Los socialistas ven intereses oscuros en el acuerdo entre PP y CC para las nuevas camas

El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, advirtió este jueves de que el Parlamento de Canarias se dispone a autorizar nuevas camas turísticas en lo que constituye “una chapuza” de expediente, con dudas sobre su legalidad y basada en intereses oscuros.

Así interpretó el portavoz socialista la decisión del PP y CC de alterar el calendario de reuniones del Parlamento de Canarias para que dé tiempo a que el pleno de la Cámara apruebe la próxima semana, en su última sesión de la Legislatura, la construcción de cuatro nuevos complejos turísticos.

Según la Ley de Directrices, aprobada por unanimidad en abril de 2003, en Canarias hay una moratoria de nuevas camas turísticas, aunque el Parlamento de Canarias puede aprobar algunas excepciones si considera que un proyecto es de interés general por su calidad.

El Gobierno de Canarias remitió la semana pasada a la Cámara cuatro proyectos con 5.500 camas, y ante la falta de tiempo para que salgan adelante, PP y CC acordaron este jueves en la Junta de Portavoces incluir en el calendario de sesiones una reunión de la Comisión de Ordenación del territorio que dé el visto bueno a estos proyectos.

La Junta de Portavoces había decidido el día anterior dejar los expedientes para la próxima legislatura ante la falta de unanimidad para tramitarlos con urgencia.

“Algo ha tenido que pasar, muy serio”, para que se altere la voluntad de la Junta de Portavoces del día anterior, dijo Hernández Spínola, cuyo grupo no asistió a la reunión de este jueves del órgano de gobierno de la Cámara para no legitimar con su presencia este cambio.

“Negociación secreta al margen de las instituciones”

Esta “trapisonda” responde a “una negociación secreta mantenida al margen de las instituciones”, denunció el portavoz socialista, que relató cómo “algunos diputados del PP corrían ayer por la noche por los pasillos de la Cámara” para forzar este cambio de calendario “como si las camas fuesen suyas”, denunció Hernández Spínola, quien apuntó que se están defendiendo “intereses particulares”.

Denunció que el Gobierno de Canarias está ocultando “información muy valiosa a la opinión pública” y advirtió de que los parlamentarios van a pronunciarse sobre unos expedientes “que ni uno sólo ha leído”, puesto que aún no ha dado tiempo ni a repartirlos entre los grupos.

Pidió a Coalición Canaria y al Gobierno que expliquen las compensaciones que van a obtener por aceptar la propuesta del PP para alterar el calendario electoral y advirtió de que este asunto va a acabar en los tribunales y va a suponer que se empantanen los proyectos en perjuicio de los promotores y de la sociedad.

Reclamó que se hagan las cosas bien y que el Parlamento pueda pronunciarse sobre los proyectos “dentro de cuatro o cinco meses”, una vez tramitados con transparencia y con todas las garantías de su adecuación a la legalidad.

Para los socialistas hay dudas sobre la legalidad de estos proyectos, porque la Ley de Directrices daba tres años, que se cumplieron en 2006, para proponer proyectos excepcionales a la moratoria turística.

Además, se limitaban esas excepciones a 3.600 plazas por año, y ahora se presentan de golpe 5.500 camas, con el argumento de que son las acumuladas de varios años en que no hubo otros expedientes.

La tercera duda jurídica parte de que las camas sólo pueden autorizarse en función de la “capacidad de carga” de cada isla, fijada en los planes territoriales insulares, y en el caso de Gran Canaria el Cabildo no ha aprobado su plan territorial.

“El Gobierno debe velar por la seguridad jurídica y por la legalidad” y por tanto estos expedientes deberían tramitarse con transparencia, “hacerlo bien, con reglas claras para todos los empresarios y promotores”, dijo el portavoz socialista.

Denunció las maniobras para forzar a que el Parlamento se pronuncie sin haber podido ver los expedientes e insistió en preguntarse qué intereses privados hay detrás, pero no mencionó ninguno.

Según Spínola, existe el riesgo de que los proyectos “se empantanen” en los tribunales debido a esta actuación de CC y PP y al final el asunto puede acabar “en perjuicios muy graves para los intereses de la sociedad y para los intereses generales”.

Explicó que “no es interés de los socialistas” llevar este caso ante los tribunales, pero puede ser el interés de algunos particulares que se vean perjudicados por este proceder del Gobierno de Canarias.

Aseguró que hay informes jurídicos del propio Gobierno “que ponen tacha de ilegalidad” a esta operación y reiteró que “algo ha tenido que pasar, muy serio”, para que se altere la voluntad previa de la Junta de Portavoces.