El misterio de si Mazón llamó en la dana desde El Ventorro al alcalde de Utiel: Movistar dice que ha borrado los datos
El misterio, probablemente, nunca se aclarará oficialmente. El expresident Carlos Mazón mantuvo que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, llamó a alcaldes afectados por las riadas, entre ellos el de Utiel, el popular Ricardo Gabaldón, para interesarse por la situación. A pesar de que Utiel fue la primera para la que se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la dana, el entonces jefe del Consell tardó dos horas en pedir —desde el reservado del restaurante El Ventorro en el que compartía mesa y mantel con Maribel Vilaplana— el número del primer edil al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.
Por el contrario, en el listado de llamadas que entregó Mazón a la comisión de investigación de las Corts Valencianes, que también consta en el procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, no figuraba el teléfono del alcalde de Utiel (ni de ningún otro munícipe). Gabaldón tampoco recordaba si el president le llamó aquel día, aunque durante su declaración testifical del pasado 7 de mayo autorizó a la jueza a que se requiriera a la Diputación de Valencia el listado de las llamadas entrantes (él solo conocía las salientes) de su teléfono móvil corporativo.
Sin embargo, el Servicio de Proyectos Técnicos de la institución provincial ha contestado al juzgado que la compañía Movistar informó de que borra esos registros transcurridos doce meses, según consta en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
La Diputación remitió a la compañía telefónica el oficio del juzgado. Y Movistar adujo que el oficio, en todo caso, debía ir dirigido directamente a la compañía para que ésta contestara a la magistrada de Catarroja por un “canal seguro”. En caso contrario, no existiría “cobertura legal para ningún trámite”.
Por otro lado, Movistar adelantaba en su respuesta a la Diputación que los registros solicitados con las llamadas del teléfono de Gabaldón “están ya borrados”, a tenor de la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas.
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