Cardona demolería antes los hoteles ilegales de Lanzarote que la biblioteca
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante la sentencia que ordena el derribo de la Biblioteca Pública del Estado, ha anunciado este miércoles su alcalde, Juan José Cardona, que califica de “desproporcionado” el fallo.
En una rueda de prensa urgente convocada ante la decisión del Tribunal Supremo sobre la biblioteca, conocida el martes, Cardona ha manifestado que, “antes de ver derribada la Biblioteca Pública de Estado, le gustaría ver la demolición de los 40 hoteles ilegales de Lanzarote”. El ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, suele veranear en uno de los establecimientos hoteleros citados por el alcalde de la capital grancanaria.
Por otro lado, el regidor ha querido “lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos” y ha dicho que respeta la sentencia, pero que entiende que es posible rebatirla, a partir de los propios argumentos esgrimidos por dos magistrados que emitieron un voto particular contra el fallo, según recoge Europa Press.
La sentencia dictada por el Alto Tribunal permite pensar que existe un conflicto entre dos garantías constitucionales, la tutela judicial efectiva y el acceso a la cultura, que debe resolver el Tribunal Constitucional, ha señalado Cardona, quien ha dicho que cuentan con 20 días para la presentación del recurso.
El regidor de la ciudad ha afirmado que, mientras que él sea alcalde, “y dentro de la más estricta legalidad”, utilizará las “armas judiciales” a su alcance para evitar un resultado tan “injusto y desproporcionado” para el interés general, y que no descarta, entre esas otras vías, la expropiación de los derechos de los interesados.
Por ello, ha señalado que acatará el fallo cuando se hayan agotado todas las vías legales a su alcance.
“Un gobernante debe acatar la sentencia cuando no hay alternativa jurídica” y él “no va a cejar ni dejar pasar una sola oportunidad” para que la justicia“, que entiende ”vulnerada“, se restablezca y la capital no pierda un bien inmueble que presta un importante servicio para sus ciudadanos y los del resto de la isla.
El Ayuntamiento, por ello, recurrirá al Tribunal Constitucional, acción que también espera que interponga la Abogacía del Estado, porque considera que el recurso puede prosperar, ha señalado Cardona, quien ha abundado en la “desproporción” del fallo, porque, si se derribara la biblioteca, nada impediría reconstruirla en ese mismo lugar y con las mismas condiciones.
El alcalde ha señalado además que la sentencia dictada por el Supremo no deja claro que haya que indemnizar a los vecinos afectados por este inmueble, que interpusieron la denuncia que ha culminado con este fallo que ordena el derribo de la biblioteca, porque apunta que el bien que pretende defender no puede compensarse con una indemnización.
Cardona ha afirmado que volvería a emitir un voto a favor de la concesión de la licencia para construir la biblioteca, en las mismas circunstancias en que lo hizo en 1997 porque no “duda” que fue una buena decisión para la ciudad, que precisaba con urgencia de ese bien.
El regidor ha hecho hincapié en que fue unánime la decisión, por lo que ha reclamado que “nadie se escaquee ahora”, ante los comentarios que se han producido tras la sentencia del TS.
Ha aludido también a que, según la ley del suelo de 2008, el Ayuntamiento está obligado a cambiar el plan general cuando el Estado decide llevar a cabo una obra que lo contraviene.
Cardona ha considerado que el TS ya incurrió en un “error objetivo” en su pronunciamiento anterior que ordenaba el derribo, porque entendía que el Ayuntamiento había “hecho un traje a medida” con la aprobación del Plan General de 2005 para subsanar el error que había cometido con la biblioteca.
En este sentido, el alcalde ha defendido que ya desde el inicio del plan general de 1998 se recogían los detalles de su construcción.
Cardona ha indicado que los magistrados que se han pronunciado en contra del derribo consideran la situación creada como excepcional y desproporcionada en relación al bien jurídico a proteger.
