Rajoy recurre la ley navarra de funcionarización que Cardona toma como modelo
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria se queda sin modelo en su intento por convertir en funcionarios a los 639 laborales indefinidos de la Corporación. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha tramitado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley Foral de Acceso a la Función Pública de Navarra, que contemplaba el mismo mecanismo , que ahora queda en suspenso.
El Gobierno de España lo acordó en la reunión que el Consejo de Ministros celebró el pasado 7 de marzo, pero la decisión había pasado desapercibida en Canarias hasta este lunes. Los motivos aducidos por Madrid son que la ley navarra “ignora los principios constitucionales” de “mérito y capacidad”, así como el “derecho fundamental” de todos para “acceder en condiciones de igualdad”, como establece la Constitución.
Aunque la Ley Orgánica de 1982 del Amejoramiento del Fuero reconoce a la Comunidad Foral de Navarra la “competencia exclusiva” sobre el “régimen estatutario de los funcionarios públicos”, ésta debe respetar “los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios”, argumenta el Ejecutivo nacional.
Desde hace meses, el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona (PP) había intentado a través del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias que la Cámara diera cobertura legal a la funcionarización de los laborales del Ayuntamiento, para lo cual el PP llegó a plantear una enmienda a la Ley de Presupuestos de Canarias para 2014 que resultó rechazada por el resto de grupos. El alcalde trató también de movilizar a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), con idéntico resultado.
Pero, a la vista del recurso de inconstitucionalidad planteado por Rajoy contra la ley foral de Navarra que pretendía los mismos objetivos, esa pretendida cobertura legal hubiera sido insuficiente al vulnerarse principios constitucionales como los invocados por el Gobierno de España.
Cardona y su equipo han visto derrotadas sus pretensiones de convertir en funcionarios a los 639 laborales indefinidos del Ayuntamiento no sólo en la vía política, sino también en la judicial. Sucesivos autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han terminado por anularle los presupuestos para 2014 y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que incluía.
