El TSJC podría actuar en Mogán como en el caso de los hoteles de Lanzarote
Todo el planeamiento urbanístico de Mogán, el segundo municipio turístico de Gran Canaria por detrás de San Bartolomé de Tirajana, está fuera de cualquier ordenación legal. Desde el Gobierno se ha explicado que el caso detectado por este diario, a raiz de una consulta particular, no es único en el Archipiélago. La costumbre de los ayuntamientos de no publicar en los BOP las normativas que deben regir planes parciales, normas subsidiarias o incluso planes generales de ordenación se ha extendido en los últimos quince años. Y por tanto son ilegales.
Fuentes consultadas por este diario explican que las consecuencias de un planeamiento urbanístico ilegal, como el detectado en el municipio de Mogán, podrían tener un camino similar al caso de los hoteles ilegales de Lanzarote, cuyas licencias han sido anuladas por el Tribunal de Superior de Justicia de Canarias (TSJC). “Teóricamente este tema no tiene solución legal, pero en la práctica pueden haber alguna salida política si los ayuntamientos publican las normativas en los boletines oficiales, pero en muchas sentencias que ya se han dado, para los tribunales no basta su publicación para recuperar actos declarados ya nulos”, apuntan.
Desde la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente canaria se descarta que se produzcan conflictos tan graves como las órdenes de derribo de las viviendas de Hoya Pozuelo, en la costa de Telde, ya que “existe una apariencia de buen derecho con licencias otorgadas por los ayuntamientos”, si bien esas licencias urbanísticas fueron tramitadas ilegalmente y serían declaradas nulas de actuar en cada caso la Justicia, ya que derivan de unos planes o normas que no han entrado en vigor.
Al carecer de efecto retroactivo la concesión de licencias, el incumplimiento de estos ayuntamientos, como el caso de Mogán, de no publicar los articulados de planes parciales, territoriales o normas subsidiarias en el Boletín Oficial de la Provincia, los responsables municipales podrían sufrir consecuencias judiciales de carácter administrativo por otorgar esas licencias sin estar en vigor.
Las fuentes consultadas por este diario confirman que “hay numerosos casos en Canarias, que a veces afectan a todo el municipio, y en otras ocasiones a sólo unas urbanizaciones concretas”, además de que estos casos “van surgiendo a golpe de preguntas de particulares” como el caso del municipio de Mogán, sin que todavía la Justicia haya intervenido.
