La Justicia anula exigir a trabajadores de subcontratas privadas “las mismas condiciones lingüísticas” que a los funcionarios

El TSJPV ha anulado que el Gobierno vasco exija a los trabajadores de subcontratas privadas “las mismas condiciones lingüísticas” que al personal funcionario, según ha informado CCOO en un comunicado. El sindicato ha señalado que viene reclamando “infructuosamente” que se facilite a este personal de subcontratas el aprendizaje de euskera con programas públicos, sin privatizarlo a cargo de los trabajadores, como se ha venido haciendo en Irale con el profesorado de la red concertada.

CCOO ha asegurado que esta sentencia cierra la puerta “a una cascada de despidos” que, “a buen seguro, iban a producirse en las subcontratas al no poder acreditar perfil”. El sindicato recuerda que la “imprescindible garantía” de los derechos lingüísticos también en las subcontratas públicas con contacto directo con la ciudadanía, no justifica la exigencia de las “mismas condiciones lingüísticas” que al personal funcionario, informa Europa Press.

El sindicato entiende que el hecho de que no se planteen esos mismos requisitos a personas trabajadoras de las subcontratas “tiene todo el sentido del mundo”, precisamente debido a que carecen del sistema de liberaciones del personal funcionario “y no se ha garantizado en la legislación ningún tipo de ayuda económica para ellos, tal y como CCOO vino exigiendo en los contactos previos que mantuvo con el Gobierno vasco ante la aprobación del Decreto 19/2024”.

El sindicato ha recordado que no existen partidas económicas para facilitar el aprendizaje del euskera al personal de las contratas de la administración pública. CCOO también ha recordado el caso de la empresa privada que gestiona la Casa de Cultura, dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo, donde a las personas trabajadoras “se les exigió buscarse la vida para acreditar un perfil lingüístico sin ningún tipo de ayuda económica ni de tiempo”, ayuda que el sindicato considera fundamental que esté garantizada. “Dejar los criterios de uso de las lenguas oficiales del Gobierno vasco y sus entidades tal y como estaban redactados significaba que este tipo de situaciones se generalizasen, abriendo la puerta a una cascada de despidos en esas empresas”, ha añadido. Además, ha indicado que la sentencia declara ilegal obligar al funcionariado con C1 a tener que recibir los cursos de formación laboral solamente en euskera, aun habiendo oferta de cursos en ambas lenguas.

Estas regulaciones estaban recogidas en los Criterios de uso de las lenguas oficiales del Gobierno vasco y sus entidades, y en el procedimiento judicial el propio Gobierno intento alegar que se “ha perdido el objeto” del recurso porque el posterior Decreto 19/2024 había rectificado algunas esas disposiciones “abusivas”.

Además, el sindicato ha señalado que el Gobierno vasco pretendió que se negara la legitimidad para recurrir a las organizaciones sindicales, a pesar de que la regulación “afecta de lleno a las condiciones laborales”. Por último, CCOO ha emplazado al Gobierno vasco “a rectificar su deriva” que durante años viene demoliendo las bases pluralistas del pacto de la Ley 10/1982 del euskera.

EH Bildu ha considerado esta sentencia del TSJPV supone “un salto tremendo en la escalada de la ofensiva judicial”. En un comunicado, ha criticado que el fallo judicial echa atrás distintos puntos del acuerdo del Gobierno vasco de 2023 por el que se aprobaron los criterios de uso de las lenguas oficiales en la Administración.

Para su parlamentario Josu Aztiria, es “un nuevo ataque al euskera y a nuestras instituciones”, por lo que, “en este momento, la cuestión del euskera se ha convertido en una cuestión democrática básica que nos interpela a todos los que creemos en la democracia”. Por ello, Aztiria ha considerado “más importante que nunca blindar la seguridad jurídica y nuestra arquitectura jurídico-institucional”, para poder avanzar en la normalización del euskera, una dirección en la que EH Bildu ha indicado que ya ha dado un primer paso con su proposición de ley para la reforma de la Ley de Empleo Público, ya en tramitación en el Parlamento.