en los documentos oficiales que obran en el expediente.

La cementera continúa en su lucha por defender su derecho a recibir esta concesión amparándose en el artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que señala que “cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra autorización para la explotación de recursos mineros por un plazo superior, el titular tendrá derecho a una nueva concesión de ocupación, en este caso del puerto, por un plazo igual al que reste de vigencia a la explotación”. 

“Tenemos la razón porque nuestro argumento es un derecho”, manifestó el coordinador general de la sociedad.

De tener acceso al puerto, tanto para importar materias primas como para exportar el producto elaborado al resto de las Islas Canarias, depende la continuidad y la competitividad de la compañía.