Un único informe negativo pesa más que diez favorables para cerrar una industria histórica en Canarias

El consejo de administración de Puertos Canarios ha decidido este miércoles rechazar la solicitud de la cementera Ceisa para una nueva concesión que le permitía utilizar el muelle de Santa Águeda, en Arguineguín (Gran Canaria), como ha venido haciendo desde hace 70 años. En un comunicado, el Gobierno de Canarias, del que depende este organismo autónomo, subraya que la decisión se ha tomado “sin votos en contra” y que está “avalada jurídicamente”, al tiempo que precisa que solo afecta al uso del puerto, no a los terrenos que ocupa la fábrica de cemento, adquiridos por Ceisa al Conde de la Vega Grande hace más de medio siglo, que están “fuera del dominio público”. “De forma unánime, los representantes del consejo también mostraron su rechazo a las presiones externas recibidas para tratar de condicionar el sentido de su voto”, añadía el Ejecutivo.

Los trabajadores, conocedores de que la no renovación de la concesión portuaria les asfixia en su tarea industrial, se manifestaron el mismo día del acuerdo, delante del edificio de Usos Múltiples en Las Palmas de Gran Canaria donde tuvo lugar la reunión.

Sin la renovación de la licencia portuaria; esto es, poder recibir por mar materia prima, para distribuir después materia prima a todas las islas canarias, la actividad empresarial de Ceisa y los 600 puestos de trabajo que de ella dependen, así como la vida tal como es hoy en el pueblo de El Pajar, está herida de muerte.

Tras conocer la decisión, desde la empresa se reconocen públicamente como “víctimas de una decisión arbitraria, ”que sólo busca satisfacer los voraces intereses de ciertos integrantes del colectivo empresarial turístico que han puesto su foco en la zona donde se ubica nuestra fábrica“. Se refieren implícitamente a Propiedades Cordiales S.L, empresa turística con proyectos de explotación turística en la zona.

Ese único informe desfavorable que ha tumbado una decena de ellos avalados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros organismos, está firmado por un cargo “elegido a dedo”, según explican las fuentes a esta redacción. Se trata del gerente de Puertos Canarios José Gilberto Moreno y su rúbrica da cuenta de 15 páginas de argumentación y memoria técnica a las que ha tenido acceso esta redacción, que concluye que no se renueva la concesión portuaria para Santa Águeda ni se otorgará una nueva.

“Estamos a la espera de la comunicación oficial para plantear las medidas jurídicas oportunas. Vamos a llegar hasta el final con este asunto, porque estamos convencidos de que tenemos la razón”, asevera la empresa en un comunicado.

El curso del procedimiento administrativo era favorable a los argumentos de Ceisa hasta abril de 2023, con la decena de informes técnicos a la que aluden desde la cementera. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y con la toma de posesión del cargo de consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez (CC) y de la que depende el organismo autónomo, el futuro de los trabajadores quedó difuso en el horizonte y comenzaron a aparecer otros planes para Santa Águeda, más orientados hacia esa explotación turística y recreativa.

Ceisa posee actualmente la concesión de explotación de una cantera de puzolana natural, un material considerado uno de los mejores aditivos para mejorar la calidad del cemento en cuanto a resistencia, impermeabilidad y durabilidad. Y la concesión de esa cantera tiene vigencia hasta el año 2046. La Ley de Costas de 1988 “ampara la concesión del puerto en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor”, según consta en los documentos oficiales que obran en el expediente. La cementera sigue defendiendo su derecho a recibir esta concesión amparándose en el artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que señala que “cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra autorización para la explotación de recursos mineros por un plazo superior, el titular tendrá derecho a una nueva concesión de ocupación, en este caso del puerto, por un plazo igual al que reste de vigencia a la explotación”. 

“Tenemos la razón porque nuestro argumento es un derecho”, explica a esta redacción Claudio Piernavieja, coordinador general de Ceisa, que califica la decisión de Puertos de “injusta, arbitraria y poco rigurosa, y que ”desdice la propia gestión que el organismo autónomo ha venido realizando sobre este asunto“.

Y el pueblo también ha hablado

Los vecinos y vecinas de El Pajar, cuya vida transcurre en torno a la actividad de la fábrica de cementos, también ha expresado su opinión a la decisión de Puertos y a través de una cuenta reivindicativa en Facebook y quieren que las tres patas de este banco; puerto, industria y cantera de puzolana, sigan funcionando interconectadas como hasta ahora. Desde un post publicado con fecha de 4 de diciembreinsisten: “Este pueblo no parará con la lucha por defender nuestro entorno y dejar todo como está. Lucharemos mano a mano con Ceisa. ¿Hasta cuando va a durar este interés político, turístico, económico y corrupto?”, se preguntan.

El movimiento vecinal percibe esta lucha como la pugna entre la especulación urbanística y turística contra el tejido empresarial que conecta un pueblo y entrelaza la vida tal como la conocen. Continúa siendo una incógnita cual de los dos modelos se impondrá.