La cementera de Arguineguín pide paralizar el desmantelamiento del puerto de Santa Águeda

Cementos Especiales de las Islas (CEISA) ha solicitado la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para desmantelar el puerto de Santa Águeda, así como la suspensión inmediata de sus efectos, hasta que se produzca una sentencia firme. Esta petición se ha presentado en la mañana de este viernes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Así o ha comunicadola compañía en una nota, donde considera que la resolución de Puertos Canarios es frontalmente contraria al fallo de la sentencia dictada en primera instancia por este juzgado el pasado 7 de julio. En ella se anulaba la desestimación de la solicitud de concesión de CEISA y se ordenaba retrotraer las actuaciones administrativas para volver a tramitar un nuevo expediente conforme a Derecho. Además, la sentencia se complementó con un Auto de Aclaración que recogía que la cantera, la fábrica y el puerto “son un todo indivisible y necesario para que CEISA pueda desarrollar su actividad”. 

La ejecución de la resolución administrativa comportaría la paralización completa o prácticamente total de la actividad industrial de CEISA, al afectar directamente al núcleo logístico y productivo de la empresa. El puerto de Santa Águeda tiene un tráfico de casi medio millón de toneladas al año. Es la vía exclusiva de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de cemento y la puerta de salida del producto terminado a otras islas del Archipiélago.

La decisión de Puertos Canarios promueve actuaciones irreversibles y extremadamente gravosas para CEISA, como la demolición de las instalaciones de un puerto industrial plenamente operativo. Según la compañía, “lo más inaudito es que, en caso de confirmarse la sentencia estimatoria, habría que volver a reconstruir o reinstalar todo lo previamente demolido, generando una duplicación absurda de costes y un despilfarro económico que supera los 38 millones de euros”.

A esta cifra habría que sumar otro tipo de perjuicios de interés general, pues la actuación de Puertos Canarios compromete el suministro de un producto estratégico en el Archipiélago, el empleo de calidad de cientos de trabajadores, la estabilidad del sector de la construcción y la coherencia de las propias políticas públicas de sostenibilidad. La pérdida del puerto industrial implicaría el traslado de materias primas y producto terminado por carretera, con un incremento de la huella de carbono de más de 3.000 toneladas anuales de CO2 transportadas mediante camiones pesados (casi 100 camiones por día).

En este escenario, CEISA considera que la actuación de Puertos Canarios, al promover el desmantelamiento de un puerto industrial de estas características, en el que se desarrolla una actividad estratégica desde hace 70 años, mientras continúa el proceso judicial vivo y existe una sentencia estimatoria de las pretensiones de la cementera, representa una temeridad inexplicable. No obstante, la compañía tiene plena confianza en la justicia y espera que la decisión judicial se resuelva con la celeridad suficiente para evitar que el daño sea irreversible.