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Josefa, la abuela que acabó entre rejas

Josefa Fernández junto a la vivienda en la que vive con su familia, construida en un espacio protegido en el Parque Rural de Betancuria, en Fuerteventura (EFE/CARLOS DE SAÁ)

Lourdes Benítez

Puerto del Rosario —

Un golpe seco estremece a Josefa Hernández. Le recuerda el sonido que hacía la puerta de su celda cada vez que se cerraba de forma automática. A pesar de su corta estancia en el Centro Penitenciario de Preventivos de Tahíche, en el municipio lanzaroteño de Teguise, aún sueña con lo que vivió allí. Fueron cuatro días en los que su mayor miedo era perder a sus nietos. Su delito, según cuenta, “querer cumplir con el mandato judicial pero no tener dinero para hacerlo”.

La historia de Josefa es la de una mujer que ha luchado durante toda su vida por el bienestar de su familia. Su empeño por cumplir con el rol de matriarca hizo que se diera de bruces con la justicia.

Sobre unos terrenos heredados de sus padres, en una colina a la que se accede a través de una red de caminos estrechos y serpenteantes, se levanta la vivienda que llevó a esta mujer de 62 años a prisión. La parte antigua es una edificación humilde, con paredes de madera repletas de grietas, que a buen seguro hacen que el frío de las noches de Fuerteventura le cale en sus huesos. La casa, situada en una zona conocida como Campo Viejo en el Parque Rural de Betancuria y declarado como zona protegida, da cobijo a Josefa, a su hija con un 39 por ciento de discapacidad, a un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo.

La vida de Josefa no ha sido fácil. Se divorció hace 30 años, quedándose sola a cargo de sus siete hijos y dos hermanos pequeños. La única solución que encontró para salir adelante fue dejar Gran Canaria y trasladarse a Fuerteventura con toda su familia. Asegura que crió a sus hijos como mejor pudo a pesar de no recibir la ayuda de su exmarido. “La única pena que me queda es no haberle podido dar estudios a mis hijos”, reflexiona en voz alta con cierta tristeza en su mirada.

Durante todo este tiempo, la economía familiar nunca les permitió buscar un lugar mejor, por lo que se las arreglaron como pudieron para vivir en aquella maltrecha casa. Con los años y el deterioro lógico provocado por el paso del tiempo, Josefa se ve en la necesidad de proporcionar a sus nietos un techo digno y evitar que los servicios sociales pudieran llevárselos de su lado. Fue entonces cuando decidió hacer una ampliación que garantizara la calidad de vida de los menores.

Quince años de pleitos después, la determinación de Josefa por proteger a su familia por encima de todo, cambió el discurrir de su vida.

Notificación del ingreso en prisión

Josefa tenía conocimiento desde 2012 de la sentencia firme del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario que le condenaba a pagar una multa de 700 euros, demoler la ampliación de la vivienda y cumplir seis meses de prisión.

En el juicio, la popularmente conocida como abuela de Fuerteventura, advirtió al magistrado la imposibilidad de hacer frente al coste que supondría derribar parte de la vivienda, pero se mostró siempre dispuesta a hacerlo para cumplir con la ley, como así hizo con la multa que satisfizo gracias a la posibilidad de fraccionar los pagos.

Pasados tres años de aquella sentencia y a través de una notificación, se requiere la presencia de Josefa en los Juzgados de Puerto del Rosario. Allí le informan de la decisión de la jueza de ordenar su ingreso en prisión en un plazo máximo de 10 días. Una medida que no esperaba, por carecer de antecedentes penales. “No soy capaz de comprender qué es lo que no entiende la jueza. Nunca me he negado a derruir mi casa, les he explicado que no puedo permitírmelo, ni tampoco el mudarme a una casa que me permita proteger a mis nietos y a pesar de todo ordenan mi ingreso en prisión” y añade molesta, “lo único que me da rabia de todo esto es que ella piensa que lo he hecho por rebeldía, pero lo cierto es que no he podido hacerlo y no han querido escucharme. Me han tratado como a una criminal llevándome a la cárcel”.

Esos diez días fueron una auténtica locura en la vida de la familia. A pesar de haber solicitado un indulto desde abril de este mismo año, se encuentran con una decisión judicial en pleno mes de agosto que terminaría con Josefa Hernández entre rejas. Sin posibilidad de poner en marcha nuevos recursos que retrasaran su ingreso en prisión, la única salida fue recurrir a los medios de comunicación, para tratar de hacer público un asunto que traspasó las fronteras del Archipiélago; y de forma paralela, iniciar una huelga de hambre que a buen seguro agravaría su diabetes.

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, reconoce que es la primera vez que se tiene que enfrentar a un caso de esta naturaleza, “todo lo que sucedió aquellos días nos tenía desconcertados, el ingreso en prisión nos parecía desproporcionado. Teníamos que apoyar a nuestra vecina, sobre todo por humanidad, porque hablamos de una persona con muy pocos recursos, una familia que ha construido su vivienda en un terreno de miles de metros cuadrados en los que nadie pensó que se estaba cometiendo una infracción urbanística. Por suerte, el apoyo de instituciones, partidos políticos y particulares fue importantísimo. Josefa nunca pensó que la gente la respaldara de aquella manera, y hoy por hoy sabe que no está sola”.

La ola de solidaridad comenzó a inundar la prensa escrita, radios y televisiones, pero fueron las redes sociales y una campaña con la que se recogieron 130.000 firmas en la plataforma digital Charge.org las que hicieron más ruido para tratar de evitar su ingreso en el centro penitenciario de Lanzarote. El consejero del Cabildo de Fuerteventura por Podemos, Andrés Briansó, explicó que “aquellos días tuvimos mucho trabajo, nos encontramos con unas personas completamente desorientadas y desinformadas, no sabían a quién tenían que acudir y no eran conscientes de la gravedad del problema. Lo primero que hicimos fue hablar con ellos para que tomaran conciencia de lo que estaba pasando y que mantenerse en la decisión de no derribar la parte afectada de la casa les acarrearía más problemas. En ese punto y ante la desproporción de la sentencia, lo único que nos quedaba era lograr la movilización social”.

Una campaña en la que “los medios de comunicación tuvieron mucho que ver”, recuerda Cerdeña, “gracias a ellos y las redes sociales todo el mundo se volcó con esta familia mostrándose contrarios a la medida de privación de libertad”. Josefa había dejado de sentirse invisible y empezaba a notar el apoyo de la sociedad y la clase política.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, destaca que este caso “ha activado el músculo solidario que hay en esta sociedad y no ha sido tanto por la vivienda, sino por la injusticia de que Josefa acabara en prisión”. Morales cree que “ha habido unidad social y política, sin colores. Todos han entendido que se trata de una persona que ha luchado por mantener a su familia aunque para ello haya tenido que cometer una actuación que parcialmente no es legal”.

El viernes 21 de agosto se produce el primer intento de traslado a prisión de Josefa. “Recuerdo el camino hacia Corralejo en el coche y ver como a mi hija y a Marcelino Cerdeña les caían las lágrimas. Yo estaba sentada detrás y me quedé bloqueada. Tengo claustrofobia y solo podía pensar en que iba a estar encerrada en un espacio muy pequeño. De pronto no podía respirar y el cuerpo se me quedó muerto”, relata mientras juega con un paquete de tabaco. Fueron los momentos más angustiosos para la familia y para la propia Josefa, que podía escuchar todo lo que sucedía a su alrededor pero era incapaz de comunicarse con normalidad. En su estado, con una subida de tensión y de azúcar, fue necesario su traslado a un centro de salud de Corralejo y posteriormente al Hospital General de Fuerteventura donde esa misma tarde le dieron el alta.

Corta estancia en prisión

El fin de semana sirvió para que la abuela majorera sumiera su destino. “El lunes estaba mucho más tranquila, mis hijos se habían mentalizado y yo solo quería que acabara este sufrimiento”, y continúa Josefa, “pensaba que iba a ser mucho más difícil entrar en Tahíche pero tanto las internas como los funcionarios me lo hicieron todo más fácil”.

Hasta las puertas del Centro Penitenciario de Lanzarote, Josefa llegó acompañada de Marcial Morales y Marcelino Cerdeña. Morales explicó a Canarias Ahora que su presencia allí “estuvo motivada por la desproporción de esta condena. Se trata de una familia de otras tantas, gente pobre pero con valores que ha peleado por su familia. Si ha cometido esta irregularidad es porque ha peleado por los suyos”.

Ha pasado poco tiempo y Josefa narra con mucha tranquilidad lo que vivió durante los cuatro días que duró su estancia en Lanzarote, como si realmente no hubiese conseguido digerirlo todo. Su rostro refleja algo de sorpresa, pareciera que todo aquello se alejara de lo que su mente habría creído que sucedería; y su relato, más parecido a una historia que pasará de generación en generación, como aquellas que nos contaban nuestros abuelos.

Cuando Josefa entró por la puerta del Centro Penitenciario de Tahíche se dio cuenta que aquella era su nueva realidad, “no podía tapar el sol con un dedo y decidí vivirlo de la mejor manera que pudiera”. La primera impresión de los funcionarios del centro fue de sorpresa al ver que Josefa no lloraba, según cuenta, le dijeron que era la primera mujer que no entraba entre lágrimas. Tal vez, producto de su carácter positivo que consigue mantener incluso en los momentos más difíciles.

“La primera noche estaba todavía en una burbuja. Recuerdo que subimos a la celda, y de pronto la puerta se cerró con un sonido estremecedor. Estaba muy asustada y mi compañera me insistía en que mirara por la ventana; tenía que evitar venirme abajo y que apareciera la claustrofobia que sufro cuando estoy en espacios tan pequeños. Por la mañana, fui realmente consciente de lo que estaba pasando y empecé a convencerme de que ese sería el lugar en el que permanecería durante al menos tres meses. Cuando pasadas unas horas lo asumí, las rejas dejaron de importarme; solo pensaba en mis niños porque no quería que se quedaran sin techo”, cuenta Josefa.

Josefa continúa describiendo su experiencia entre buche y buche de café, precisamente lo que más compraba en el economato con una tarjeta que le dieron a su entrada en Tahíche. “Reconozco que entré con miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar allí. Y no es solo que te hayan privado de tu libertad. No puedes hacer nada que se salga de lo que ellos te tienen establecido, y es completamente normal porque estás en una prisión y no en un patio de recreo. Todos esos límites son los que realmente te hacen sentir que coartan tu libertad, pero a pesar de todo eso, los funcionarios y las compañeras te hacen sentir bien”, y mientras lo cuenta, una enorme sonrisa ilumina su cara.

Ese gesto es inequívoco, recuerda una vez más a su compañera Estela, la presa de confianza con la que compartía celda y que le hizo tan fáciles las primeras horas de encierro. “Es un amor de niña, te habla, te da cariño y confianza, es una persona muy abierta y educada, y siempre se preocupa porque estés bien”, pero no fue solo Estela quien le hizo sentir cómoda esos cuatro días. Al poco de ingresar en el módulo de mujeres se encontró con el cariño de 21 compañeras, que sin conocerla, la llamaban Mami, porque habían vivido toda su odisea a través de la televisión.

La personalidad dicharachera de Josefa hizo que desde el primer momento se fuera ganando a las otras presas, “yo me sentaba con ellas en el patio, les decía que después de Tahíche había vida, que no se la desgraciaran de esa manera y que aprendieran de sus errores”. Incluso los presos del módulo cuatro le hacían llegar cartas en las que le mostraban su cariño y lo incomprensible de la presencia de Josefa entre aquellos muros.

Casi sin tiempo de poder conocer bien a sus compañeras y creyendo que estaría allí más tiempo, Josefa recibió la notificación de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la que se decretaba su puesta en libertad inmediata. Pronto, la alegría se apoderó del módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Preventivos de Arrecife de Lanzarote, que Josefa abandonó entre abrazos y muestras de afecto de las internas y funcionarios.

Una estancia en prisión que según Morales, se produjo porque “alguien se cebó con ella, ya que no era reincidente, ni había sido condenada a una pena superior a dos años, tampoco se negó a pagar la multa, ni tiene desarraigo. En definitiva, se daban varias condiciones para que no entrara en prisión y es lo que provocó todo el revuelo. En ese sentido, la gran ola de solidaridad hizo que, primero el poder judicial la sacara de prisión, y luego el Consejo de Ministros, terminara por indultarla”.

De vuelta a la realidad

La salida de prisión de Josefa Hernández fue una auténtica locura. Una montaña rusa de sensaciones para ella y su familia, a los que costó mucho gestionar la atención mediática que suscitó su caso.

Las ofertas de diferentes televisiones para acudir a sus programas y las luchas de éstos por conseguir la mejor entrevista empezaron a pasar factura a la abuela majorera, que decidió declinar todas las invitaciones que recibía. Una medida que no sentó muy bien en algunas cadenas, que no dudaron en mostrarle su malestar después de haber dado amplia cobertura a su caso.

Briansó, que estuvo apoyando a la familia desde que tuvo conocimiento de su situación, recomendó a Josefa mantenerse alejada de los medios. “Sabíamos que el caso se merecía toda la atención mediática porque reunía todos los requisitos para que así fuera, aunque hubiésemos preferido evitar toda esa exposición a la familia. Es cierto que no podemos olvidar que todo aquello propició la anulación de la ejecución de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas y estamos muy agradecidos; pero no podíamos dejar que Josefa siguiera inmersa en todo aquel foco mediático. Le recomendamos que descansara y estuviera con sus hijos y sus nietos”.

Una recomendación que Josefa ha seguido porque sabe que es lo mejor para ella. Su semblante se torna triste cuando habla del tema, se siente mal por las presiones a las que se vio sometida, “espero que todas las televisiones que me han llamado para que participe en sus programas entiendan que si no acepto, no lo hago de mala fe, lo hago porque le debo un respeto a toda la gente que me ha apoyado. No estoy en Tahíche gracias al pueblo y no voy a poner precio a la poquita dignidad que aún me queda”.

Desde que el Ayuntamiento de Betancuria tuvo constancia de los problemas que se avecinaban para la familia, Cerdeña siempre ha estado pendiente de ellos y vivió muy de cerca no solo el ingreso y posterior puesta en libertad de Josefa, también estuvo con ellos los primeros días fuera de Tahíche. “Al principio todo era una alegría tremenda, tenían ganas de celebrar y olvidar lo que había sucedido; pero al mismo tiempo sentían tristeza porque saben que tendrán que derribar la parte de la casa que tiene más habitabilidad”, explicó el alcalde.

Josefa se siente animada porque el Gobierno de Canarias le ha concedido de forma provisional un techo para ella y su familia. La vivienda, que aún no ha recibido, es propiedad de una empresa pública de promoción privada, de esta forma las familias que aún esperan por una casa no se verán afectadas por la decisión del Ejecutivo canario de ayudar, en primera instancia, a la familia de Josefa. “Desde las instituciones seguiremos preocupados por que las familias en estado de necesidad reciban el apoyo para que puedan vivir con dignidad. En Fuerteventura hay más familias en situaciones similares y por eso se intenta dar respuesta a todas ellas”, afirmó Morales, “para nosotros ha sido un alivio saber que no hay una persona injustamente en prisión”. El presidente insular recordó que el Cabildo de Fuerteventura mantiene el compromiso para que todas las personas que necesiten apoyo institucional puedan recibirlo de manera ordinaria.

El futuro de esta familia pasa por mudarse a Puerto del Rosario, a 25 kilómetros de su actual vivienda. La imposibilidad de acceder a una vivienda social en Betancuria hace necesario un traslado que provocará un cambio de centro escolar para los menores. Los técnicos del Cabildo y el Ayuntamiento estudian la viabilidad de una demolición parcial que a buen seguro pondrá en peligro la parte antigua de la vivienda, motivo por el que tendrán que asegurarla. “Lo que intentaremos será mantener la parte de la vivienda que no está afectada por la sentencia y que pudiera ser en el futuro su vivienda habitual”, explicó Cerdeña, “es necesario hacer un proyecto de demolición en el que se contemple el refuerzo de la parte que no hay que demoler. Y una vez ejecutado el proyecto de demolición, espero que la parte que quede en pie pueda quedar como primera vivienda para la familia”.

Los días han ido pasando y Josefa empieza a ver aquellos momentos desde un nuevo prisma. Reconoce haber entrado en prisión sintiéndose una criminal pero gracias a su fortaleza mental consiguió superar el revés que le había deparado la Justicia. Una fuerza que ha tenido que emplear en muchos momentos de su vida y que tendrá que seguir utilizando mientras no termine de solucionarse la situación de su vivienda.

Tiene la sensación de que su entrada en prisión no ha servido de nada, porque el problema sigue estando ahí y piensa que todo el esfuerzo que hicieron sus padres para poder dejarle esos terrenos ha sido en balde. “No pondré esta experiencia como algo negativo en mi vida, esto no me va a detener para seguir luchando por mis hijos y mis nietos. Por lo único por lo que no voy a seguir luchando es por mi casa de Campo Viejo, y no porque no me duela la casa, sino porque me duele que nos echen de la tierra que nos dejaron nuestros abuelos”, sentenció Josefa.

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