El Ayuntamiento de Pérez Llorca consolidó como funcionaria a su pareja con una baremación “poco común” que le dio la máxima puntuación

La polémica en torno al traslado en comisión de servicios de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia sigue en el foco de la polémica.

Como avanzó elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat que dirigía como alcalde el propio Pérez Llorca desde 2015, tenía una retribución de 25.652 euros al año, sin contar pluses, según los datos oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Este miércoles, en la sesión de control de las Corts, el jefe del Consell aseguró que su pareja salió del Consistorio cobrando 38.017,88 euros, lo que arroja un aumento de casi 13.000 euros con respecto al salario de su categoría, un C1. Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará un mínimo de 52.070,50 euros brutos al año.

La Diputación ofertó el pasado 28 de enero la mencionada plaza en comisión de servicios, dos meses después de la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente. Como informó este diario, una vez presentadas las cinco candidaturas al puesto, la corporación provincial escogió una fórmula de valoración que tan solo tuvo en cuenta los días trabajados en la categoría C1 en funciones específicas propias de puestos de secretaria de dirección y no la experiencia en otros puestos con rango C2, lo que descartó al resto de aspirantes con más años como funcionarias.

Una situación similar se dio en el proceso de estabilización que llevó a cabo el Ayuntamiento de Finestrat en el año 2024, con Pérez Llorca como alcalde, cuando Soler logró su plaza como funcionaria de carrera, a pesar de que el presidente afirmó que adquirió esta categoría hace 20 años. En concreto, fueron cuatro las plazas con categoría de administrativo las que se sacaron para consolidar como funcionarios de carrera de la Administración General sin realizar ningún tipo de prueba, examen o entrevista.

A diferencia de otros ayuntamientos o de la propia diputación de Alicante que llevaron a cabo procedimientos de este tipo para reducir el porcentaje de interinos, en el caso del Ayuntamiento de Finestrat solo se tuvo en cuanta la experiencia en plazas de la misma categoría a la que se deseaba acceder sin baremar formación o titulación, por lo que Vanesa Soler que llevaba en su puesto como interina desde 2010 a 2024 obtuvo la máxima puntuación.

Según las bases del procedimiento “se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en puestos de trabajo de igual grupo/subgrupo de titulación, naturaleza jurídica, escala y subescala (y clase), o de categoría laboral equivalente a la de los puestos que se correspondan con la plaza objeto de la convocatoria; siempre que se hayan realizado funciones propias de la plaza convocada, con la siguiente valoración”. En este sentido, “los servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder, a razón de 0,60 puntos por mes completo trabajado en la Administración Local convocante”, siendo la máxima puntuación establecida. La experiencia en otros ayuntamientos se puntuaba a razón de 0,45 puntos, y en otras administraciones a razón de 0,40 puntos.

El tribunal calificador estaba compuesto por un presidente y tres vocales designados por alcaldía y un secretario que podía ser el propio de la Corporación o un funcionario de carrera en quien delegue.

Diversas fuentes consultadas por esta redacción han asegurado que no es normal que estos procesos de estabilización tan solo se tenga en cuenta la experiencia en la propia plaza que se consolida y ponen como ejemplo las bases de otros procedimientos. No significa que nunca se haya hecho, pero insisten en que es poco común y que lo normal es que se tengan en cuenta más variables.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Pola para estabilizar tres plazas de auxiliares administrativos, según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incluyeron además de la experiencia, los méritos académicos con hasta 40 puntos, la superación de procesos selectivos con hasta 8 puntos, o cursos de formación y perfeccionamiento con hasta 24 puntos. También se tiene en cuenta el conocimiento del valenciano (2 puntos), otros idiomas (2 puntos) o titulaciones académicas (4 puntos).

En el caso del Ayuntamiento de Benidorm, en el proceso para consolidar una plaza de agente de igualdad, también se tuvieron en cuenta los méritos académicos y de formación, suponiendo un 40% de la puntuación otorgada, con un máximo de 16 puntos.

La Mancomunidad de Municipios Bajo Segura lanzó un proceso de estabilización de dos plazas de auxiliar administrativo en el que se puntuó, además de la experiencia, la titulación académica, los cursos de formación, los idiomas y el valenciano.

En el caso de la Diputación de Alicante donde también se llevó a cabo un proceso de estabilización, además de la experiencia que se valoraba con 60 puntos, también se puntuaban otros méritos con hasta 40 puntos, como por ejemplo, las titulaciones académicas o el nivel de valenciano y de otros idiomas.

La pareja del presidente entró a trabajar en el Ayuntamiento de Finestrat en 2007. Tras la victoria de Honorato Algado, el alcalde popular empleó en el consistorio a una tanda de 34 simpatizantes del PP, entre ellos a Vanesa Soler, hija de un apoderado del partido. Los siguientes dos años y medio fue secretaria de dirección de la Concejalía de Recursos Humanos, en manos en aquel entonces de la edil Pilar Martínez Salazar.

Aunque constaba como funcionaria eventual, la Diputación de Valencia reconoció ese periodo para otorgarle la comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca. Contando el periodo en que Soler fue funcionaria interina (entre 2010 y 2024) y los dos años siguientes, ya estabilizada como funcionaria de carrera, la candidata se impuso a las otras cuatro aspirantes. La institución provincial no tuvo en cuenta el trabajo en una categoría inferior (de auxiliar administrativo) de una de las candidatas, que se incorporó a la función pública mucho antes (en 1989), dejando vía libre para seleccionar a la funcionaria de Finestrat.