La vivienda centra ya la precampaña en Canarias y vuelve al Parlamento con fiscalización a CC-PP: “¿Qué resultados ofrecen 38 meses después?”

Las protestas por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen en Madrid y el hecho de que decayeran los decretos de vivienda en el Congreso ha llevado a adelantar las elecciones y a que este sea el tema que centre la precampaña; también en Canarias. Coalición Canaria, formación que se había mostrado muy crítica con la Ley estatal de vivienda y con los decretos del Gobierno estatal, decidió apoyar el primero de ellos. Después, anunció que daba los pasos para declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria, pero dos años después de haberlo solicitado el Ayuntamiento (gobernado por PSOE, NC y Podemos).

Los partidos políticos son conscientes de que la vivienda es el principal problema para la ciudadanía, según constata el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y el hartazgo por las dificultades de acceso a la vivienda se han traducido en multitudinarias protestas también en Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote, donde se han celebrado acampadas y movilizaciones que derivarán en la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

Coalición Canaria quiere acelerar en vivienda

En plena ola de protestas, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Obras Públicas y Vivienda (dirigida por CC) ha anunciado que sacará a exposición pública el expediente de la solicitud este mes de octubre. El trámite de información pública es de al menos 20 días y, una vez finalizado, se procederá al análisis de las alegaciones presentadas, para lo que se requerirá la emisión de informe al respecto al Ayuntamiento. Será una vez cumplidos todos esos trámites cuando el Ejecutivo regional decidirá si procede declarar la zona solicitada como zona residencial tensionada.

Cabe recordar que en junio de este año el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que si reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero, a su juicio: “No va a servir de nada”.

En este sentido, la diputada Patricia Hernández (PSOE) ha registrado una pregunta en el Parlamento para que este martes el Ejecutivo regional responda si “sigue el Gobierno sin creer que no existe ninguna zona en Canarias que merezca ser declarada zona de mercado residencial tensionado”.

El anuncio del expediente de Las Palmas de Gran Canaria no es el único que ha realizado Coalición Canaria, que este mismo fin de semana declaraba “de urgencia” la tramitación del expediente para la ejecución de una segunda promoción de 26 viviendas protegidas de promoción pública y 26 plazas de garaje en Gáldar, en Gran Canaria. Precisamente, la candidata de CC al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, enumeraba la vivienda como una de las prioridades del trabajo de su formación en Madrid.

El secretario de Organización de CC y diputado canario David Toledo llevará al pleno de este martes la pregunta de cómo “hacer efectiva la limitación de la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes en las islas”, una demanda que el partido de Clavijo quería incluir en las iniciativas estatales en materia de vivienda.

PSOE y NC afean los incumplimientos de CC-PP

El PSOE también quiere responder a este clamor social por la vivienda a través de la precampaña e instituciones como el Parlamento, donde ya promueve un nuevo plan de vivienda para Canarias a diez años vista. El objetivo es que “de una vez por todas”, dice la diputada Elena Máñez el Ejecutivo regional lleve en los presupuestos una dotación para el complemento de vivienda de la renta canaria de ciudadanía (un requisito que viene recogido en este mecanismo que aprobó el Gobierno del pacto de las flores y que sigue sin ponerse en marcha).

“Se han convocado unas elecciones en las que vamos a decidir en qué modelo de sociedad queremos vivir”, aseguró Máñez en unas declaraciones este sábado, que ha puesto por un lado una sociedad en la que se reconozca a la anciana Mari Carmen Abascal, desahuciada de su vivienda en Madrid hace unas semanas y motor de las movilizaciones sociales desatadas tras ese hecho, y, por el otro, una en la que se niega un minuto de silencio por el fallecimiento de esta mujer en las instituciones gobernadas por PP y Vox.

Otra pregunta que plantea el PSOE para fiscalizar al Gobierno de CC-PP es qué “resultado concreto puede ofrecer ante el grave problema de acceso a la vivienda que sufren las familias, los jóvenes y los trabajadores de las islas, después de treinta y ocho meses al frente del Gobierno”.

Nueva Canarias, que prevé cerrar en los próximos días una confluencia de izquierdas para las elecciones generales de 2026, pregunta en el Parlamento “si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas efectivas para atender el clamor social que solicita una política de vivienda protegida y asequible, manifestado por miles de personas en Canarias, o va a seguir permitiendo que sea el mercado especulativo y los fondos buitre quien decida el futuro de la vivienda en el archipiélago”.

Además, el partido liderado por Luis Campos ha registrado la Proposición de Ley (PPL) Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible.

El PP prefiere iniciar la precampaña con inmigración

En materia de Vivienda el PP ha solicitado la comparecencia del consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, para que haga balance de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias durante esta legislatura “para incrementar la oferta de vivienda pública y protegida, movilizar suelo y agilizar la construcción de nuevas viviendas”.

No obstante, los populares vuelven a agitar el debate público con la inmigración y este mismo domingo el grupo parlamentario popular enviaba una nota de prensa copiando a Vox y reclamando ahora que el Gobierno de España “despliegue las fuerzas armadas” para controlar la inmigración.

El diputado popular Jacob Qadri defenderá esta iniciativa en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, según alerta en un comunicado. No obstante, el Congreso de los Diputados ya rechazó el 15 de septiembre una propuesta de la ultraderecha en el mismo sentido sobre Ceuta y Melilla. Entonces el PP mostró su apoyo a la tramitación de la iniciativa del partido de Santiago Abascal, que no obtuvo apoyos suficientes.