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Paralelo 27º40'

La actuación de la Armada para proteger al buque de Repsol se basó en la Ley de 1978 que quedó derogada cuando España suscribió la Convemar en 1997

España no ha delimitado ni su Zona Económica Exclusiva ni su Plataforma Continental, pues no ha depositado las coordenadas ante la ONU

Al riesgo de un posible vertido de crudo hay que sumar el de conflicto geopolítico, cuyos resultados podrían ser muy superiores a los medioambientales

Al sur del paralelo 27º40' la delimitación de la ZEE y de la plataforma continental españolas no se puede hacer con Marruecos porque no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental

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Momento en el que la Armada Española embiste contra las lanchas de Greenpeace

Momento en el que la Armada Española embiste contra las lanchas de Greenpeace

El incidente protagonizado por la Armada española contra el buque Artic Sunrise de Greenpeace ha vuelto a poner en primera plana de la actualidad un asunto que durante décadas se ha obviado y permanecido oculto para la opinión pública: España no ha registrado ante la ONU su Zona Económica Exclusiva. De ahí que el consejero canario de Política Territorial, Domingo Berriel, haya asegurado que la actuación contra los ecologistas podría haber vulnerado el Derecho Internacional al no haber actuado en territorio español.

El agua es un líquido y, por tanto, un fluido. Una sustancia que responde a un alto grado de deformación y en la que es difícil trazar una frontera. Por ello, la cuestión de la delimitación de los espacios fronterizos marítimos en el Derecho Internacional exige que se determinen una serie de conceptos, pues a partir de los mismos se puede hablar de diversas líneas divisorias (imaginarias) que nacen a partir de la soberanía sobre el espacio terrestre.

Así, siguiendo lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), firmada en 1982 en Montego Bay (Jamaica) y ratificada por España en 1997, es posible distinguir las nociones de mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, Zona y Estado archipielágico.

Pues bien, España no ha delimitado ni su Zona Económica Exclusiva (ZEE) ni su Plataforma Continental (PC), pues no ha depositado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) las cartas a escala o lista de coordenadas del límite exterior de las mismas, tal y como exigen los artículos 75 y 84 de la Convemar.

Por este motivo, son muchos los que aseguran, como el consejero canario de Política Territorial, Domingo Berriel, quien dijo en sede parlamentaria el 25 de noviembre, que más allá de las 12 millas náuticas del Mar Territorial España no tiene jurisdicción basada en ningún título de Derecho Internacional.

Según la Convemar, la ZEE es un espacio que se traza a partir de las fronteras del mar y no es de plena soberanía, sino de soberanía limitada y tiene una gran importancia por su contenido económico.

Por su parte, la Plataforma Continental es un concepto de singular relevancia porque puede ser utilizado alternativamente al de ZEE para regular cuestiones relativas al lecho o al subsuelo de las aguas submarinas, justamente donde se encuentran riquezas como el petróleo, que puede extenderse 200 millas desde el borde del mar territorial.

Acto ilegítimo e ilegal

Por tanto, la actuación de la Armada para proteger al buque de Repsol que inició las prospecciones petrolíferas en Canarias, y que tiene bandera de las Islas Marshall por lo que ni siquiera es español, se habría basado en una política de facto anclada en la Ley española sobre la Zona Económica de 1978 que quedó derogada cuando España suscribió la Convemar.

El Rowan Renaissance, el buque que utiliza Repsol para las perforaciones

El Rowan Renaissance, el buque que utiliza Repsol para las perforaciones

De estar en lo cierto quienes, como Berriel, esgrimen esta posición, la gravedad del asunto va más allá de un ataque militar ilegítimo e ilegal español a unos activistas ecologistas, sino que abre la posibilidad de que ante cualquier conflicto en la zona de las prospecciones España tampoco pueda apelar al Derecho Internacional.

Es por ello por lo que Ángel Cuenca, uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular de Aguas Archipiélagicas de Canarias, incide en que es "urgente" que el Parlamento Europeo, e incluso las propias Cortes españolas, "exijan al Gobierno que demuestre en qué Título de Derecho Internacional se basa para promover prospecciones en la zona donde actúa Repsol".

"Solo se conoce la existencia de un supuesto acuerdo verbal con Marruecos sobre una también supuesta mediana provisional, que carecería de valor jurídico en caso de conflicto", afirma Cuenca.

Riesgo geopolítico

Si eso es así, España pretende establecer una cuenca petrolera marítima en una zona sin delimitar y en litigio, que podría originar un riesgo geopolítico con implicaciones para la seguridad de Canarias.

Así que al riesgo de un posible vertido de crudo hay que sumar el de conflicto geopolítico, cuyos resultados podrían ser muy superiores a los medioambientales.

De ahí que, como han apuntado distintos dirigentes políticos, entre ellos el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos, Canarias debería poder ser parte de la Convemar como territorio dotado de plena autonomía interna para determinar sus espacios marítimos, incluidas la ZEE y las Aguas Archipielágicas.

Es en este contexto donde podría enmarcarse las palabras pronunciadas por el presidente Paulino Rivero en el último debate que, sobre las prospecciones, se celebró en el Parlamento de Canarias: "si hay petróleo, la próxima batalla será conseguir el reconocimiento de que es canario".

Quienes niegan que España haya concedido licencias a Repsol sin haber acordado con el país vecino el reparto de la ZEE y la PC argumentan que si fuera así Marruecos ya habría demandado al Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).

Paulino Rivero reunido con el presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo.

Paulino Rivero reunido con el presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo.

Un argumento que es rápidamente contestado desde el otro bando: "desde el punto de vista internacional Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sahara y una demanda podría dar lugar a un pronunciamiento del TIJ contrario a las pretensiones marroquíes sobre ese territorio".

Paralelo 27º40'

Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, participó en 2004 en un seminario de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES).

Las tesis de este catedrático en un foro como el de FAES, vinculado estrechamente al Partido Popular (PP) y al expresidente José María Aznar, son paradigmáticas, pues confirman que este conflicto no solo se abandera desde los partidos de izquierda.

Ruiz Miguel aseguró que "al sur del paralelo 27º40' la delimitación de la ZEE y de la plataforma continental españolas no se puede hacer con Marruecos porque no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental como se desprende del hecho de que es considerado una colonia y está sometido a un proceso de descolonización por Naciones Unidas".

Asimismo, este catedrático aseguraba ante la FAES que al norte del paralelo 27º40', es decir, la línea fronteriza entre Marruecos y el Sáhara Occidental, la delimitación de la ZEE y de la Plataforma continental españolas "se hará respecto a la ZEE y a la Plataforma continental marroquíes porque el espacio terrestre de soberanía marroquí termina en ese paralelo".

La polémica sobre las fronteras hispano marroquíes, si bien larvada, ha vuelto a estallar en las últimas semanas.

La anunciada denuncia de Greenpeace contra el Gobierno de España y la guerra petrolera abierta desde que en el año 2012 el ministro de Industria, José Manuel Soria, reimpulsó las autorizaciones concedidas por el presidente Aznar (y que paralizó su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero) puede ser un buen momento para que España defina, tras 17 años, sus espacios marítimos fronterizos con Marruecos.

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